Cuando el secretario de Gobierno asiste al Senado de la República es porque existe una situación apremiante dado que es, en ese sentido, el interlocutor que a menudo se reúne con el coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara Alta para analizar los proyectos que están en puerta y que son, en lo político, una prioridad para López Obrador.

Y, en esta ocasión, es todavía más apremiante debido a que se necesita poner en práctica los buenos oficios de Ricardo Monreal pues- la minuta- llegó plagada de irregularidades y errores que vulneran el marco constitucional. De hecho, el propio coordinador de Morena hizo énfasis en 21 paquetes de modificaciones que son necesarias para corregir -de lo contrario- existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inviabilidad tal y como mencionamos en nuestra columna de ayer.

Es posible que la situación se prolongue porque el secretario de Gobierno no aceptó todas las recomendaciones. Avaló algunas, y seguramente revisó las otras con el presidente López Obrador a fin de seguir buscando alternativas o salidas para su aprobación -pues para que no se desvanezca esta coyuntura en materia electoral- forzosamente tiene que haber ajustes para efectos positivos.

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No hay de otra: o la minuta se modifica o puede encontrar resistencias que terminarán por poner en riesgo su aprobación. De eso depende la voluntad del presidente Obrador para corregir varios rasgos que Ricardo Monreal le hizo saber al secretario de Gobierno. Seguramente la conversación que sostuvieron en la mañana se prolongará en otros escenarios para negociar algunos aspectos en el afán de que la minuta salga sin tener la preocupación -de que después se caiga- por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y las propias circunstancias obligan al gobierno que encabeza el presidente Obrador a que exista flexibilidad. Esto puede concluir positivamente pues hay aspectos que los propios legisladores han reconocido como positivos para fortalecer la materia electoral; empero, también es una realidad que hay otros que no -en el sentido- de aquellos artículos que vulneran el marco constitucional.

Si ponemos un escenario distinto y pensando que el presidente avala las propuestas que hizo el senador Ricardo Monreal, seguramente la minuta sale adelante en el Senado de la República. Sí es así, no veo mayor complicación porque la clave está -como nos han explicado los expertos en materia legislativa- en no pisotear el marco constitucional, especialmente ya que hay puntos qué para que exista viabilidad, forzosamente, primero, se tiene que modificar la constitución.

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Entonces, el consenso se dará en la medida de que exista disposición para corregir una minuta que está plagada de inconsistencias. Concluyeron, por ejemplo, que 21 puntos deben sujetarse a la modificación al ser un aspecto inconstitucional. De hecho, un documento que circuló detalló cómo se han pronunciado cada uno de los rubros que tienen que estar- inminentemente- sometidos al cambio.

No es un capricho, es la constitución política la que rige las normas. Eso hay que reconocerlo a Ricardo Monreal que -sin tibieza y con gran congruencia- lo habló con el secretario de Gobierno, Adán Augusto.

A pesar de que las comisiones avalaron el proyecto, será el pleno el que determinará mediante votación el destino de la minuta. Desde mi opinión, esto tiene futuro, repito, sí hay voluntad por realizar los ajustes necesarios y desechar los que no son viables porque carecen de sustento constitucional. En otras palabras, son errores en la redacción que omitió la Cámara de Diputados que, eso sí, avaló por avalar cuando su tarea era estudiar el proyecto con el fin de no dejar pasar ninguna inconsistencia.

Por fortuna, el coordinador de los Senadores de Morena evaluó el bosquejo de pies a cabeza asumiendo esa tarea con responsabilidad legislativa, incluso en un terreno de mucha presión que ha sabido sortear con oficio.

Notas finales

Algunos de los aspectos de inconstitucionalidad que están sustentados y que presentó Ricardo Monreal al secretario de Gobierno son:

  • El sistema Nacional de Elecciones.
  • Limitación material y temporal de las facultades reglamentarias del INE y a la emisión de sentencias del TEPJF.
  • Obligar al INE a entregar al congreso propuestas de reforma a leyes electorales.
  • Limitar facultades constitucionalmente otorgadas a los OPLES.
  • Eliminar las 300 juntas distritales y crear órganos auxiliares temporales.
  • Modificar en la ley las causas para la pérdida del registro de partidos políticos.
  • Otorgar financiamiento local a partidos nacionales que perdieron el registro local.
  • Duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos.
  • Violaciones al procedimiento legislativo.
  • Eliminación de la Sala Regional Especializada, entre otras.