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Mario Delgado, líder nacional del partido gobernante Morena, aseguró hace unos días que la empresa Marhnos, propiedad de la familia Mariscal Servitje, se vio beneficiada por Xóchitl Gálvez cuando la actual candidata a la presidencia de México le otorgó licencias y contratos cuando ella fue jefa delegacional en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
El presidente del partido guinda y blanco denunció que la empresa que dirige Nicolás Mariscal Servitje, había recibido licencias y contratos por parte de la delegación Miguel Hidalgo, cuando esta era presidida por la panista Gálvez y ahora el corporativo apoya la campaña de la hidalguense para que sea ella la ganadora en las próximas elecciones presidenciales del mes de junio.
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En 2017 la empresa Marhnos recibió la licencia para la construcción de un complejo inmobiliario de casi mil millones de pesos en la alcaldía Miguel Hidalgo, para el cual la entonces delegada Xóchitl Gálvez le otorgó las licencias y los contrato con el cual se edificó un complejo inmobiliario de tres torres con 360 departamentos.
Al parecer a la hoy candidata del frente opositor no le importó que desde hace varios años la Ciudad de México sufre de estrés hídrico, hay falta del vital líquido, por lo que no se entiende que se autorice la construcción de un complejo inmobiliario que esta ya complicando más la de por si escases de agua en la capital del país.
El grupo Marhnos no solo ha sido beneficiado por el gobierno de la delegación Miguel Hidalgo sino desde hace mucho tiempo cuenta con canonjías por parte de gobiernos priistas y panistas.
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El gobierno del expresidente Felipe Calderón concesionó la edificación del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, en Tamaulipas; el proyecto se realizó mediante la modalidad de Prestación de Servicios (PPS), esquema que permitió que la empresa Marhnos llevara a cabo el diseño, el financiamiento (a través de Dexia, institución crediticia internacional) y la construcción, además de que dio la pauta para que opere las instalaciones durante 25 años. El gobierno federal tendría que aportar al personal médico, de enfermería y de administración de servicios asistenciales.
El factor más adverso de este esquema hospitalario PSS ha sido que los inmuebles están subutilizados por la carencia de médicos especialistas además de que las decisiones sobre su ubicación se tomaron con criterios políticos y no técnicos; sin embargo, el concesionario privado no pierde porqué sigue cobrando al gobierno federal como si el inmueble estuviera utilizado al cien por ciento.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, operaba entre 25 y 30% de su capacidad, para el 2018 ya para el 2023 este inmueble hospitalario se encontraba a 40% de su capacidad.
El hospital de Ciudad Victoria, que desarrolló Marhnos, firma que preside Nicolás Mariscal Servitje empresario que también es parte del consejo de administración de Bimbo, cuyos dueños apoyaron a Felipe Calderón en campaña del 2006 y ahora a Xóchitl Gálvez recibieron 457 millones de pesos en el 2022; y adicionalmente del presupuesto salieron 365 millones de pesos para servicios personales y operación.
El periódico digital Animal Político publicó en octubre del 2018 una investigación sobre los hospitales APP y constato que “Cada año la Secretaría de Salud Federal pagaba 457 millones 800 mil pesos por la operación de los hospitales a las empresas operadoras. Este monto es prácticamente fijo y considera un 80% de capacidad ocupada, aunque en la realidad puede llegar a ser menor al 50%. El único hospital que supera la ocupación instalada es el de Oaxaca con 88.3% de las camas ocupadas”.
Otra concesión hospitalaria, concesionada a la empresa constructora de la familia Mariscal, fue en el estado de Yucatán.
El centro de salud de Ticul, fue planeada como un hospital de segundo nivel con 90 camas, y su construcción fue aprobada por el Congreso del Estado en 2012, durante el último año del gobierno de la priista Ivonne Ortega. Los legisladores autorizaron que se construyera bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios, es decir, que una empresa privada se encargue de esas labores y de su operación durante 25 años. A la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A.P.I. de C.V., y su obligado solidario, Marhnos Construcciones S.A. de C.V. le fue dado el encargo de la construcción y operación del hospital.
La inversión anunciada para la construcción del centro hospitalario fue de mil 173 millones de pesos, pero debido al contrato firmado con la empresa constructora, relativo al tiempo y la cantidad que el ejecutivo estatal pagaría anualmente, la cifra se elevó cinco veces.
En el artículo 3 del Decreto, se estableció que “el Congreso del estado deberá aprobar las asignaciones suficientes para no incumplir con las obligaciones de pago” de los contratos de PPS, durante los ejercicios fiscales que dure el contrato, es decir, en los siguientes 25 años.
El exgobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello, consideró desventajosas las condiciones financieras de ese contrato, que obligaba al gobierno del estado a pagar una compensación mensual de 19.75 millones de pesos -658 mil pesos diarios y 237 millones pesos al año- para un total de 5 mil millones 571,568 más IVA, al final de la vigencia del contrato en 2037.
La forma que planteó el grupo Marhnos para financiar el proyecto hospitalario fue a través de un fideicomiso que manejó un fondo de mil millones de pesos, provenientes de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD por sus siglas en ingles) que son instrumentos financieros de las Afores.
Los inversionistas formaron un fideicomiso irrevocable de emisión, administración y pago F/422, dueño del 70% de las acciones de Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP).
La constructora del proyecto del centro de salud de Ticul también contó con un financiamiento de Banorte y las condiciones de pago eran garantizadas con participaciones federales por medio del Fideicomiso Alterno de Garantía; cada uno, con inversiones para infraestructura y equipamiento de alrededor de 850 millones de pesos.
El principio de la disputa por el centro de salud entre el gobierno estatal y la empresa de la familia Mariscal se originó tras las críticas de los pobladores por el atraso en la construcción, por lo que el gobierno de Yucatán rescindió el contrato a la compañía por no haber cumplido con la entrega de la obra y el inicio de la prestación de servicios en los plazos establecidos.
Tras varios meses de negociaciones, la obra prácticamente quedó suspendida y, tiempo después, en mayo del 2015, el gobierno del entonces mandatario Rolando Zapata Bello, decidió cancelar el contrato con la empresa constructora.
La compañía Infraestructura Hospitalaria de la Península que dirige José Manuel Fortes recurrió a diferentes procedimientos jurídicos en contra de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), exigiendo el pago de más de 520 millones de pesos por la cancelación anticipada del contrato.
La empresa constructora interpuso dos demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para solucionar el conflicto: la primera fue rechazada y en el caso de la segunda el falló fue a favor de que la empresa pudiera cobrar las cantidades que invirtió en la realización de la obra, que ascendían a 723 millones de pesos.
En abril de 2017, la SSY se dijo dispuesta a pagarle 125 millones 51 mil 765 pesos a la empresa, pero la compañía constructora lo impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán.
En abril de 2021 el gobierno de la Cuarta Transformación junto con la administración estatal entraron en negociaciones por más de 15 meses con la empresa encargada de construir el hospital de Ticul, y al fin llegaron a un acuerdo para destrabar el asunto con el fin de que el nosocomio pudiera ser terminado.
El centro hospitalario ya no pertenecería al gobierno de Yucatán, sino que este centro de salud estaría a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Grupo Marhnos también ejecuta y gestiona concesiones de carreteras y autopistas y presta servicios a otros concesionarios para rehabilitar, mantener y operar autopistas que se evalúan bajo altos estándares de desempeño de nivel internacional. En ese contexto la empresa ha construido y rehabilitado más de tres mil kilómetros de autopistas.
Como vemos la compañía de la familia Mariscal Servitje, ha recibido muchas concesiones de parte sobre todo de gobiernos panistas y es por eso que está apoyando a la campaña de Xóchitl Gálvez.