Donald Trump consiguió algo que durante generaciones habría parecido políticamente absurdo: convertir a Canadá, uno de los aliados más cercanos, estables e integrados de Estados Unidos, en un país que empieza a prepararse para una guerra comercial abierta con Washington. Las negociaciones que hace apenas unos días parecían prácticamente cerradas colapsaron, Estados Unidos impuso aranceles de 50 por ciento sobre alrededor de 20 mil millones de dólares en productos canadienses y Ottawa anunció represalias “dólar por dólar” a partir del 8 de septiembre. Esto dejó de ser simplemente una negociación dura. Empieza a parecer una ruptura entre socios que llevan décadas comerciando, produciendo y defendiendo juntos una misma región.
La secuencia explica mucho. Trump concedió tres días adicionales antes de aplicar los nuevos aranceles porque, según dijo, había un acuerdo en marcha. Canadá reconoció avances importantes y las conversaciones incluían la posibilidad de reducir de 25 a 15 por ciento los aranceles estadounidenses sobre vehículos fabricados en Canadá y recortar determinadas tarifas sobre acero y aluminio. Parecía existir una salida, pero permanecieron diferencias importantes sobre contenido regional, acceso al mercado canadiense, lácteos, bebidas alcohólicas, madera y otras condiciones. Finalmente las conversaciones fracasaron y la amenaza se convirtió en realidad. La primera lección queda a la vista: con Trump, estar muy cerca de un acuerdo no significa tener un acuerdo. Puede haber negociadores sentados durante semanas, borradores avanzados, concesiones preparadas y declaraciones optimistas, y aun así una exigencia final puede modificar todo.
Mark Carney sostuvo que algunas exigencias estadounidenses resultaban incompatibles con los intereses y la soberanía canadiense y anunció una respuesta arancelaria equivalente sobre productos estadounidenses. Washington responsabilizó a Ottawa por haber desperdiciado la oportunidad de alcanzar un entendimiento; Canadá respondió que aceptar cualquier condición simplemente para evitar los aranceles habría sido peor. Ambos gobiernos tienen, naturalmente, derecho a defender sus intereses. Estados Unidos puede reclamar mayor acceso al mercado canadiense, cuestionar cuotas lácteas, restricciones provinciales a determinados productos estadounidenses y negociar mejores condiciones para sus productores. Canadá puede defender aquello que considera indispensable para sus industrias y negarse a aceptar condiciones que juzgue desproporcionadas. El problema no es que dos socios comerciales discutan; es la naturaleza de la relación que están construyendo mientras lo hacen.
Canadá no es China, Rusia ni un adversario geopolítico. Es miembro del G7, aliado de Estados Unidos en la OTAN, socio del T-MEC, proveedor fundamental de energía, acero, aluminio, madera, minerales y alimentos, y comparte con los estadounidenses la frontera internacional más extensa del mundo. Sus cadenas industriales están tan integradas que numerosos productos dejan de ser exclusivamente estadounidenses o canadienses mucho antes de llegar al consumidor. Por eso utilizar aranceles de 50 por ciento contra un aliado semejante posee consecuencias mucho mayores que el valor de las mercancías afectadas.
Es verdad que esos aproximadamente 20 mil millones de dólares representan una fracción relativamente reducida del comercio total entre ambos países y que los nuevos gravámenes afectan alrededor de 5 por ciento de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos. No van a derrumbar mañana a Canadá. El mensaje, sin embargo, es mucho más grande que la cifra: empresas que hasta hace poco podían planear inversiones bajo un marco comercial norteamericano relativamente previsible descubren que una diferencia política puede transformar de pronto una frontera integrada en una barrera del 50 por ciento. Una empresa puede soportar un arancel durante algunas semanas; lo que administra mucho peor es no saber qué tarifa existirá dentro de seis meses, qué concesión adicional exigirá Washington o si las reglas pactadas sobrevivirán a la siguiente crisis.
Trump considera justamente esa incertidumbre una herramienta negociadora. Quien teme perder acceso al mercado estadounidense tiene mayores incentivos para ceder, y el tamaño de la economía norteamericana le concede un poder extraordinario. Pero una estrategia puede ser eficaz para obtener concesiones puntuales y al mismo tiempo resultar costosa para construir relaciones duraderas. Ésa es la diferencia entre negociar con un proveedor ocasional y administrar una alianza.
La presión estadounidense está produciendo además una consecuencia política que probablemente Trump nunca pretendió: está fortaleciendo el sentimiento nacional canadiense. En Quebec, donde la independencia ha sido durante décadas una posibilidad real y en 1995 estuvo a unos cuantos puntos de triunfar, el apoyo a la separación cayó recientemente hasta alrededor de 30 por ciento. El Parti Québécois, pese a mantenerse competitivo electoralmente, incluso ha prometido no impulsar otro referendo mientras Trump permanezca en la Casa Blanca. La amenaza externa está haciendo aquello que innumerables discursos sobre unidad nacional no consiguieron: que muchos quebequenses prefieran sentirse protegidos dentro de Canadá.
Trump había hablado repetidamente de Canadá como posible estado 51 de Estados Unidos, unas veces con tono aparentemente provocador y otras con suficiente insistencia para incomodar profundamente a sus vecinos. La reacción empieza a ser exactamente la contraria de cualquier supuesto acercamiento: el presidente que quería hacer más estadounidense a Canadá está consiguiendo que los canadienses se sientan más canadienses que nunca. Y ahí aparece uno de los errores habituales de las políticas construidas exclusivamente alrededor de la presión: pueden modificar cálculos económicos, pero también despiertan emociones políticas. Orgullo, identidad, soberanía y dignidad nacional no aparecen en una hoja de cálculo comercial, pero pueden determinar hasta dónde un gobierno está dispuesto a ceder.
Carney sabe además que pagar algún costo económico por enfrentarse a Trump puede resultar políticamente menos dañino que aparecer sometido ante él. Eso explica por qué la respuesta canadiense encuentra respaldo en sectores políticos y empresariales que normalmente discrepan. Los aranceles estadounidenses dañarán industrias concretas y las represalias canadienses también tendrán costos, pero la confrontación está permitiendo a Ottawa construir una narrativa sencilla: Canadá está defendiendo su derecho a negociar sin aceptar imposiciones.
Y Canadá dispone de otro activo que Washington tampoco debería menospreciar: el Commonwealth. No puede reemplazar a Estados Unidos, ni remotamente. La geografía, el volumen comercial y décadas de integración convierten al mercado estadounidense en algo insustituible para la economía canadiense. Pero Canadá pertenece a una comunidad de 56 países que reúne alrededor de 2.7 mil millones de habitantes, incluye economías como Reino Unido, Australia, India, Singapur y numerosos mercados de África, Asia, el Caribe y el Pacífico, y comparte redes jurídicas, empresariales, lingüísticas e institucionales que reducen fricciones comerciales. La propia Secretaría del Commonwealth calcula que comerciar entre sus miembros resulta en promedio alrededor de 21 por ciento más barato precisamente por esas afinidades.
Eso no significa que mañana Ottawa pueda sustituir Detroit por Londres, Bombay o Sídney. Sería fantasioso. Pero sí significa que una política estadounidense empeñada en convertir la dependencia canadiense en instrumento permanente de presión terminará dando a Ottawa mayores incentivos para profundizar relaciones con esos mercados, con Europa y con Asia. De hecho, el propio Commonwealth ha identificado la política arancelaria estadounidense como una fuerza que está fragmentando flujos comerciales y alentando a sus miembros a construir nuevas rutas de comercio e inversión. Washington puede ganar una concesión hoy y descubrir dentro de algunos años que ayudó a acelerar la diversificación que precisamente reducía su influencia.
México debería observar todo esto con enorme atención. Apenas antes del rompimiento de las conversaciones, Marcelo Ebrard había expresado confianza en que nuestro país pudiera alcanzar entendimientos semejantes a los que parecían emerger entre Washington y Ottawa, particularmente en acero, aluminio y cadenas productivas norteamericanas. México veía los avances canadienses no como competencia, sino como referencia favorable para nuestras propias conversaciones. Horas después ya no había acuerdo canadiense. La enseñanza es bastante clara: con Trump una negociación no termina cuando se anuncian avances ni cuando se estrechan las manos; termina cuando las reglas están escritas, firmadas y sobreviven a la siguiente exigencia.
Eso no significa que Claudia Sheinbaum o Ebrard deban modificar radicalmente la estrategia seguida hasta ahora. Al contrario, México ha conseguido resultados mediante pragmatismo, comunicación constante y evitando una confrontación verbal innecesaria. Esa ventaja debe preservarse, pero sin ingenuidad. Hoy México puede mantener una interlocución más manejable con Washington que Canadá; mañana puede cambiar. El precedente canadiense demuestra que ninguna buena relación personal o política sustituye la necesidad de reglas claras y compromisos estables.
También confirma otro riesgo que ya advertíamos: el debilitamiento progresivo de la lógica trilateral del T-MEC. Washington prefirió negociar diversos asuntos por separado con México y Canadá y decidió no extender por ahora automáticamente el horizonte del acuerdo, abriendo una etapa de revisiones sucesivas. Desde la perspectiva estadounidense resulta comprensible: es mucho más fácil aprovechar el peso de su mercado negociando individualmente con cada socio. Puede obtener una concesión mexicana y utilizarla después frente a Canadá, conseguir una canadiense y presentarla posteriormente a México como referencia. Divide y negocia. El problema aparece cuando esa táctica comienza a erosionar precisamente aquello que convirtió al T-MEC en una ventaja estratégica: la existencia de una plataforma económica norteamericana.
Estados Unidos necesita competir durante las próximas décadas contra China, una potencia que piensa industrialmente a escala continental y global. Invierte en energía, infraestructura, minerales, tecnología, manufactura y logística de manera coordinada. Norteamérica posee condiciones extraordinarias para responder: Estados Unidos aporta capital, innovación, tecnología y un mercado gigantesco; Canadá tiene energía, minerales, agua, industria avanzada y enormes recursos naturales; México aporta una plataforma manufacturera competitiva, ubicación geográfica, trabajadores especializados y acceso logístico privilegiado al mercado estadounidense. Juntos pueden constituir una de las regiones productivas más poderosas del planeta, pero para eso necesitan confiar unos en otros.
Eso no significa ausencia de diferencias. México debe impedir cualquier intento de triangular mercancías para aprovechar indebidamente las preferencias regionales; Canadá debe discutir temas legítimamente cuestionados por Washington, y Estados Unidos tiene derecho a exigir reglas de origen que generen verdadero contenido norteamericano. Lo discutible es convertir cada diferencia en una amenaza capaz de desestabilizar toda la relación.
La industria automotriz resume muy bien el dilema. Una de las discusiones recientes consistía en determinar cuánto contenido regional podía reconocerse al calcular los gravámenes sobre vehículos. Canadá pretendía que se tomaran en cuenta no solamente componentes estadounidenses, sino también piezas mexicanas, precisamente porque un automóvil fabricado en Norteamérica suele ser producto de los tres países; Washington pretendía privilegiar el contenido estrictamente estadounidense. La disputa parece técnica, pero en realidad define una filosofía completa: ¿existe una industria automotriz norteamericana o existen tres industrias nacionales que casualmente intercambian piezas? Después de tres décadas de integración, la primera descripción se acerca bastante más a la realidad.
Un vehículo ensamblado en Ontario puede incorporar transmisiones estadounidenses, componentes electrónicos mexicanos, acero canadiense y piezas que cruzaron varias veces las fronteras. Intentar separar artificialmente esa cadena para decidir qué segmento merece trato preferencial puede terminar encareciendo el producto completo. Y nuevamente quien paga parte del resultado puede ser el consumidor estadounidense.
Los aranceles contra Canadá tampoco desaparecerán mágicamente en la frontera. Una empresa estadounidense que utiliza madera, acero, aluminio o cualquier insumo canadiense gravado puede absorber parte del incremento, trasladarlo al consumidor o buscar otro proveedor. En todos los escenarios existe un costo. Canadá sufrirá también: empresas perderán pedidos, algunos trabajadores pueden perder empleos y consumidores enfrentarán incrementos por las represalias contra bienes estadounidenses. No existe una guerra comercial sin víctimas.
Por eso una escalada entre ambos países tiene algo particularmente absurdo. Cada gobierno intenta lastimar al otro castigando mercancías que sus propios ciudadanos consumen. El propósito político consiste en producir suficiente dolor interno para obligar al contrario a ceder. Puede ser una estrategia útil frente a un adversario; resulta bastante más peligrosa cuando se aplica sistemáticamente contra un aliado.
Trump parece además subestimar un activo que Estados Unidos acumuló durante décadas: la confiabilidad. Uno de los motivos por los que tantos países aceptaron construir cadenas industriales profundamente vinculadas al mercado estadounidense fue la expectativa de reglas relativamente estables, respeto a tratados y una arquitectura institucional previsible. Si cada acuerdo depende de la próxima amenaza presidencial, esa prima de confianza comienza a disminuir. Nadie dejará de comerciar con Estados Unidos porque su mercado sigue siendo demasiado grande, pero las empresas pueden diversificar y los gobiernos también.
Canadá tiene el Commonwealth, su acuerdo comercial con la Unión Europea y una política cada vez más orientada a disminuir vulnerabilidades. México ha intentado diversificarse durante décadas, aunque nuestra geografía seguirá vinculándonos inevitablemente con Estados Unidos. Europa busca mayor autonomía. Si Washington utiliza repetidamente el acceso a su mercado como instrumento de presión, sus aliados buscarán alternativas no porque quieran abandonar Estados Unidos, sino porque no pueden permitirse depender completamente de una relación imprevisible.
Y ahí aparece China.
Pekín no necesita ganar cada discusión comercial con Washington. Le basta observar cómo Estados Unidos consume capital político enfrentándose simultáneamente con aliados que deberían formar parte natural de una estrategia común frente al crecimiento chino. China seguramente preferiría una Norteamérica dividida: tres países negociando por separado, Canadá buscando mercados alternativos, México cuidándose permanentemente de la siguiente amenaza y Estados Unidos castigando proveedores regionales mientras intenta disminuir su dependencia de Asia. No hace falta que Pekín diseñe esa estrategia. Washington puede terminar haciéndole parte del trabajo.
México debe evitar tanto celebraciones prematuras como solidaridades automáticas. Canadá defenderá sus intereses y nosotros debemos defender los nuestros. Si una negociación bilateral con Washington produce ventajas legítimas para México, hay que aprovecharlas. No tenemos obligación de rechazar un buen acuerdo porque Ottawa no haya conseguido el suyo. Pero tampoco debemos celebrar el debilitamiento canadiense, porque hoy la presión está sobre ellos y mañana puede regresar sobre nosotros.
Lo importante es conservar una visión estratégica. México necesita una relación sólida con Estados Unidos, pero también necesita que Norteamérica siga funcionando como región integrada y no como una sucesión de guerras comerciales entre vecinos. Sheinbaum y Ebrard deben continuar con prudencia, firmeza y sin estridencias. La estrategia mexicana ha funcionado razonablemente precisamente porque no responde a cada provocación con otra provocación, pero también debe aprender del caso canadiense que la cordialidad no sustituye las garantías y que una buena conversación en Washington nunca debe confundirse con certeza jurídica.
Trump cree profundamente en el poder de la presión. Su carrera empresarial y política está construida alrededor de llevar negociaciones hasta el borde y convencer al otro de que él está dispuesto a soportar más riesgo. Canadá acaba de responder que también está dispuesto. Ahora veremos quién soporta mejor el costo. Pero incluso si Washington termina consiguiendo más concesiones, habrá otra pregunta que responder: cuánto daño tuvo que producir para obtenerlas. Un buen negociador no se mide únicamente por lo que consigue del otro; también por aquello que preserva.
Estados Unidos puede obligar a Canadá a abrir mercados, modificar cuotas o revisar determinadas reglas, y quizá termine consiguiendo un acuerdo favorable. Lo que no debería perder en el camino es un aliado. Trump quería obligar a Canadá a ceder y quizá todavía termine lográndolo. Hasta ahora, sin embargo, produjo otra cosa: unió a buena parte de los canadienses, endureció políticamente a su gobierno, dio nuevos argumentos para diversificar comercio mediante Europa, Asia y el propio Commonwealth, y abrió una confrontación con uno de los países que Estados Unidos tenía menos razones para convertir en adversario.
México debe observarlo con atención. Hoy la tormenta golpea Ottawa; mañana alguna exigencia puede dirigirse hacia nosotros. Y mientras Estados Unidos, Canadá y México discuten quién ganó la última ronda, hay una potencia que contempla desde lejos cómo se fragmenta la región que debería representar su principal contrapeso económico.
China debe estar mirando la escena con bastante satisfacción.
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