Los más recientes resultados arrojados por la prueba PISA hablan por sí mismos. Sin el ánimo de analizar pormenorizadamente en este texto cada uno de los indicadores evaluados por la prueba, debo sintetizar que la mayoría de los jóvenes mexicanos son incapaces de realizar sencillas operaciones matemáticas, carecen de las más elementales competencias de comprensión lectura y se ubican a ras de suelo en comparación con el resto de los países evaluados.
Si bien AMLO, su gobierno y la candidata Claudia Sheinbaum han buscado excusarse con el argumento de la pandemia y han pretendido poner en duda la legitimidad de la prueba aludiendo al supuesto carácter “neoliberal” de la OCDE, la evidencia apunta hacia un hecho incontrovertible: México vive una tragedia educativa provocada por la complicidad del gobierno con el SNTE.
El lector seguramente recordará que la reforma educativa de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México buscaba precisamente poner un freno al poder del sindicato. Mediante la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente –entre otros instrumentos jurídicos como la ley del INEE y la modificación al artículo tercero constitucional– la reforma permitió la recuperación de la rectoría del Estado de la educación. Por primera vez en la historia, el otorgamiento de plazas no era definido por las presiones ejercidas por el sindicato frente a las secretarias de educación de las entidades.
Con la reforma de 2013 la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las dependencias locales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, emitía los criterios para la evaluación de los maestros, desplazando de facto al SNTE de la política educativa y la toma decisiones.
El objetivo de la reforma era en el corto plazo recuperar la rectoría educativa con el propósito de vencer las resistencias al cambio, y en el mediano plazo, introducir las reformas pedagógicas en el aula que permitiesen, a la postre, el mejoramiento de la calidad de la educación pública, y con ello impulsar el futuro de millones de niños y jóvenes mexicanos. La reforma no tuvo consecución. AMLO y su gobierno, en vez de mirar por la educación, optaron por “reconciliarse” con el SNTE mediante el desmantelamiento de la “mal llamada reforma educativa”.
Hoy la educación está en su peor momento. Por un lado, el gobierno se ha convertido nuevamente en un aliado del sindicato, en detrimento del interés de los niños. Personajes como Delfina Gómez o Leticia Ramírez al frente de la SEP han impulsado un proyecto educativo marcado por una nueva connivencia perversa con el sindicato y por un desdén abierto hacia la evaluación, los conocimientos y las competencias esenciales en el siglo XXI.
Y más allá de ello, Claudia Sheinbaum, léase, la eventual próxima presidente de México, continuará con la política educativa en curso, menospreciando pruebas como PISA y beneficiando líderes sindicales, traicionando en su camino a millones de posibles votantes que estarán dispuestos a depositar en ella el futuro de sus hijos.