Con todo y las diferencias de sistemas de Estados Unidos y México así como las tensiones conocidas, ambos países comparten hostilidad hacia sus poderes judiciales, pero en sentidos opuestos. La diferencia se hace obvia al tratarse de las fuerzas armadas.
La semana anterior, la Corte permitió que se apliquen las medidas de prohibición y exclusión impuestas por Donald Trump para que todas las personas trans de las fuerzas norteamericanas sean excluidos y dados de baja inmediatamente, una medida firmada desde el inicio de su nuevo ciclo que había sido suspendida por juzgadores de un rango menor. Según datos del propio Departamento de Defensa, hasta finales de 2024 había al menos 4,240 efectivos transgénero en servicio activo y en la Guardia Nacional.
Desde el discurso oficial se asegura que reconocer la identidad de género trans va en contra del “honor” y la “humildad” del servicio militar. Afirman que la disforia de género descalifica automáticamente a quienes la padecen y una mayoría conservadora de seis jueces desde la Corte Suprema levantó la suspensión judicial que protegía a los efectivos trans, y permitió el avance de la prohibición. El hecho es que la confrontación contra las bases ideológicas del progresismo que sostiene a las nuevas identidades de género y devuelve a la biología básica como definición de roles tradicionales podría ser la antesala de una nueva especie de Guerra Fría en la que el progresismo de Europa se confronta contra un nuevo conservadurismo tradicional de Estados Unidos. Esos conceptos de “honor” en las fuerzas armadas fue utilizado aún durante los años 2000 en México para dar de baja a los militares contagiado de VIH por asumir que aquel virus era una defensa epidemiológica.
Fue hasta 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana resolvió que dar de baja a militares seropositivos violaba el principio de no discriminación. Con esa jurisprudencia 131/2007, se desactivó una práctica profundamente arraigada en las Fuerzas Armadas: la de vincular la salud con la utilidad y, por tanto, con la permanencia en el servicio activo. En 2008, el Congreso reformó el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, eliminando la disposición que consideraba la seropositividad al VIH motivo suficiente para el retiro. El nuevo texto estableció que solo la etapa terminal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, con más de seis meses de evolución, sería causal de retiro.
Este episodio no fue menor. Representó un giro en la forma en que el Estado mexicano, desde una de sus instituciones más cerradas y verticales, reconocía derechos y dejaba de estigmatizar a quienes viven con VIH. Fue desde el poder judicial que se da un paso hacia el reconocimiento pleno del derecho a la salud y la vulnerabilidad no como debilidad, sino como parte inherente de la condición humana. Así, aún con los esfuerzos de México por mantener alianzas comerciales con el vecino del norte, nuestras posturas ideológicas nos alejan.
La discusión sobre la inclusión de personas trans en las fuerzas armadas se ha convertido en un campo de disputa ideológica. Algunos piensan que la identidad de género es una estrategia de evasión y en México se protege como una expresión legítima de la autonomía y la dignidad. Eso ha provocado que nuestro país sea el refugio de todas las personas trans que ya no caben en su país y lejos de abordar la gentrificación como fenómeno derivado, me parece importante destacar a los nuevos refugiados que México recibe... Los excluidos y perseguidos por Trump.
El que sostiene la narrativa en la que supone que el modelo ideal de soldado sigue siendo el hombre blanco cisgénero, heterosexual, imperturbable, cuya fortaleza se define por la negación de toda vulnerabilidad. De ahí que tanto el VIH como la identidad trans hayan sido percibidos como amenazas. No por razones médicas o logísticas, sino porque desestabilizan ese ideal de fuerza inquebrantable sobre el que se ha construido la lógica militar.
Ambas caras son elementos de la masculinidad ultra fuerte y dominante pero mientras en Estados Unidos se revisa hasta la intimidad de la identidad y el pensamiento, en nuestro país hay nuevas corrientes qué buscan humanizar a los militares.
El caso mexicano demuestra que la seguridad nacional no se ve comprometida por reconocer derechos humanos. De hecho, se fortalece cuando se eliminan normas discriminatorias y se permite que las personas sirvan sin tener que ocultar quiénes son o qué condiciones viven. Resulta paradójico que Estados Unidos, cuya narrativa global se apoya en la defensa de libertades individuales, aún debata si una identidad de género diversa es compatible con la disciplina militar.
Lo cierto es que las fuerzas armadas no se debilitan por incluir, sino por excluir. La capacidad de un ejército para proteger a una nación no se mide solo por su poder de fuego, sino por su legitimidad social. Y esta se construye reconociendo que las mujeres, las personas trans, los militares con VIH o con cualquier condición de salud no son una amenaza. Son parte del tejido humano que constituye la defensa de un país y de hecho, son el espejo del país que defienden y representan.
México, al menos en este punto, ha dado un paso hacia la justicia. Es un país que ha escuchado a su Corte, ha reformado sus leyes y ha comenzado a desmontar el prejuicio que identifica a la fuerza con la exclusión. La pregunta que queda en el aire es si Estados Unidos podrá hacer lo mismo o si seguirá viendo la humanidad de sus soldados como una amenaza a su seguridad nacional.
X: @ifridaita