La coalición de izquierda encabezada por López Obrador interpuso un juicio de nulidad de la elección presidencial mexicana de 2012, el llamado "juicio madre". Los argumentos que esgrimieron fueron el testimonio notarial de cientos de miles de personas que recibieron dinero del PRI, las evidencias de trato preferencial de las televisoras al candidato Peña Nieto, indicios de triangulación de dinero en cuentas y empresas fantasmas, así como del operativo Soriana y Monex, que permitió al candidato ganador movilizar la voluntad de millones de personas en contra del principio constitucional de libertad de sufragio.
El modo en que el Tribunal Electoral desechó todas las evidencias ―para ungir presidente a quien ya habían elegido de antemano― es de antología. Le piden a los quejosos, a quienes han sufrido un agravio, que se vuelvan ministerio público y presenten las pruebas del ilícito que sufrieron. Es, dice Pablo Gómez, como quien sufre un robo y la autoridad le exige que presente las pruebas y al ladrón. La autoridad electoral se ha dado el lujo de preguntarle al PRI si ha cometido desvío de fondos ilícitos para efectos electorales y han tomado por buena la respuesta negativa.
― ¿Ha usted triangulado fondos ilícitos, PRI?
― No.
― ¿Ya ven?
El TRIFE se negó a investigar lo siguiente:
El TRIFE debe saber que, aunque no la hagan ellos, la investigación de los ilícitos del PRI continuará y se lava las manos de futuras responsabilidades penales diciendo que la resolución que han votado no equivale a declarar inocente a Peña Nieto y al PRI de esas responsabilidades; ya sólo les faltó decir que "lo importante por ahora era darle la presidencia al acusado".