La revocación de mandato es una de las reformas más significativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, si no se trata con cuidado el tema, esta reforma positiva para la democracia y para fortalecer la participación ciudadana, puede convertirse en un galimatías organizativo, financiero y político.
El Presidente López Obrador, da por hecho que en marzo del año próximo este mecanismo se activará, como una forma de legitimación de la segunda mitad de su gobierno. A simple vista parece sencillo, pero no es así. El texto constitucional deja dudas que minan la certeza del proceso y aún no existe ley reglamentaria. Tienen que aclararse aspectos importantes para que la revocación no sea ni una simulación ni un fracaso.
Entre otras cosas, la Constitución establece que para la revocación es necesario que el 3% (alrededor de 3 millones) de ciudadanos de por lo menos 17 entidades federales, donde a su vez por lo menos el 3% de la lista nominal de cada una de éstas, la soliciten por medio de un formato que emitirá el INE.
Los ciudadanos tendrán un mes para recabar firmas, que entregarán al Instituto para validarlas y emitir convocatoria.
El INE convoca, organiza, desarrolla, computa y emite resultados; además es el único que puede promoverla y difundirla. Está prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y para la difusión de la revocación. Los partidos están fuera. Ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión para influir en la opinión de los ciudadanos. Durante el proceso habrá veda, se suspenderán la difusión en medios de comunicación de propaganda gubernamental. El resultado de la revocación de mandato será por mayoría absoluta y los resultados serán obligatorios, siempre y cuando participe por lo menos el 40% de la lista nominal.
Se supone que quien pide la revocación es la oposición, pero en este caso no es así, el Presidente solicitará a sus seguidores que recolecten firmas para quitarlo.
¿Cómo convencer y organizar a los seguidores de AMLO a pedir su revocación?
¿Qué pasa si hay más de una iniciativa para recolectar firmas?
¿Qué ocurre si los recolectores de firmas unos están a favor y otros en contra?
¿Se suman las solicitudes o cada una de ellas tiene que llegar al 3% por su cuenta?
¿Cuál es el papel de los partidos políticos?
¿Cómo evitar la propaganda simulada?
¿Podrán formarse comités por el Sí y por el NO?
¿Cuántas casillas se instalarán?
¿Quién puede impugnar los resultados?
La lista de preguntas es larga. Si se desea que el próximo año la revocación de mandato se realice adecuadamente, urge que el Congreso apruebe su ley reglamentaria.
El Presidente debe considerar que los desafíos de la segunda mitad de su gobierno no son políticos. En todos los estudios de opinión la mayoría de la población desea que termine su mandato. Sus desafíos reales son el manejo de la pandemia, la recuperación económica y el mejoramiento de la seguridad.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
Mi Twitter: @onelortiz