La coalición opositora y el bloque de contención en las Cámaras federales entró a su mayor crisis cuando el PRI promovió y votó la reforma al artículo 5º transitorio de la Constitución por el que se extendió hasta el 2028 que el presidente de la República pueda hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La herida fue profunda, pero no fatal. Ahora, la iniciativa de reforma político electoral del presidente López Obrador ha servido para el reencuentro.

Salvar la desconfianza no será simple. De hecho, las coaliciones que muy seguramente se celebren para las elecciones en Coahuila y Estado de México están condicionadas a que los diputados del PRI actúen de común acuerdo los temas legislativos, incluso en la designación de los cuatro integrantes del Consejo General del INE en abril del próximo año.

Hubo un error de inicio por parte de la dirigencia del PAN y PRD. Un poco de conocimiento de sus dirigentes y su difícil situación legal por su desempeño como mandatarios hubiera merecido mayor cuidado. La traición no debió tomarles por sorpresa porque el PRI desde un principio públicamente señaló tener una postura diferenciada con sus compañeros de viaje y estar dispuesto a negociar de manera independiente. Los buenos resultados de las elecciones de 2021 y la expectativa de ganar el 2024 los llevó a conceder de más a los tricolores, aunque el rechazo de Alejandro Moreno a la reforma constitucional en materia eléctrica abonó a la confianza.

El reencuentro opositor no puede dejar atrás el precedente y necesita trabajar sobre premisas que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, y que en el camino no haya deserciones o traiciones. La regla primera es obligar al gobierno a negociar con el conjunto del bloque opositor, esto es, que en los temas sustantivos el entendimiento tenga lugar con todas las fuerzas y no solo con una parte. La coordinación de los diputados del PRI ha dialogado de manera independiente, lo que inevitablemente lleva a la fractura.

No se trata de cerrar la puerta al diálogo, tampoco suscribir una irracional moratoria legislativa; se requiere de lealtad, comunicación y compromiso para trabajar en términos de una alianza, no para que una parte o un negociador aproveche en su beneficio la interlocución con el poder. Así debe ser por razones de lealtad y de eficacia política, más de parte del PRI, ya que el próximo año las dos elecciones de gobernador tienen lugar en estados que gobierna, con razonables posibilidades de prevalecer en el marco de una coalición opositora.

Dos tareas son indispensables para que la oposición avance y tenga condiciones no sólo de éxito electoral, sino de trascendencia política. La primera, entender los nuevos términos de la realidad del país. Escapar a la trampa de la polarización y prever, por una parte, la representación de una sociedad cada vez más diversa, compleja y alejada de los valores y formas tradicionales del poder y de la política. La marcha del pasado 13 de noviembre y el voto urbano de las elecciones intermedias son buena lección a este respecto. La desconfianza mayor a salvar no es entre las fuerzas opositoras, sino la de la sociedad con los partidos políticos, sus dirigencias y las formas convencionales de la política.

La segunda, pensar en la situación del país una vez concluida la gestión del actual régimen. Cuatro problemas están a la vista: la devastación institucional, el militarismo de la vida pública, los costos acumulados del manejo irresponsable de las decisiones económicas (deuda, litigios y sanciones en puerta, obras públicas inconclusas) y el vacío de poder una vez que el presidente López Obrador deje la responsabilidad.

Esta inédita circunstancia obliga, desde ahora, a visualizar respuestas y soluciones que deberán construirse de manera incluyente, en el marco de la reconciliación nacional, y también a avizorar una fórmula de gobierno de coalición que obligará a una revisión a fondo del régimen presidencial y a institucionalizar el gobierno de gabinete en la línea propuesta por el jurista Diego Valadés.