No, estimado lector. La intención de estas líneas no es promover una nueva estulticia propia de la autoproclamada cuarta transformación, sino poner en evidencia el despropósito político, jurídico e histórico de elegir jueces, magistrados y ministros por sufragio universal.
Cómo ha sido bien señalado por numerosos especialistas, los jueces y magistrados no son representantes populares, y por tanto, no responden a los intereses de las mayorías; sino por el contrario, a la ley y a la protección de las minorías ante arbitrariedades del ejecutivo y legislativo, en el caso, huelga señalar, de los jueces federales.
¿Se imagina el lector el disparate de poner en las papeletas electorales los nombres de los futuros miembros del cuerpo diplomático? Hace más de un año se habría considerado inimaginable la elección de jueces y magistrados. Hoy la realidad ha alcanzado al país.
Con excepción de los ministros de la Suprema Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los distritos y demás magistraturas son concedidos a través del servicio profesional judicial. Es decir, a diferencia de la cúpula judicial, hombres y mujeres abogados dedicaban sus esfuerzos (sí, en pretérito imperfecto) a alcanzar cargos en el sistema, tanto en el momento de ingreso como en el proceso de ascenso.
Lo mismo aplica al cuerpo diplomático mexicano. Los nombramientos de cónsules y embajadores suelen responder -desafortunadamente- a decisiones políticas, pues son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado.
Sin embargo, en el escalafón inferior del SEM, desde agregado diplomático hasta consejero, en la rama diplomática-consular, se designa mediante rigurosos exámenes de oposición y ascenso, lo que incluye que el funcionario demuestre su convicción de fidelidad al Estado mexicano (sin colores partidistas) y una experiencia exitosa y probada en sus funciones.
Los diplomáticos son, al igual que los juzgadores, funcionarios de ‘Es-ta-do’ cuyo deber principal es el servicio al país, con independencia del partido que controle temporalmente el poder ejecutivo.
Por otro lado, la presidenta Sheinbaum y sus propagandistas han señalado la corrupción en el poder judicial como motivación principal para su desmantelamiento. Vale.
Ahora bien ¿algún analista serio podría asegurar que no se han registrado en el pasado prácticas de nepotismo en la cúspide del cuerpo diplomático y en el seno mismo de los comités de evaluación de la Cancillería? ¿O que algún individuo de apellido Casteñeda, Meade, Ebrard o De la Fuente no contaría con más probabilidades de ingreso o ascenso que el resto de los mexicanos?
No obstante esta realidad, el régimen obradorista no se plantea la elección popular de funcionarios del Servicio Exterior. ¿Cierto? ¿Por qué? Sencillo: porque embajadores, cónsules, consejeros, secretarios y demás funcionarios no emiten sentencias que atentan contra decisiones de un régimen autoritario dispuesto a torpedear instituciones en nombre del “pueblo” de México.