September 23, 2019 01:21


Las medidas judiciales a favor del estado de derecho y la cerrazón de algunas farmacéuticas

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Los abogados mexicanos Alexandro Olea y Esteban Maqueo, que representan a la empresa mexicana Servicios de Logística y Transportación (Translog), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en el caso de una contrademanda interpuesta por su cliente, en contra de la filial en México de la farmacéutica internacional Baxter.

De acuerdo con los defensores de este caso, la solicitud consiste en que se generen las condiciones para que se cumpla el derecho a la justicia y al debido proceso en un caso en el que Baxter ha incurrido en actos de corrupción y tráfico de influencias en lo que se presume como acciones para influir en las autoridades ministeriales y judiciales mexicanas y obtener resoluciones a su favor.

Baxter no cumplió con un contrato firmado el 5 de septiembre de 2007, en el que se estableció que Translog sería el único proveedor de servicios de transporte de productos terminados y equipos médicos en México. Sabiendo que no cumpliría con las condiciones del contrato, Baxter continuó contratando a otros proveedores de servicios idénticos, incumpliendo las condiciones pactadas.

Según el abogado Alexandro Olea, Baxter está condenado por un tribunal en México a pagarle a Translog un monto que se estima en aproximadamente $75 millones de dólares, lo que representa todos los servicios que Translog habría prestado desde 2009. Día con día esta cifra aumenta. Sin embargo, además de no reportar esta situación en sus estados financieros, Baxter ha llevado a cabo intentos para evitar tal situación, así como el supuesto tráfico de influencias entre las autoridades ministeriales y judiciales de México para manipular el caso.

En 2011, la agencia Associated Press reveló que el abogado que representó a Baxter en esos años, Jorge Hernández Marín, cuya firma de abogados o sus miembros aún continúan con la defensa de los intereses de Baxter en México, intentó sobornar a un perito involucrado en el caso para evitar que diera su declaración.

Se han hecho públicas una serie de pruebas testimoniales en las que los abogados de Baxter afirman y admiten utilizar los recursos de la empresa y su posición para influir en las autoridades judiciales mexicanas para conseguir resoluciones a su favor. Diferentes medios de comunicación en México han retomado la publicación de dichos testimonios que están videograbados.

A decir de los abogados el recurrir a la CIDH tiene como propósito, asegurar una resolución del caso apegada a la justicia y a la preservación de los derechos humanos internacionales que no se han respetado en México”, declaró Esteban Maqueo.

Cabe agregar que paralelamente Baxter ha estado bajo investigación por prácticas anticompetitivas en contra de instituciones públicas del sector salud en México y también ha sido acusada en otros países por actos ilícitos y de corrupción.

Hoy más que nunca, resulta una prioridad que las leyes se cumplan. Este país está cambiando y quiere alejarse de señales que tanto han deteriorado la honestidad nacional.

 

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