El actual gobierno ha actuado de manera responsable al reducir la enorme cantidad de dinero público que desde el Gobierno Federal se pagaba a los medios de comunicación. A manera de ejemplo, en el 2017, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto pagó a medios de comunicación una cantidad cercana a los 12 mil millones de pesos. Este año, el Gobierno del presidente López Obrador ha señalado tener un presupuesto comunicacional de 3 mil millones. Es una reducción del 75% respecto a lo que se gastaba en años anteriores.
La reducción fue responsable, pues permite mover recursos públicos a otras necesidades más apremiantes en el país y hace que el Gobierno Federal aproveche de mejor manera los tiempos oficiales (gratuitos) a los que tiene acceso en cada estación de radio y de televisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional hace un par de meses la Ley General de Comunicación Social que el Congreso había aprobado, bajo el peñanietismo, en el 2018. A esta se le denominó la “Ley Chayote”, justo porque se decía que permitía sobornar a medios al tener un uso discrecional de recursos públicos.
La SCJN, en el expediente 375/2019, ordenó al Congreso de la Unión hacer una nueva Ley de Comunicación Social en la que justamente se maximizara, eficientara y transparentara el uso de los recursos públicos. También ordenó que la publicidad oficial no fuera un pretexto para limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación.
Para tener la nueva ley lista y votada, le dio al Congreso como plazo el próximo 30 de abril. Hay un par de iniciativas que se han presentado, pero a este momento no hay dictamen hecho.
Sin embargo, ayer el Presidente de la República sorprendió durante su conferencia mañanera al señalar que parte de los recursos de la comunicación social gubernamental, unos 750 millones, se van a usar para financiar esquemas de seguridad social de los periodistas mexicanos. Hay que detenerse a reflexionar sobre esto.
Primero, ¿por qué el Gobierno Federal va a asumir responsabilidades laborales que le corresponderían a los dueños de los medios? ¿Los patrones laborales no deberían asegurar, conforme a leyes laborales, la prestación de seguridad social de sus trabajadores y/o su inscripción al IMSS? Creo que está mal subsidiar a los empleadores de los periodistas.
Segundo, ¿puede el gobierno gastar a contentillo los recursos públicos etiquetados para comunicación social? Claro que no. La misma SCJN ha señalado que no se pueden cambiar los rubros etiquetados.
Tercero, ¿qué hay detrás de esta idea, cuando el propio Presidente propone que se conforme, desde los periodistas que van a su mañanera, un “Comité de Periodistas que autorice los apoyos” y que estos hagan un censo para definir a quiénes dar los 750 millones? Además de que particulares no pueden dirigir el destino y uso de los recursos públicos, me parece que el Presidente y su área de comunicación están migrando de chayotear a los directivos de los medios a hacerlo con los periodistas que trabajan en estos. De un chayote vamos a pasar a otro (o más bien a un chayotito).
Está mal que los funcionarios públicos quieran usar los recursos públicos a su antojo para ganarse el favor de quienes trabajan en los medios de comunicación. Con la agravante de que ya hay, ahora, una reciente sentencia de la SCJN que dice cómo se debe ejercer el recurso destinado a la comunicación social.
Me parece que la idea del Presidente, dado que ya están etiquetados los fondos para este 2022, no se podrá materializar este año. Quizá para el 2023, pero para ello tienen que cambiar varias leyes. También, tiene que haber un mecanismo transparente, pero da la impresión de que, al igual que en muchos actos recientes de gobierno, la ley no es un impedimento para hacer designios personales, con lo que continuaremos en un régimen de opacidad en el uso de los recursos públicos para los medios de comunicación.
Quizá valdría la pena que este rubro de recursos ni existiera, pues uno y otro gobierno han hecho un uso poco transparente de este, incluso irregular, cuando hay millones de personas a las que estos recursos sí les podrían cambiar la vida para bien.
Por lo pronto, con lo señalado en la mañanera de ayer me parece que alguien no le ha dicho al Presidente las implicaciones jurídicas, y si ya se las dijeron y no le importó, es probable que quien firme las erogaciones mencionadas (sin antes cambiar la ley y el presupuesto) afronte, en lo futuro, procedimientos administrativos y penales sancionatorios, pues ya hay una sentencia de la SCJN publicada que no pueden ignorar. Una mejor idea sería aumentar los recursos públicos al Mecanismo de Protección de Periodistas ante las preocupantes cifras al alza de asesinatos y agresiones que quienes integran este gremio afrontan todos los días.