Haiga sido como haiga sido la consecuencia final de la virtual salida del ministro Eduardo Medina Mora es otorgar mayor influencia al presidente en el Poder Judicial.

No es un juicio temerario. Es un secreto a voces. Algo reconocido por tirios y troyanos. Por los devotos de la 4t, y sus críticos, o -conservadores o fifís- como los llama AMLO.

Es complicado sumergirse en el laberinto de las razones y sinrazones de este movimiento que sacudió el Tercer Poder, el Judicial, concebido en los sistemas democráticos del mundo desde los tiempos de Rousseau como un contrapeso del Ejecutivo junto con el legislativo.

Parecen ser abrumadores a primera vista los entuertos, pongámosle el adjetivo de presuntos, no sólo por el pudor obligado del comentario, sino por el personaje – Medina Mora- y el ámbito – el máximo tribunal de la nación. Son de peso los asegunes del virtual ex ministro, que ha descrito Santiago Nieto, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT) de Hacienda. Como lo comenté aquí mismo, Nieto es el hombre más temido de los opositores del gobierno, en particular de los peñistas en la mira. El funcionario de Hacienda clavó la duda y lesionó la ya disminuida credibilidad del renunciante, al señalar con todas las letras que pende sobre él una denuncia de su oficina por presunto lavado de dinero.

Pero el asunto, visto de cerca, es harto, bastante, peliagudo.

Para cualquier persona, una investigación de esta naturaleza lesiona gravemente la conducta. Descalifica moralmente. Empaña la imagen. Más aún, piénsese en personajes como Rosario Robles o Juan Collado, ambos en la cárcel. O el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, prófugo de la justicia.

Pero Medina Mora no es cualquier persona. Ni cualquier peñista. Es un ministro de la Corte. Todas las piezas del rompecabezas de su eventual salida generan controversia. Él renunció. Según las crónicas, hace 30 años no se daba una situación similar. Le faltaban 11 años para terminar su período. Dejó el puesto mejor pagado de México. Pierde fuero.

¿Era inevitable que renunciara?

¿O, como dicen los críticos de López Obrador, el gobierno de la 4t lo tenía en la mira, buscando ampliar su influencia en el Poder Judicial?

Podía haber pedido una licencia temporal, de uno o dos años, mientras se desahogaban las investigaciones, y decidió retirarse.

Un problema, de sustancia, es el procedimiento jurídico de su retiro. Sí, renunció, pero la Constitución marca en su artículo 98, que una renuncia de un ministro sólo se justifica por causa grave.

¿Cómo resolverán este enredo los senadores el próximo martes?, luego de que Ricardo Monreal -el líder del Senado, eludiendo este condicionante jurídico que marca la constitución- ya declaró fuera al ministro, mencionando que es de mero trámite la aceptación del retiro de Medina Mora de la Suprema Corte, y sólo se requiere la mitad más uno de los legisladores, lo cuales ya tienen, para concretarlo; y añadiendo que procederán, sin más trámite, a escoger al sustituto entre la terna que enviará el presidente.

Por estas razones y otras el retiro del ministro se presta a especulación política. Salvador García Soto, quien destapó el escándalo de las transferencias en el extranjero de Medina Mora, comentó, que el gobierno ya fue contra el abogado de Peña, y ahora contra el juez del expresidente, sin contar con que tiene recluida en la cárcel a una secretaria de la anterior administración, y prófugo a su ex director de Pemex…más la lista que se acumule en las siguientes semanas.

Por supuesto, nadie en su sano juicio, puede justificar los presuntos actos de corruptelas de estos personajes, incluido Medina Mora. No se trata de eso. Sino de reflexionar si hay intencionalidad política. Y si en todos estos casos están respetándose los procedimientos que marca el derecho en los juicios.

Mientras son peras o son manzanas, dos críticos del gobierno actual parecen haber puesto el dedo en la llaga, en una consecuencia de facto, de la eventual y casi segura salida de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte.

A saber, que asumiendo lo más probable, que el sustituto que salga de la terna que propondrá el presidente tenga alguna simpatía por el nuevo gobierno, el Ejecutivo tendrá la capacidad para bloquear cualquier acción de constitucionalidad.

Uno de los opositores del nuevo gobierno, el senador por el PAN Damián Zepeda, dijo lo siguiente:

“Si el presidente tiene cuatro votos incondicionales (en la SCJN), bloquea cualquier acción de inconstitucionalidad. Se requieren ocho votos de once (el total de ministros) para declarar inconstitucional la norma. Hoy se presume que tiene tres”.

En menos de un año del gobierno de AMLO se han nombrado tres de los once ministros. Con el sustituto de Medina Mora habría cuatro.

Y Jorge Fernández Meléndez, en El Excélsior, señaló:

 

“No hay en la Corte votos incondicionales, pero sí tendencias, como en todo tribunal superior de cualquier país. En el actual equilibrio interno, el presidente López Obrador no tendría, no lo tendría incluso con la renuncia de Medina Mora, una mayoría cómoda de votos en la SCJN, o por lo menos una mayoría de ministros que cuenten con su simpatía, pero lo que queda cancelada es la posibilidad, salvo casos muy particulares, de que se puedan tener los votos necesarios para una acción de inconstitucionalidad. Este sería el tercer ministro que le tocaría proponer a López Obrador en apenas diez meses de gobierno”

El otro punto es aún más de fondo. ¿Hay, como consecuencia de la renuncia de Medina Mora, merma de la función de contrapeso del Poder Judicial en beneficio del Ejecutivo?

El dilema se enfoca bien con la respuesta del ministro Arturo Saldívar, y del jurista Diego Valadez, al comunicado de COPARMEX, a raíz de la renuncia de Medina Mora a la SCJN, defendiéndolo y diciendo que la Corte “es uno de los contrapesos institucionales más importantes del país”.

Saldívar, quien encabeza el máximo tribunal señaló que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es ni puede ser un partido de oposición”. Valadez por su parte tuiteó lo siguiente:

“La Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que hace toda la democracia constitucional”.

De jure, de derecho, los razonamientos de Saldívar y Valadez son impecables. De facto, de hecho, la Corte sí opera como contrapeso del Ejecutivo. Máxime en sistemas democráticos jóvenes como el nuestro, donde hay una inercia hacia un presidencialismo, que nace desde los tiempos de Porfirio Díaz, se afianza luego del período de los gobiernos postrevolucionarios en el siglo XX, y sobrevive hasta nuestros días.

Desde los tiempos de Calles principalmente, siempre que han podido los presidentes han impuesto su impronta, y poder a la esfera legislativa y judicial.

Zedillo en 1994, en tiempos de predominio priista, redujo de 26 a 11 los ministros, y maniobró para mandar ternar y renovarlos. Peña, con Medina Mora, lo hizo.

AMLO ya ha mandado tres ternas para sustituir a igual número de ministros. Sería esconder el sol con un dedo negar que ha utilizado la cómoda mayoría en las cámaras para afianzar su poder. En caso de que el Senado apruebe la renuncia, Marko Cortés pidió que la terna que envíe el presidente para nombrar a otro ministro debe estar integrada por perfiles “que garanticen independencia de cualquier persona, gobierno o partido político”.

Empero, la realpolítik, definida según Wikipedia, como “la política o diplomacia basada en intereses prácticos y acciones concretas sin seguir principios filosóficos, teóricos o morales”, por la fuerza extraordinaria del presidente conducirá muy probablemente a enviar una terna, como lo han hecho la mayoría de los presidentes en la época moderna, con algunas simpatías por el nuevo gobierno.

Un tercer tema de más fondo que la forma como resuelva el Senado la salida de Medina Mora, y el grado en que se muevan los contrapesos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, entraña otra pregunta, de mayor profundidad.

¿Más poder, sí, pero para qué? ¿Con qué fin?