Para ningún gobernador mexicano resulta sencillo, en los tiempos actuales, mantener el orden y la tranquilidad en sus estados.

Vivimos tiempos aciagos en nuestro país. La suma de errores históricos, la cultura de la impunidad, la fascinación que no pocas personas llegan a sentir por el maleante, la lenta consolidación del sistema democrático, entre otros factores, han llevado a México a caer en las garras del crimen organizado.

Las grandes ciudades y los destinos turísticos resultan particularmente atractivos para los diferentes grupos mafiosos que operan en el territorio nacional.

Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Cancún, la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta y los Cabos tienen como centros de consumo y de tránsito un enorme valor para los capos del narcotráfico.

Hace años, cuando la capital de Nuevo León vivía una situación de terror, se decía dentro y fuera del país que si caía Monterrey, iba a caer México entero.

Bajo esa premisa —evitar caída de Monterrey para evitar la caída de todo México—, se emprendió una tarea que dio resultados.

Se reorganizó la policía de Nuevo León, y en este proyecto participaron todos los niveles de gobierno y, también, de una manera muy destacada, la sociedad civil, sobre todo los siempre activos e influyentes empresarios regiomontanos, que hicieron lo único que podían eficazmente hacer: aportar recursos y capacidad de organización.

Cada ciudad se ha defendido como ha podido. Ninguna debe caer. Hoy se vive en Baja California Sur una situación de abierto reto a las instituciones por parte de las bandas de delincuentes que se disputan el territorio.

Si caen los Cabos, La Paz y Loreto, caerá México. La premisa que salvó a Monterrey vuelve a ser cierta.

La sociedad mexicana entera debe apoyar el esfuerzo del gobernador Carlos Mendoza Davis, que está luchando por superar herencias nefastas y arreglos inéditos de los grupos criminales, desarticulados y mucho más peligrosos por recientes éxitos del gobierno al combatirlos —por ejemplo, el arresto y extradición de El Chapo Guzmán ha generado conflictos entre grupos— y que desgraciadamente no cuenta con todos los recursos para emprender él solo, como gobernador que enfrenta muchos otros problemas, una batalla de dimensiones colosales.

Pero es mucho lo que Mendoza Davis está haciendo y más lo que podrá hacer si cuenta con el apoyo de los poderosos hoteleros que operan en la entidad que, como sus pares empresariales de Monterrey, tendrán que aportar recursos y capacidad organizativa para proteger no solo a su gallina de los huevos de oro, sino a miles de familias a las brindan empleos productivos.

Mendoza Davis también, desde luego, debe ser capaz, como lo es, de alienar los esfuerzos de las dependencias federales en un plan maestro para normalizar la vida en Baja California Sur.

Sus relaciones personales, conocidas, con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tendrán que valerle al gobernador Mendoza Davis para pactar acuerdos positivos con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el representante del presidente Enrique Peña Nieto en el estado, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchianno.

No es que Carlos Mendoza no ha haya hecho las cosas. Son numerosos los controles que ha ajustado, pero el tamaño del reto rebasa a cualquier gobernador.

Esta Semana Santa se protegió a Los Cabos con un plan emergente de patrullaje de fuerzas federales, que todos los turistas vieron y aplaudieron.

Pero no es solo con elementos del Ejército y la Marina armada con quienes se ganará en el largo plazo la guerra. En algún momento tendrán que marcharse a patrullar otras zonas del país…, ¿y qué pasará entonces?

Para que Los Cabos y toda la Baja California Sur no queden a merced de la delincuencia tendrá que desarrollarse, a rimo acelerado, un plan de mejora de la policía en el que todos los que puedan aportar lo hagan.

En su momento Nuevo León demostró que ese plan es muy sencillo y funciona. Basta con contratar nuevos elementos policiacos, pagarles mejor, otorgarles prestaciones sociales o familiares especiales.

Sencillo de decirlo y sin duda no tan difìcil de implementarlo si hay voluntad y coordinación social e institucional. 

El policía contento porque su esposa y sus hijos viven razonablemente bien, no se corrompe y, por lo tanto, cumple con su deber.

Un funcionario experimentado como el gobernador Carlos Mendoza Davis, sabe lo que tiene que hacerse. No puede haber la menor duda. 

Ojalá los propietarios de todos esos hoteles de lujo apoyen al gobierno estatal con lo único que pueden aportar: recursos y capacidad de desarrollar grandes proyectos.

Y ojalá el gobierno federal se comprometa a colaborar activamente en la solución del problema.

A la opinión pública lo que le toca hacer es seguir criticando, cuestionando y exigiendo. 

Cada actor debe cumplir con su papel.