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New Fortress Energy, la cara del extractivismo energético en BCS

Perspectiva general del proyectoNew Fortress Energy

El gobierno de Enrique Peña Nieto benefició al corporativo estadounidense New Fortress Energy, en Baja California Sur.

El extractivismo energético, un rasgo estructural del capitalismo, mutó en México rápidamente cuando el gas natural adquirió relevancia en el sistema de acumulación mundial. Con la famosa reforma energética impulsada con Enrique Peña Nieto, esa misma en la que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo en su momento que se inyectaron más de 52 millones 380 mil pesos en sobornos para conseguir los votos necesarios para llevarla a cabo con el famoso “Pacto por México” (PRI-PAN-PRD).

El extractivismo o extractivismos desde una visión económica, es el aprovechamiento de grandes cantidades de recursos naturales (oro, cobre o sal, entre otros) y energía (renovables o fósiles) para satisfacer las necesidades del consumo globalizado, mayormente obtenidos de países latinoamericanos que se transforman en proveedores de esos insumos. Podemos catalogar la explotación de petróleo, agronegocios de grandes corporaciones transnacionales, la ganadería corporativa y los grandes proyectos hidroeléctricos (Machado, 2014) como extractivismo, parte de una dinámica de imperialismo ecológico donde los países del Norte ejercen su histórico sometimiento sobre el Sur Global.

En México, el modelo extractivo evolucionó con la reforma energética. Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013 junto a las nueve leyes que posteriormente se modificaron relacionadas con geotermia, minería, petróleo agua, industria eléctrica, ingresos del Estado e inversión extranjera, quedó legitimado también el fracking dentro de esta política estatal encaminadas a favorecer a los grandes corporativos extractivistas.

El gas natural obtenido por fracking o fractura hidráulica es una técnica sumamente agresiva que utiliza un coctel de químicos inyectados a gran presión en la corteza terrestre para exprimir rocas y mantos freáticos. El gobierno priísta lo consideró una opción para comenzar la transición energética del sistema eléctrico mexicano y, a su vez, conseguir seguridad energética, “lo que condujo a elaborar el entramado jurídico que facilitó la prospección selectiva de yacimientos y la intervención territorial comunitaria” (Jacobo, 2020). 

BCS distribuidor estratégico de gas

Por su ubicación, Baja California Sur se convirtió en un punto estratégico para la distribución de gas natural. El gobernador Carlos Mendoza Davis supo de inmediato esto, pues él siendo senador y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público votó a favor de la reforma energética. Lo consideró un acto de patriotismo para el desarrollo y bienestar para México. Hoy un claro ejemplo de esa reforma energética permitió la instalación de una microterminal de gas y una central de generación eléctrica, ambas con capital privado proveniente de Estados Unidos. 

Los planes de suministro de gas natural a Baja California Sur, en la parte dedicada al sector energía, estaban dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno priísta de Peña Nieto, publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2014, así como la construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz. 

El gobernador se sumó gustoso y mostró su apoyo público. La reconversión a gas natural en vez de combustóleo de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se volvió sin duda una opción de negocios para empresas privadas como New Fortress Energy.

“Es una inversión importante porque en Baja no hay gas natural. La comunidad entera, especialmente en La Paz, depende de diesel caro o gasolina pesada y sucia (...) Tendremos que ver cómo se materializa el mercado, creemos que existe demanda suficiente y que nuestra solución se puede realizar en corto tiempo, y con ayuda del gobierno, convertir a los consumidores de otros combustibles en consumidores de gas natural”, declaró a Energy21 David Knight, integrante de New Fortress Energy. 

Inicio de la construcción del proyecto anunciado en agosto del 2018 en API BCS con la presencia de gente de New Fortress Energy.New Fortress Energy

Cuando Medoza Davis hablaba de la central de generación eléctrica y la microterminal de suministro de gas natural, resaltaba los “beneficios significativos” como los empleos que dejarían ambos proyectos para Baja California Sur, los cuales serán construidos y operados por el corporativo estadounidense New Fortress Energy. Lo que no mencionó el mandatario, son los tremendos beneficios que la compañía también obtuvo, según informó Bnamerica.com, porque no solo incrementaba su operatividad sino que duplicaba el precio de las acciones de la compañía en los mercados financieros. 

Para que New Fortress Energy pudiera operar necesitaba una ubicación. Coincidentemente Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS), la paraestatal dirigida porp José López Soto, lanzó el Concurso Público No. APIBCS/GNL/01/18, con la intención de “adjudicar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para la construcción, equipamiento y operación de una terminal de uso particular, especializada en el manejo y almacenaje de Gas Natural Licuado de importación”. 

Lo primero que hizo API BCS a finales de 2017, fue enviar la convocatoria a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese), como puede leerse en la versión pública de la resolución del expediente LI-024-2017, para la cesión parcial de derechos y obligaciones “para explotar un área terrestre y una marítima dentro del Recinto Portuario del Puerto de Pichilingue, Baja California Sur, con vigencia de veinticinco (25) años, prorrogables hasta por 20 años”. En agosto de 2018 New Fortress Energy era declarado ganador.

La localización del área terrestre de 14 mil metros cuadrados era perfecta para una empresa para vender gas natural, porque a unos metros está la termoeléctrica Punta Prieta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, obtuvo 8 mil metros cuadrados de una zona marina ideal para transportar el gas natural almacenados en la terminal y por esto la empresa deberá pagar “Un millón 500 mil pesos de pesos (US$75.700) al mes, incluidas las operaciones de envío”, según publicó Bnamerica.com. Por cierto, las reglas y criterios del contrato para evaluar propuestas técnicas y de adjudicación fueron considerados como información confidencial, entre otros segmentos del documento.

Una vez que resultó ganadora New Fortress Energy, en 2018, continuó con sus subsidiarias Amaunet SA de CV y NFE Pacífico Lap S de RL y CV para obtener las autorizaciones ambientales y energéticas para construir ambos recintos. 

Debido a la reforma energética promovida por el Pacto por México (PRI-PAN-PRD) fue posible que Amaunet SA de CV presentara el proyecto Solución de energía eléctrica en La Paz, BCS a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat que la autorizó el 15 de mayo de 2019 condicionadamente.

La resolución número SGPA/DGIRA/DG/03719 permitió empezar con la construcción por primera vez en BCS de una central de capital privado que “tendrá una capacidad aproximada de 93.4 MW y la energía eléctrica generada será transmitida a través de una línea de 115 kv y 7.3 km de longitud” para conectarse a la red de Punta Prieta.

Por otro lado, NFE Pacífico Lap S de RL de CV, cuyo representante legal es Ian Andrew Mallory, consiguió de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el oficio ASEA/UGI/DGGPI/0094/2019, emitido el 21 de enero de 2019, con la resolución para el proyecto “Microterminal de gas natural en La Paz, BCS”, otra autorización a su favor. 

En el estudio de riesgo ambiental presentado a la ASEA, que estuvo listo desde 2018, la empresa arrendará una unidad flotante de almacenamiento (“FSU”: Floating Storage Unit) con capacidad aproximada de 138,000 metros cúbicos. Recibirá gas natural licuado a través de buques transportadores de gas de altura realizando transferencias de GNL buque-a-buque (“STS”: Ship to Ship) aproximadamente tres a seis veces al año. En el Puerto de Pichilingue el corporativo también arrendará, una a tres veces por semana, un transportador de gas natural licuado, con capacidad de almacenamiento aproximada de 6,500 metros cúbicos,

El 30 de septiembre de 2019, la otra filial NFENERGIA GN DE BCS, S. de R.L. de C.V. recibió el permiso G/22498/COM/GN/2019 para la comercialización de gas natural hasta el 16 de octubre de 2049, según el documento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

El gobierno federal de Peña Nieto benefició por 30 años a New Fortress Energy para la compra-venta de productos autorizados, la gestión o contratación de servicios de transporte, almacenamiento o distribución y la intermediación de servicios de valor agregado.

Gas natural: ¿despojo y daño ambiental en BCS?

Un conflicto se avecinaba para New Fortress Energy y uno de las megaobras que significó la concesión de más de 14 mil metros cuadrados de API-BCS para que pudiera operar en México. Un proyecto que iba viento en popa hasta que los postes de las líneas de transmisión pasaron sin permiso por el predio Cajón de Pichilingue. 

La familia Cota rápidamente fue alertada hace dos semanas que unas personas había ingresado y perforaban los 7 metros necesarios para la cimentación de los postes metálicos de la red de la central eléctrica.

Estructura localizada por la familia Cota en su terreno.Cortesía

El Callejón de Pichilingue era un terreno nacional de 1,918 hectáreas en el que vivían las familias Benton y Cota con más de 50 años allí. 

Sin embargo, aprovechando que no habían solicitado ante la Reforma Agraria los procesos para adjudicárselos como suyos, un trío de hermanos apellidados Mena, con un supuesto título y con el apoyo de las autoridades estatales, iniciaron desde 2012 con varios conatos de violencia provocados por ellos para despojar a estas familias. La familia Cota consiguió en 2019, autentificar la fracción del predio que les pertenece con un tamaño de 110 hectáreas, mientras los Benton continúan en los tribunales agrarios luchando por lo suyo.

En esta zona, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Baja California Sur, inició la ampliación y rectificación algunas curvas, según consta en el oficio SGPA/DGIRA/DG/05466, con fecha del 27 de julio de 2018, con el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional del Ramal Pichilingue, presentada a la Semarnat. 

Esto obligó a entablar el diálogo con los dueños de los terrenos para comprarles el derecho de vía. Los Cota acordaron ceder 16,000 metros cuadrados para el paso de la carretera, pero hubo una modificación a lo bosquejado anteriormente, y la parte afectada pasó a 32,000 metros cuadrados. 

La SCT a su vez concesionó el derecho de vía a una de las filiales de New Fortress Energy. Dos semanas después, iniciaron la instalación de las estructuras para transmisión eléctrica. La familia Cota exigió una respuesta ante lo que consideraron una invasión, porque según ellos la red pasaría por atrás de los predios y no por enfrente. La compañía se escudó en la concesión que supuestamente otorgó la dependencia federal al corporativo. Sin embargo, la familia Cota aseguró que los cálculos están mal y se metieron a un área que no es parte de la concesión de derecho de via.

Además, una denuncia anónima advirtió que la empresa buscará instalar una de las súper estructuras, enfrente de un área de rescate de manglar que la SCT realizó debido a que algunas porciones de la carretera caen dentro de la zona de amortiguamiento del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra (APFFB). Al parecer hubo un cambio de planes como lo muestran las fotografías. 

Trabajadores realizan levantamientos topográficos sobre el manglar como una posibilidad para colocar las megaestructuras de la red que conectarán.Cortesía

Irregularidades de New Fortress Energy en otros países

La Comisión Federal de Energía Regulatoria (FERC, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, solicitó a New Fortress Energy explique porque no solicitaron permiso para construir y operar una terminal de gas natural, adyacente a otro que sí fue autorizado por las autoridades, el cual, era el primero en su tipo después de la devastación del huracán de 2017 que destruyó la red eléctrica en la isla.

Desde el 23 de junio de 2020, la FERC cuestionó al promovente por violar la ley al llevar a cabo la obra que supondrá ganancias por 1.5 mil millones de dólares en la transformación de centrales de carbón a gas natural.

De hecho, el Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA por sus siglas en inglés) encontró varias inconsistencias en los contratos que proporcionaron una ventaja injusta a New Fortress Energy, por tener una experiencia limitada en Puerto Rico, según publicó Newsismybusiness.com. En marzo de 2019 inició operaciones en la región.

Alrededor del mundo, el bajo impacto que supone el gas natural y la disminución de las reservas de petróleo, han dado la posibilidad de un crecimiento de los mercados internacionales de este recurso para continuar con el crecimiento económico que demanda más energía eléctrica.

Viendo el potencial, el presidente de los Milwaukee Bucks, Wesley Edens, ingresó rápidamente al negocio del gas natural en 2014. Actualmente posee 9 proyectos en el Caribe, Estados Unidos, América Latina y Europa.

New Fortress Energy indicó, hace unos días, que la FERC no tiene jurisdicción sobre la operación de importación, carga, acarreo y transmisión de gas natural en el muelle de San Juan y su conexión con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), porque gasificar las unidades 5 y 6 de San Juan, ocurren dentro de un terreno que pertenece al gobierno de Puerto Rico.

Además, una investigación hecha por Tom Sanzillo, director en esedel IEEFA e Ingrid Vila Biaggi de CAMBIO, destacó https://ieefa.org, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), sostuvieron reuniones con representantes de New Fortress Energy a principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que se emitiera una solicitud de propuestas de parte de la AEE, es decir, hubo tráfico de influencias para la adjudicación de un jugoso contrato mediante un proceso plagado de irregularidades por 1,500 millones de dólares.

“El gobierno de Baja California Sur está listo para lograr una transición energética”, dijo el gobernador, el 15 de agosto de 2018, pero el mandatario no imaginaba que las cosas se complicarían con uno de los proyectos emblemas de la política extractivista del PRI y del PAN en las últimas décadas en la entidad.