Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que no ha lugar de declarar la validez del proceso de revocación de mandato porque no se cumplió con la participación electoral que la Constitución prevé, 40%. Ante la demanda de diversos partidos de anular el proceso, el magistrado presidente, además ponente, Reyes Rodríguez Mondragón determinó que no se puede invalidar lo que no tiene validez.

La resolución formal sobre la consulta de revocación de mandato tuvo lugar con prontitud. Algunos eran de la idea que antes era necesario resolver las querellas por las faltas de ciudadanos, empresas, legisladores y el desacato de autoridades; atenderlas hubiera significado prolongar la decisión por meses, cuando había un elemento determinante de invalidez del proceso, la insuficiente participación.

El INE tuvo un desempeño ejemplar. Sale fortalecido a pesar de la controversia y la confrontación del presidente López Obrador, de sus afines en el Congreso y de los gobiernos locales, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; la excesiva y sin precedente actitud hostil del dirigente de Morena, y la denuncia penal contra seis consejeros por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Todavía peor el decreto interpretativo para violentar el régimen restrictivo de publicidad y promoción de la consulta, un ejercicio inválido y contrario a la Constitución. También se ha fortalecido en su credibilidad y rigor jurídico el Tribunal Electoral, actor relevante para afirmar la legalidad y la constitucionalidad del proceso.

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Evidente error que la Cámara y la Secretaría de Hacienda impidieran que el INE obtuviera suficientes recursos para instalar el número de casillas al que la ley obliga. Sin duda, que solo hayan operado una tercera parte afectó la tasa de participación. La responsabilidad por el error fue de López Obrador y su partido.

Políticamente todos intentaron sacar provecho de la consulta. El presidente obtuvo un resultado favorable arrollador y un alto número de adherentes por la continuidad del mandato, aunque lejos de los 30 millones de ciudadanos que votaron por él; y que convalidara y legitimara el resultado, aunque no era la intención, benefició al organizador de la consulta. El estado con mejores números fue Tabasco.

También la oposición buscó sacar provecho de la consulta. Capitalizó que no se cumpliera con la participación ciudadana para que el proceso tuviera validez, además de que tuvo evidencia amplia sobre la ilegalidad de la actuación presidencial, su partido y autoridades afines para cuestionar el ejercicio todo, su resultado y a las autoridades implicadas.

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La etapa contenciosa no concluye con la determinación de invalidez por la Sala Superior del Tribunal Electoral, más bien inicia. Ahora debe darse vista a las autoridades competentes. Toca a Fiscalía General de la República en el tema de delitos electorales y al Tribunal Electoral en su sala especializada resolver sobre las múltiples quejas y demandas por violaciones reiteradas, sistemáticas y ostensibles antes y durante el proceso de consulta.

La consulta para la revocación de mandato no fue un precedente ejemplar sobre el sentido de la institución de participación ciudadana. Desde el inicio se tergiversó su propósito al transformarlo en ratificación. La enorme presión a la que fue sometido el INE con el propósito de desprestigiarlo y desgastarlo no logró su cometido. Los resultados en forma alguna justifican el esfuerzo económico e institucional. El legado más negativo es el precedente de irregularidades a las que se incurrió y que ahora obligan a las autoridades competentes a sancionar. Nada qué festejar. En su momento, el Constituyente permanente deberá hacer las modificaciones de fondo al régimen legal derivadas de una lección nada ejemplar.