#SonoraPower por Demian Duarte

El asunto de los autos ilegales que circulan por las calles en las ciudades, pueblos, rancherías y prácticamente cualquier otro lugar en los estados del norte de México, y particularmente en los estados fronterizos, tiene muchos abordajes y esconde una problemática muy profunda, añeja y que representa un espejo de la enorme desigualdad que persiste en el país.

Como muchos de los grandes temas nacionales, es un asunto que tiene su origen en la corrupción, esa que se combate ahora de manera frontal por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, pero que tiene muchos expedientes abiertos en todos el país.

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Los carros ilegales, “chuecos” o “chocolates” son originados en la necesidad de la gente, pero están presentes en el país gracias a una enorme red de complicidades que sin duda comienza en las aduanas, pues por ahí han pasado los cientos de miles o millones de vehículos considerados en Estados Unidos como desechos en su vasta mayoría.

Originalmente uno los veía circular en las ciudades fronterizas, como las de Sonora, donde ver un auto con placas del vecino estado del Arizona, es quizá más común que ver vehículos con placas de nuestro estado. En San Luis Río Colorado, Agua Prieta o Nogales, esto es tan usual, que la gente no solo tiene un carro, tienen 2, 3 o hasta 4 según se ofrezca y es que son tan baratos del “otro lado” que se pueden comprar por 300 dólares los de modelos muy atrasados, o hasta por mil o 5 mil dólares los que vemos en las agencias.

Sin embargo, desde la primera legalización masiva que se dio en 1991, este tema se ha convertido en un asunto reiterativo, al grado de que ya las muchas organizaciones que importan, pretenden registrar y que simulan proteger a sus afiliados, están siempre a la expectativa de la próxima “regularización”.

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El hecho es que al tratarse de un problema tan masivo, no habrá nunca gobierno que tome una decisión en sentido contrario, proceder al decomiso es incendiar la región norte del país, porque al final de cuentas lo que sucede es que la autoridad estaría despojando a las personas de su patrimonio, ilegal, de desecho y lo que sea, pero al final de cuentas es su medio de transporte.

Hoy los cálculos más conservadores hablan de 1 millón 500 mil vehículos ilegales en el país; sin embargo, la realidad es que son muchos más: se estima que entre 6 y 7.5 millones de vehículos ilegales circulan por el país, tan es así que el lunes cuando le preguntaron al gobernador Alfonso Durazo de las dimensiones del problema no se atrevió a dar un número, solo dijo que es evidente que el volumen es alto.

En Sonora, que es mi estado, se asume que hay 1 millón 200 mil vehículos en esa condición y ciudades como Hermosillo, tienen la mitad de su parque vehicular (de 450 mil autos) en esa condición, otros casos son Cajeme o Nogales, que solo entre esos 3 centros urbanos suman al menos medio millón de unidades en esa condición.

El dato es interesante, porque eso representa ingresos estimados en 3 mil millones de pesos, de ellos al menos 500 vendrían a la capital, con lo que se podrán resolver enormes problemas y necesidades de infraestructura urbana.

Y la verdad es que este problema también ha resultado en una solución al problema del transporte, porque estados como Sonora no cuentan con una buena estructura de transporte urbano y la enorme mayoría de su población no dispone de los recursos para comprarse autos nuevos, de agencia.

De aquí que comprar un “carro chueco”, haya sido por décadas la salida mágica para cientos de miles de familias.

Ahora creo que la decisión del presidente de emitir un decreto para proceder a la regularización de esos millones de autos irregulares es la adecuada, no se pueden decomisar, no se pueden regresar a Estados Unidos  y para muchas familias el no tenerlos es equivalente a perder su fuente de ingresos o bien su modo de traslado.

Encima de ello, los vehículos “chocolates” en su estatus actual representan una plaga, primero porque al no existir un registro son los favoritos de los delincuentes para desplegar sus actividades criminales; segundo, porque su sola presencia contamina el medio ambiente, satura las calles y por ende desgasta la infraestructura vial, sin que sus propietarios deban pagar impuestos por ello.

De ahí que la salida de cobrar 2 mil 500 pesos por unidad regularizada, y utilizar ese dinero para resolver el problema de falta del pavimento y baches en las ciudades de los estados de la frontera es lo más razonable que hay. En ciudades como Hermosillo realmente tienen fuertes problemas de infraestructura y de falta de recursos, y la solución siempre ha estado ahí, solo faltaba voluntad política.

Ahora claro hay una rebelión de los distribuidores de autos nuevos y de los sindicatos patronales en contra de la medida ya decidida por el presidente López Obrador, a todos ellos les digo que no teman, quienes comprar carros ilegales, jamás de los jamases comprarían un carro en la agencia.

Correspondencia a demiandu1@me.com | En Twitter @Demiandu