En el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, lo menos importante es quién aplaude y quién se opone. Tampoco es central contabilizar adhesiones, deslindes o condenas. Lo verdaderamente extraordinario es que, frente a las evidentes circunstancias hemisféricas y a la tensión acumulada con Washington, el gobierno de la Cuarta Transformación no haya conservado el margen político necesario para impedir un acto que será inevitablemente interpretado como un desafío a la administración del presidente Donald Trump.

Rocha regresó después de 112 días de licencia, mientras siguen abiertas las investigaciones relacionadas con las acusaciones formuladas en Estados Unidos. Morena y el gobierno federal se apresuraron a presentar la decisión como unilateral. Dirigentes oficialistas, legisladores y gobernadores de su propio partido procuraron deslindarse e incluso le pidieron esperar a que concluyeran las indagatorias. Sin embargo, ese distanciamiento no resuelve la crisis: la profundiza, porque revela que el sistema político construido por la 4T ya no puede disciplinar eficazmente a uno de sus propios gobernadores. Medios como El País⁠ y Reuters⁠ han documentado tanto el aislamiento de Rocha como el costo bilateral de su determinación.

La contradicción es enorme. Durante meses, el oficialismo defendió la presunción de inocencia de Rocha, negó que existieran en México elementos suficientes para proceder en su contra y exigió a Estados Unidos la presentación formal de pruebas. Pero ahora algunas de esas mismas voces sostienen que, aun sin existir —según ellas— una causa jurídica concluyente, el gobernador no debería retornar al cargo para el que fue electo.

Las dos posiciones no pueden sostenerse simultáneamente sin explicar la razón de Estado que las conecta. Si Rocha es inocente y no existe impedimento legal, su lógica resulta comprensible: quien se considera exonerado vuelve a gobernar. Si su regreso representa un riesgo político, institucional o internacional, entonces el gobierno mexicano tiene la obligación de explicar con precisión cuál es ese riesgo y por qué no actuó oportunamente para contenerlo. En ese vacío se instaló la rebelión de Rocha.

Desde la perspectiva del propio gobernador, permanecer indefinidamente apartado equivalía a aceptar una condena política sin sentencia. El llamado affaire Andy López Beltrán, seguido por el viaje de Omar García Harfuch y la intensificación de los contactos de seguridad con Estados Unidos, pudo reforzar en él la percepción de que el aparato federal se encontraba bajo asedio y de que su futuro podía terminar convertido en moneda de distensión bilateral.

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No es necesario afirmar que ese desenlace estuviera acordado para entender el razonamiento. Bastaba con que Rocha dejara de confiar en la capacidad (o en la voluntad) del gobierno federal para proteger la línea política que originalmente había sostenido en su defensa.

Su cálculo parece haber sido elemental: si soy inocente, regreso; si permanezco con licencia, acepto que una imputación extranjera determine mi mandato; y si el gobierno federal ya no puede garantizarme una salida, debo procurármela por mi cuenta.

Esa lógica puede ser jurídicamente discutible y políticamente temeraria, pero no es irracional. Lo verdaderamente irracional ha sido la conducción del oficialismo: primero convirtió a Rocha en emblema de la defensa de la soberanía; después trató de persuadirlo para que se mantuviera apartado sin ofrecer una causa legal inequívoca; finalmente se deslindó de su retorno, como si un gobernador de Sinaloa pudiera actuar dentro de un vacío institucional.

Rocha entendió que la 4T quería seguir defendiendo públicamente su inocencia y, al mismo tiempo, necesitaba que él se comportara como culpable.

Pero lo que parece no funcionar es la meta política del morenato. Durante años, su fuerza descansó en dos ideas, la de una superioridad moral inobjetable, y la de una autoridad central indiscutible, capaz de alinear gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas y operadores territoriales. Pero el episodio Rocha demuestra que aquella verticalidad puede estar debilitándose precisamente cuando México enfrenta la mayor presión externa de los últimos años.

Como el tiburón de aquella vieja caricatura cuya queja permanente era “nadie me respeta”, el oficialismo descubre que el poder no consiste en proclamarlo, sino en ejercerlo con coherencia. Para cubrir apariencias, sus dirigentes mantienen una retórica de soberanía, unidad y fortaleza; pero hacia dentro, aparecen involucrados en un exceso de operación política, mensajes contradictorios y maniobras que terminan anulándose entre sí.

Más revelador aún resulta observar a figuras de Morena, algunas de ellas también alcanzadas por señalamientos, sospechas o controversias, conminar al hombre que antes presentaban como compañero y gobernador legítimo a que no reasuma el cargo, aun cuando no pueden señalar públicamente un impedimento legal definitivo.

Al intentar apartarse de Rocha, no hacen sino mostrarle el borde del mismo abismo hacia el cual avanzan. Si una imputación internacional basta para imponer una licencia política indefinida, cualquiera puede ser el siguiente. Si, por el contrario, las acusaciones carecen de sustento, entonces no existe una razón coherente para impedir su regreso. La dirigencia morenista pretende habitar simultáneamente ambos argumentos y termina debilitando los dos.

Cualquier estudiante de teoría del Estado reconocería el problema. Una autoridad pierde capacidad cuando no logra hacer coincidir legalidad, legitimidad, mando y responsabilidad. El gobierno federal sostiene que no existen elementos suficientes contra Rocha, pero tampoco respalda su retorno; afirma que la decisión corresponde al gobernador, pero teme sus consecuencias; defiende la soberanía nacional, pero organiza su conducta política alrededor de la reacción que pueda producirse en Washington.

No estamos solamente ante una crisis de imagen. Estamos ante una crisis de autoridad.

Los cuadros del oficialismo, envalentonados por años de predominio electoral, parecen recorrer un camino de vergüenza trazado por algún estratega de la derrota. Cada operación diseñada para reducir el daño termina multiplicándolo. Cada deslinde confirma la fractura. Cada explicación añade una nueva incongruencia.

Y mientras en México se finge que el problema puede administrarse mediante declaraciones matutinas, en Washington se observa otra cosa: un gobierno que no puede resolver internamente el caso de un gobernador acusado por autoridades estadounidenses; un partido que no logra ordenar a uno de sus mandatarios; y una dirigencia que oscila entre la defensa nacionalista y el temor a las consecuencias diplomáticas.

En los círculos de poder estadounidenses pueden mofarse de la fragilidad y futilidad de semejante operación. Pero sería un error de nuestra parte reducirlo a una anécdota humillante. Lo que Washington está midiendo no es únicamente a Rocha Moya: está midiendo la capacidad real del gobierno mexicano para tomar decisiones, cumplir compromisos, contener a sus propios actores y sostener una posición coherente frente a la presión.

El retorno de Rocha no demuestra por sí mismo su culpabilidad ni su inocencia. Demuestra algo políticamente más inmediato: que la 4T ya no controla completamente las consecuencias de su propia narrativa.

Y cuando un gobierno pierde la capacidad de decidir entre proteger, investigar, separar o entregar a uno de los suyos, son los otros quienes terminan imponiendo el terreno, el ritmo y, tarde o temprano, las condiciones.