Me he topado con el decálogo del buen antropólogo determinado por un grupo de… once antropólogos, hace medio siglo. Lo encontré en una carpeta con papeles amarillos, socavados por el polvo y el tiempo. Aunque debo decir que ese decálogo, manifiesto, proclama, arenga, o como se quiera denominar, aparece recogido en varios libros y antologías de documentos relacionados con el quehacer antropológico, en su versión indigenista. Me refiero, como seguramente ya habrán notado quienes conocen la cuestión, a la Declaración de Barbados, “Por la liberación del indígena”. Se trata del primer Documento, emitido en enero de 1971.

Los antropólogos buenos, revolucionarios, comprometidos o como se les quiera llamar, asignan cinco deberes supremos a la antropología. Su diagnóstico de la disciplina es como sigue (tomo textual).

1.Desde su origen la Antropología (con mayúscula del original) ha sido instrumento de la dominación colonial: ha racionalizado y justificado en términos académicos, abierta o subrepticiamente, la situación de dominio de unos pueblos sobre otros, y ha aportado conocimientos y técnicas de acción que sirven para mantener, reforzar o disfrazar la relación colonial. América Latina no ha sido la excepción y con frecuencia creciente, programas nefastos de acción sobre los grupos indígenas y estereotipos y distorsiones que deforman y encubren la verdadera situación del indio, pretender tener su fundamento científico en los rutados del trabajo antropológico. (Advierten acerca de)

2. Una falsa conciencia de esa situación ha conducido a muchos antropólogos a posiciones equivocadas. Las que clasifican de:

a). El cientifismo. Que niega cualquier vínculo entre la actividad antropológica y el destino de los pueblos que forman el objeto esa misma actividad, eliminando la responsabilidad política que conlleva el conocimiento.

b) La hipocresía. Que se manifiesta en la protesta retórica sobre la base de principios generales, pero que evita cuidadosamente cualquier compromiso con la situación concreta.

c) El oportunismo. Que aunque reconoce la penosa situación actual del indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma la necesidad de “hacer algo” dentro del esquema vigente, lo que en última instancia se traduce en un reforzamiento de ese mismo sistema.

3. La antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que toma a las poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino la que los ve como pueblos colonizados y se compromete en una lucha de liberación.

4. En este contexto es función de la Antropología: por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropológicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime a fin de colaborar con su lucha de liberación; y por la otra reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional respecto de los pueblos indígenas desenmascarando su carácter ideológico colonialista.

5. Con miras a la realización de anteriores objetivos, los antropólogos tienen la obligación de aprovechar todas las coyunturas que se presenten dentro del actual sistema para actuar a favor de las comunidades indígenas. Cumple (sic) al antropólogo denunciar por todos los medios los casos de genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así como volverse a la realidad local para teorizar a partir de ella, a fin de superar la condición subalterna de simples ejemplificadores de teorías ajenas.

La proclama fue firmada por Miguel Alberto Bartolomé, Guillermo Bonfil Batalla, Víctor Daniel Bonilla, Gonzalo Castillo Cárdenas, Miguel Chase-Sardi, Georg Grünberg, Nelly Arvelo de Jiménez, Esteban Emilio Mosonyi, Darcy Ribeiro, Scott S. Robinson y Stefano Varese. Expedido el 30 de enero de 1971. Bonfil, ya se sabe, dirigió el INAH y Culturas Populares; Varese fundó la Unidad de Culturas Populares de Oaxaca, y encabezó una de las primeras ONG en aquella entidad. Bartolomé no fue funcionario pero estuvo muy cerca de esa dependencia en su época de oro.

Hay que decir en honor a la verdad que la reunión de antropólogos firmantes fue auspiciada por el Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, a instancias de gestiones del austriaco y antropólogo Georg Grümberg, motivados por la denuncia de la prensa internacional sobre actos genocidas contra poblaciones tribales, cometidos por gobiernos nacionales del continente. Aquí solamente se ha hecho referencia a una parte específica del documento general. Al final, se emitieron tres Declaraciones.