El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recibió en la víspera una petición firmada --por puño y letra-- por más de 270 mujeres privadas de su libertad en el penal de “Santiaguito”, Estado de México.

En esta carta, le solicitan apersonarse en este Centro Penitenciario de Prevención y Reinserción Social ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, con la intención de revisar irregularidades sistemáticas en los procesos penales.

“Muchas de nosotras tenemos el dictamen del Protocolo de Estambul a nuestro favor, dictámenes que realizó el Consejo de la Judicatura Federal, así como la calidad de víctima desconocida y continuamos siendo ignoradas”, acusan.

Explican que hay casos donde se relatan y denuncian detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica o sexual, pero por carecer de una defensa oportuna, sus casos se encuentran en el abandono o simplemente no avanzan.

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“La presunción de inocencia en México es una falsedad, es más bien presunción de culpabilidad, pues nos han hecho parecer culpables sin opción a defendernos, pues ninguna prueba para el sistema penal acusatorio es suficiente cuando es presentada”, le explican al ministro.

Lelo de Larrea deberá acudir de manera pronta para cumplir con la solicitud de estas 270 personas --y otras 300 más-- debido a la política de defensa de los derechos humanos que impulsa a través de una propuesta de reforma al interior del circuito judicial.

Se sabe de sobra que estos casos son atendidos por el circuito judicial mexiquense, pero es justo aquí donde recaen prácticas que violan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Cae en el absurdo de mantener a personas inocentes con pruebas que no existen o acusaciones sembradas. Fuera de la lógica elemental, de que una persona no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, como se le acusa, por ejemplo, a la activista indígena Kenia Inés Hernández Montalván.

O, la veintena de casos estancados en las oficinas administrativas de Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, que representa el colectivo Haz Valer mi Libertad, casos vinculados y certificados para obtener el beneficio de la Ley de Amnistía, pero que el gobernador Alfredo del Mazo impide se destraben.

Justo hace un año, los familiares de esta veintena de víctimas del corrompido sistema de justicia mexiquense se pusieron en huelga de hambre en la plaza pública más emblemática de la entidad.

Fue el propio Sodi Cuellar quien llevó la voz del gobernador para que los activistas desistieran en arriesgar sus vidas y evitar una desgracia, fue así que se entabló una mesa para formular los mecanismos para que las víctimas obtuvieran su inmediata libertad.

Sodi Cuellar mintió y dejó comprometida la voz de Del Mazo.

Cabe recordar que el ministro Lelo De Larrea visitó el 11 de mayo a mujeres privadas de su libertad en la prisión federal femenil Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Conoció sus casos y gracias a este gesto integrantes del Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) se apersonaron.

Así, luego de 30 días de la visita, la primera mujer obtuvo su libertad, la persona ya había obtenido una pre-liberación pero, el papeleo administrativo del sistema de justicia provocó una inmerecida traba.

Apenas hace una semana, el propio presidente López Obrador se comprometió en acelerar el proceso de Amnistía que ha promovido desde su arribo a la silla presidencial; pero justo el cuello de botella está en el denominado “fuero común”.

Punto Cero

Son 14 los colegas periodistas asesinados en estos primeros ocho meses de los que va del año.

De manera lamentable ayer se confirmó el hallazgo del cuerpo del periodista Juan Arjón López en Sonora.

Es urgente garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Además de contribuir a que las familias afectadas accedan a la verdad, justicia y reparación integral del daño.