El general secretario dio un informe bastante objetivo acerca de los hechos terribles de ayer en Sinaloa. Hubo militares muertos, desgraciadamente, pero no víctimas civiles. Los soldados héroes de la patria protegieron a la gente pacífica y honesta que ya ha sufrido demasiado la pesadilla del narco.
Antes de que el general Luis Crescencio Sandoval hablara en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el actual gobierno de México no quiere ganar una guerra, sino construir la paz.
La paz la perdimos los mexicanos a finales de 2006, cuando Felipe Calderón inició su absurda guerra contra el narco. Desde entonces, la violencia ha crecido muchísimo en nuestro país. Es el efecto de la bola de nieve, que aumenta su tamaño a medida que avanza hasta convertirse en una fuerza destructiva.
En la nación que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en 2018, seamos objetivos en el diagnóstico, las estructuras de seguridad pública estaban totalmente corrompidas y, por lo tanto, no servían para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Conocimos el tamaño del desastre causado por Calderón cuando en Estados Unidos se arrestó —en 2019— a su principal colaborador en temas policiacos, Genaro García Luna, a quien el esposo de Margarita Zavala entregó el diseño y la ejecución de los operativos contra las mafias. Quedó clara la verdadera razón por la que no era posible enfrentar eficazmente al narco: el principal funcionario en las áreas de seguridad del gobierno trabajaba para los traficantes de drogas ilegales, específicamente para los del cártel de Sinaloa.
Antes de emprender acciones duras contra el crimen organizado, el gobierno de AMLO tenía que rehacer las estructuras de la seguridad pública. Después de mucho trabajo se consolidó la Guardia Nacional. El mérito inicial fue de Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, y la consolidación del proyecto la logró Rosa Icela Rodríguez. En un país que perdió la paz y que fue gobernado por empleados del narco —como García Luna y muy probablemente Calderón—, solo las fuerzas armadas podían hacerse cargo de la operatividad de la institución que reemplazó a la absolutamente echada a perder Policía Federal. Para esto eran necesarias reformas legales, y se concretaron. Imperó la sensatez en los poderes legislativo y judicial que no complicaron de más la estrategia del ejecutivo.
El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo, al nivel de la Ndragheta y la Camorra, de Italia; la Solntesevskaya Brayva, de Rusia, y la Yakuza, de Japón. Inclusive, para algunos analistas la mafia que han controlado El Chapo Guzmán y sus hijos es más poderosa que cualquiera otra en el planeta.
A esa mafia rendía cuentas el secretario de Seguridad del sexenio 2006-2012, cuyo juicio arrancará este mes en Estados Unidos. ¿No debería Felipe Calderón también ser juzgado en el vecino país, y en el nuestro, ya que fue él quien permitió que García Luna estuviera no al servicio del gobierno de México, sino del cártel cuyo dirigente actual, Ovidio Guzmán ayer fue arrestado en Culiacán? Creo que motivos de sobra tendrá Calderón para estar preocupado.
Fue un arresto el de El Chapito —también apodado El Ratón— que se dio en el contexto de una verdadera batalla en todo el estado de Sinaloa, en la que no hubo bajas civiles gracias al buen trabajo de las fuerzas armadas coordinadas con el gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha.
Qué gran noticia, se logró una importante victoria contra el poderoso grupo criminal de Sinaloa sin poner en riesgo la vida de la gente común y corriente, que ya hoy, después del infierno de ayer, puede salir a la calle con tranquilidad. A comprar la rosca de Reyes, sí.
Pero jamás deberemos olvidar que ello fue posible gracias al sacrificio de militares valientes y honestos —solados de la patria, dijo el general secretario—. Más de 10 héroes murieron para proteger a los y las sinaloenses. Merecen el mayor reconocimiento. Lo menos que puede hacer el gobierno mexicano es homenajearles en un funeral de Estado y, también, ser más que generoso al entregar indemnizaciones a sus familias.