Una vez más, la oposición mexicana recurre a voces en Estados Unidos con la intención de dinamitar la legitimidad del actual gobierno. Esta vez, lo hace apelando a los dichos estridentes del abogado de un líder del Cártel de Sinaloa. Antes de echar las campanas al vuelo, conviene recordar: esa película ya la vimos.
Desde que se supo que Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, alcanzó un acuerdo con el gobierno estadounidense para declararse culpable, se desató una ola de especulaciones. Voces en columnas y medios aseguraron que “cantaría” e involucraría a figuras clave de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, hasta ahora, esa versión solo tiene como respaldo las declaraciones mediáticas del abogado Jeffrey Lichtman. El litigante, envalentonado tras negociar la culpabilidad de su cliente —a cambio de convertirse en testigo protegido—, arremetió contra el gobierno mexicano. Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no debe ser informada de los acuerdos, bajo los argumentos de que en México se exoneró a Salvador Cienfuegos, se protegen a personajes del narco como ‘El Mayo’ Zambada y políticos de alto nivel han sido sobornados por el crimen.
Pero los antecedentes desmontan esas afirmaciones. En primer lugar, el exsecretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en 2020 en Los Ángeles por la DEA. A pesar de las acusaciones iniciales, el propio Departamento de Justicia de EE.UU. retiró los cargos apenas un mes después. Fue repatriado y exonerado en México por falta de pruebas.
En segundo lugar, la supuesta colusión de políticos mexicanos con el crimen organizado se basa en testimonios recabados por Lichtman durante la defensa de ’El Chapo’. Curiosamente, estos testigos apuntaron directamente a Genaro García Luna, secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, hoy condenado por narcotráfico en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
La acusación de que Sheinbaum actúa como “el brazo de relaciones públicas” de ‘El Mayo’ ignora por completo los múltiples llamados de la presidenta al gobierno de EU para obtener información sobre la detención de dicho criminal. Desde noviembre de 2024, solicitó al entonces presidente Joe Biden colaboración sobre ese caso, sin obtener respuesta, y ha reiterado su exigencia a lo largo de sus primeros ocho meses de mandato. .
Arrogante y victorioso, Lichtman insinuó que México no tiene derecho a pedir ser considerado o cuestionar el proceso legal de su cliente en EU. Un planteamiento no solo frío, sino abiertamente ofensivo contra la soberanía mexicana y su presidenta. Ofende también a Sinaloa, que desde hace casi un año ha padecido incertidumbre e inseguridad ocasionada por la confrontación entre ‘La Chapiza’ y ‘La Mayiza’.
Ante ello, la primera mujer presidenta calificó esas insinuaciones como “totalmente irrespetuosas”, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el “oportunismo mediático” de Licthman. La dependencia recordó que Ovidio fue aprehendido y extraditado por el Ejército Mexicano en 2023, durante operativo en el que perdieron la vida 10 militares.
Para colmo, la película de Lichtman es solamente una entrega dentro de su larga saga. Busca incriminar a figuras públicas para favorecer a sus clientes. Lo hizo en su momento con Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón e incluso al propio Andrés Manuel López Obrador. Nada ha sido probado a la fecha.
Dentro del gremio legal de EU, Lichtman es conocido por su estilo “sorprendente” y “sumamente entretenido”, mismo que podría asemejarse al de Saul Goodman, de la franquicia de Netflix ‘Breaking Bad’. Hace declaraciones espectaculares, fanfarronea en busca generar presión para beneficios legales de sus clientes, que suelen ser delincuentes de cuello blanco, defraudadores y criminales relacionados con el consumo de drogas.
Ahora, en un contexto tenso entre Estados Unidos y México —marcado por las presiones comerciales y migratorias de Donald Trump—, Lichtman, el Saul de El Chapo, se ha convertido en la esperanza de un sector político opositor mexicano que carece de liderazgos reales. A ese nivel de desesperación han llegado.
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El fútbol mexicano no puede seguir siendo rehén de represalias
En lugar de construir un mejor futuro para el fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) parece decidida a castigar a quienes piensan distinto. El comunicado del 9 de julio, en el que la FMF hace pública una investigación, aún no concluida a José Luis Higuera, por parte de la Comisión Disciplinaria, deja más preguntas que certezas. ¿Por qué se ventila un proceso en curso ante el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, antes de que haya una resolución oficial? ¿Con qué objetivo se difunde esta información en una reunión que debía centrarse en la Liga Expansión?
A quien hoy se investiga se le citó con apenas unas horas de anticipación, sin acceso real a las pruebas y sin el tiempo suficiente para ejercer su defensa. Eso no solo es irregular, es una violación al derecho humano de audiencia.
Todo esto se da, además, en un contexto en el que seis clubes han exigido —vía el TAS— el regreso del ascenso y descenso. Desde entonces, han perdido subsidios, sus representantes han sido sancionados por hablar y, ahora, enfrentan investigaciones opacas.
¿Coincidencia? Difícil creerlo.
El mensaje que se está enviando es claro y preocupante: quien cuestione, paga. Pero el fútbol mexicano necesita diálogo, no persecución; necesita instituciones fuertes, no castigos ejemplares disfrazados de legalidad. La transparencia y el respeto no deberían ser negociables. ¿Hasta cuándo se tolerará este uso político de los reglamentos?