A pesar de que se ha criticado el que el gobierno actual de la 4T-4R no ha hecho de la política exterior un punto de partida para grandes definiciones y se ha concentrado en atender especialmente la agenda bilateral con EUA, la detención del general Salvador Cienfuegos al pisar EUA y basándose en una investigación de 10 años por parte de la DEA en México, sin explicaciones grandilocuentes, era una “gran piedra en el zapato” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del ejército mexicano. Las expresiones diplomáticas desde México a raíz de este hecho fueron creciendo en intensidad y tono, porque la DEA, sin tener facultades diplomáticas desarrolló una investigación desde territorio mexicano violando la soberanía nacional, la mantuvo en secreto y humilló a los servicios de inteligencia y justicia mexicanos, al solicitar arrestar a un general de cuatro estrellas hiriendo a la institución militar que tanto ha cooperado con las agencias estadounidenses. Esto no podía quedar sin respuesta, porque había lastimado y vulnerado los sentimientos mexicanos, más allá de nuestro gran deseo de terminar con la corrupción institucionalizada de altos funcionarios mexicanos.

La DEA y demás agencias de inteligencia y seguridad de EUA tienen una enorme presencia en México históricamente. Siempre se han extralimitado en sus funciones. Durante el gobierno de EPN se legisló en favor de que quedaran autorizados a portar armas en territorio mexicano, lo que venían haciendo desde hacía décadas. Solo se formalizó y legalizó el hecho. Las formas usadas para el arresto del general Cienfuegos fueron brutales en términos diplomáticos y militares. Es lógico suponer con certeza que el descontento dentro del ejército mexicano era mayúsculo y las presiones hacia el Presidente AMLO crecientes. Tan es así que el propio Primer Mandatario fue rectificando su postura inicial.

El canciller Marcelo Ebrard en conferencia de prensa, precisó que desde mediados de octubre se empezó a intercambiar notas diplomáticas con el Departamento de Estado respecto de este caso. El gobierno mexicano comunicó su molestia por las formas y el fondo usado por la DEA en este caso, que es distinto a otros como el de García Luna. Recibió todo el expediente y finalmente solicitó al Departamento de Justicia mediante la FGR, que sobreseyera los cargos, que se desistiera de ellos hacia el general Cienfuegos para permitir que este continuara siendo investigado en México, en donde se pueden haber cometido los ilícitos, y en su caso, que fuera imputado por la propia FGR, quien anunció a raíz de su detención, que abría una carpeta de investigación respecto a estas acusaciones hacia el general, pero desde las instituciones mexicanas.

Ha sido un proceso inédito, del cual debemos rescatar su carácter bilateral, que ha sido recuperado luego de la brutal exhibición de unilateralismo de la DEA y la justicia estadounidense. Se ha rectificado bajo el empuje del gobierno mexicano y la valoración del actual gobierno estadounidense de acceder a las razones jurídicas y políticas presentadas por su socio al sur de su frontera. Y decimos que bajo el empuje del gobierno mexicano, porque se supo también oportunamente en las semanas anteriores, que México planteó la posibilidad de: reducir el número de agentes de la DEA y otras agencias en México, replantear los términos de la cooperación bilateral en materia de fronteras, y crimen transnacional, tráfico de estupefacientes, extradiciones, intercambio de información y los temas conexos. 

Esto implicaba un debilitamiento sustancial de la presencia del gobierno estadounidense en el territorio sur de su vecino mexicano, y la eventual apertura a la presencia de otros organismos extranjeros, lo que tampoco era un posible costo aceptable, pasando así de un clima de cordialidad y cooperación casi total, a otro de desconfianza y roces diplomáticos constantes como ha sucedido en otros países latinoamericanos. No era un costo fácilmente aceptable, si era posible evitarse accediendo a la petición mexicana, además bien fundamentada en Derecho y los acuerdos bilaterales suscritos. 

No hay duda que la gran perdedora aquí es la propia DEA. La relación del Presidente Trump con las agencias de inteligencia en EUA no ha sido muy buena, ha tenido sus roces importantes. El Presidente Trump las ha atacado y ellas le han enmendado la página al propio Presidente. El caso de la supuesta intervención rusa en la elección presidencial anterior, donde fue electo Donald Trump, también los ha confrontado. Que la DEA sea la más perjudicada en este caso, tiene sin cuidado al Presidente Trump, que obviamente aceptó la petición mexicana y lo comunicó al Fiscal General de EUA para proceder a sellar el acuerdo.

Es decir, México ratifica su alianza con EUA en materia de lucha contra el crimen transnacional, contra el tráfico de drogas y para dotar de seguridad a nuestras mutuas fronteras. Pero una alianza con dignidad, entre pares soberanos. La FGR hace honor a su carácter autónomo dentro y fuera de México, como institución del Estado mexicano y al servicio de México. Lo que sigue es ver que tan robustas eran las pruebas de la DEA contra el general Cienfuegos, y las aportaciones de los investigadores de la fiscalía mexicana a este proceso.

De entrada consideramos un paso valioso el dado por la FGR y la cancillería mexicana para confirmar que la base de la política exterior del actual gobierno, no es formalmente la defensa de la soberanía, sino la efectiva e irrestricta defensa del carácter soberano del Estado mexicano y su capacidad plena de autoderminación.