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El triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de Argentina, son el reflejo del descontento social que hay en la nación sudamericana debido a la crisis económica, sin embargo, estos resultados no representaron para la derecha mexicana un motivo de alegría, ni la esperanza de que esta experiencia se pueda trasladar en automático a México, dada la abismal diferencia de las economías que existe actualmente entre los dos países.

Las continuas devaluaciones del peso argentino, aunado a una terrible inflación y una deuda enorme con organismos internacionales que exigen al gobierno del país austral, para restructurar los débitos, que este lleve a cabo políticas económicas que atentan negativamente contra el bienestar de la mayoría de la población, además de que existe una deuda enorme con fondos internacionales privados, los llamados “bonos buitre”, ha provocado el descontento de la gente, otorgando su voto a un candidato de derecha radical, que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda.

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La inesperada victoria en los comicios primarios de Milei no fue bien recibida por los mercados cambiarios del país ya que el gobierno argentino devaluó la moneda nacional, elevando la cotización oficial del dólar en un 22%, a 365.50 pesos por unidad para la venta al público en bancos y casas de cambio, donde las operaciones están desde hace años muy restringidas, mientras la divisa de los Estados Unidos conocida como blue, que opera en el mercado negro, tuvo un incremento el pasado lunes 14 de agosto del 10.56%, pasando de 615 a 680 pesos por dólar.

La inflación en Argentina se ha acelerado sustancialmente y estimados de expertos señalan que esta alcanzará 145% en 2023; mientras que para el próximo año se espera un aumento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 120%, por efecto de correcciones en tarifas y en el tipo de cambio.

Este aumento de precios de las mercancías y servicios afecta el poder adquisitivo de la población y redunda en un aumento de la pobreza y el descontento social.

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La deuda pública bruta de la nación sudamericana ascendió a 398,832 millones de dólares en mayo de este año, según datos actualizados difundidos hace unas semanas por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía.

Los préstamos más importantes están encabezados por organismos internacionales: el stock de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es 42,814 millones de dólares, le sigue en importancia el BID con 15,446 millones de dólares, luego el Banco Mundial con 9,359 y la CAF con 4,212 millones de dólares.

El pasado mes de julio la administración del presidente Alberto Fernández informó que el país había llegado a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para la revisión de los objetivos y las metas del acuerdo de refinanciación de deuda firmada en marzo de 2022.

Desde hace varias semanas, Argentina negocia con el FMI introducir cambios en las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas acordadas en 2022, y adelantar los desembolsos trimestrales estipulados en el acuerdo de facilidades extendidas, que permitió refinanciar deudas por 44,000 millones de dólares contratados con el Fondo en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Las medidas impuestas por la entidad financiera internacional al país sudamericano son extremas, afectando el nivel de vida de los argentinos y el pueblo está pagando la irresponsabilidad de gobernantes neoliberales.

Argentina sigue reestructurando y pagando altos intereses de bonos de deuda que se emitieron desde los años ochentas y noventas del siglo pasado con altas tasas de interés, a estos papeles se les conoce como bonos buitre.

El notable crecimiento del mercado de capitales, así como la virtual desaparición de los organismos financieros internacionales y de la banca comercial como prestamistas de los países y su reemplazo por tenedores de bonos, ya sea de fondos de inversión o de pensión, compañías de seguros o inversión o de particulares, genera una complicación considerable al momento de pensar en procesos de cesión de la deuda de los países, máxime si la nación en cuestión presenta problemas en sus finanzas públicas y los bonos emitidos para su deuda son transferidos a especuladores a precios muy inferiores de su valor nominal. Esto con el objetivo de cobrarlo después de un tiempo con altos intereses, quedando estos títulos fuera de cualquier negociación de reestructura de la deuda, con la intención de cobrar el 100% del valor prestado, llegando a presionar a través de los tribunales, como ha sido el caso de Argentina; estos títulos en manos de especuladores son conocidos como “fondos buitres”.

Los fondos buitre aumentaron su fuerza durante la crisis de los “bonos basura” en los años 80, también en la crisis de México del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en los 90 y en el 2008 en Estados Unidos. Se trata de auténticas máquinas de extraer réditos a las que los inversores recurren, ya que se trata de fondos de inversión libre. Sus directivos son los agentes más poderosos e influyentes del mundo financiero.

Los especuladores internacionales adquirieron una parte importante de la deuda soberana de Argentina a muy bajo precio, este adeudo, que venía arrastrando el país sudamericano desde los años ochenta y que buscó su gobierno saldarlo en 2001, fecha en la que una fuerte crisis económica asoló a los argentinos. El llamado “corralito” hizo que el gobierno firmara la suspensión de pagos sobre una deuda de 102,000 millones de dólares que Argentina debía a los acreedores. Este impago se conoce con el término de “default”.

El gobierno argentino reestructuró un gran porcentaje de su deuda entre 2005 y en 2010, con una reducción del 65% por parte de más del 92.4% de sus acreedores, pero los fondos buitre, sin embargo, los tenedores que compraron parte de esos bonos en 2008, no aceptan el acuerdo.

Los principales tenedores de fondos de deuda de Argentina son la empresa American Task Force (AFTA) la que engloba NML y Elliot Management, los dos “fondos buitre” más grandes que operan domiciliados en paraísos fiscales.

El dirigente de AFTA es Robert Shapiro, ex funcionario del ex presidente Bill Clinton. A su lado opera el dueño de NML, Paul Singer, poderoso financiero estadounidense que gestiona una fortuna de 15 mil millones de dólares gracias a los fondos de capital de riesgo.

El fondo de inversión Fintech Advisory, del empresario regiomontano David Martínez Guzmán, poseía 100 millones de dólares de la deuda pública de Argentina y obtuvo en el 2013 reestructurar este adeudo. Tenemos que recordar que este empresario mexicano, experto en la especulación financiera, es dueño en el país sudamericano del 40 por ciento de CableVisión de Argentina, esta adquisición que la realizó en 2006 fue a través de la compra de papeles de deuda de la empresa, el otro 60 por ciento lo detenta el poderoso grupo empresarial de las comunicaciones en ese país Grupo Clarín. En tanto el empresario regio poseía en México la empresa de televisión de paga Cablecom, la cual fue adquirida por Televisa en 2014.

El fondo Elliott Associates de Paul Singer, demandó a Argentina ante la Corte de Nueva York en 2011. El 7 de diciembre desde ese mismo año el juez Thomas Griesa falló a favor de los fondos NML, Capital, Aurelius Capital, y algunos actores individuales, y declaró que la nación austral violó la cláusula de pari passu. La Corte de apelaciones del Segundo Circuito de concesión, el 26 de octubre de 2012, apelo el fallo de Griesa.

Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, además de los representantes de la American Chamber of Commerce of Argentina y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz.

En julio del 2014, el juez Thomas Griesa falló en definitiva que Argentina pague a todos sus acreedores por igual. También aquellos que no aceptaron la reestructuración en su momento, lo que puso al país en situación de impago.

La deuda argentina es un problema para el pueblo de ese país y se tendrán que buscar nuevas fórmulas para salir de la crisis y no es conveniente que se adopten políticas como desaparecer el Banco Central, dolarizar la economía y despedir a miles de burócratas, como lo propone Javier Milei.

En la actualidad México está viviendo una realidad económica muy diferente a la que se vive en Argentina, ya que hay finanzas públicas sanas, una inflación de un solo digito, paridad cambiaria del peso mexicano estable y con apreciación de la moneda azteca, la deuda pública está controlada y un gran número de mexicanos salió de la pobreza gracias a políticas salariales y la dispersión de programas sociales.