A cinco años de haber sido promulgada la Reforma Laboral, su modelo de justicia sindical ha demostrado incapacidad en el cumplimiento de su objetivo principal: revitalizar a los sindicatos mediante procesos electorales limpios, transparentes, que materialice por fin la anhelada democracia sindical.

Pese a haber sido una ley de avanzada, aquella legislación otrora bien recibida por la clase trabajadora ha demostrado inoperancia, por carecer de mecanismos que obliguen un piso parejo en los procesos electorales sindicales y por la ausencia de un elemento clave para hacer de su ideario una realidad: voluntad política.

Así lo demuestran numerosas impugnaciones presentadas por maestros sindicalizados a los que se les ha vulnerado su derecho a ser electos en casi la totalidad de las secciones sindicales del SNTE, y cuyas quejas y denuncias han quedado estancadas en las dependencias impartidoras de justicia laboral.

Lo anterior, resulta inaceptable en momentos en que los trabajadores de la educación demandan mejores condiciones para cumplir con la calidad educativa que se les exige. En este contexto, su sindicato debería ser un actor protagónico para pugnar por ello, empero, su papel ha quedado en el pasado, nada que ver su desempeño con los propósitos transformadores que se planteaban.

En los albores de una transición hacia un nuevo gobierno, las candidatas presidenciales deben observar tal escenario, y ofrecer propuestas que ayuden a fortalecer dicho modelo de justicia laboral.

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Expertos en la materia plantean, por ejemplo, la urgencia de realizar modificaciones sustanciales, como regular el híbrido normativo Sindical del Apartado A y B, del Artículo 123 y 116 de la Constitución Política, y el Artículo 69 de la Ley Federal Burocrática que reglamenten la democracia y libertad sindical, a fin de establecer los criterios para que toda autoridad laboral, administrativa y sindical transparenten su actuar y rindan cuentas en los procesos de selección sindical.

Se requiere también regular la correcta representación de las minorías al interior de los gremios sindicales, y los recursos que estos destinan a procesos electivos, así como echar a andar una robusta estrategia de capacitación para que sus trabajadores conozcan la norma que les ampara.

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Aunado a lo anterior, se debe legislar para que los procesos burocráticos para la impartición de justicia de los tribunales de arbitraje federales y estatales, pasen a los poderes judiciales, a fin de limitar la politización de su actividad.

Es imperativo pues, abordar estas y otras ideas que contribuyan a fortalecer un modelo de justicia laboral que en verdad atienda las necesidades de las y los trabajadores del Apartado B, y acote el papel de los cacicazgos existentes.

Resulta incomprensible que en esta etapa de transformación que vive México tengan cabida todavía esas figuras que siguen utilizando facciosamente los recursos de los obreros, y lucrando con estos para satisfacer sus intereses personales, causando graves daños a los diversos sectores que dinamizan al país.

En este panorama adverso, el magisterio democrático vive uno de sus momentos más álgidos, por lo que debe intensificar las pugnas por democratizar al SNTE, para que este esté a tono con las nuevas políticas que tienden a construir una nueva cultura democrática en México.

Hoy más que nunca se requieren sindicatos con verdaderos líderes que sean auténticos interlocutores, capaces de articular la defensa de los derechos de sus representados al tiempo de contribuir a mejorar la calidad de vida que se le brinda a la sociedad mexicana.

Si bien, con la Reforma Laboral 2019 se ha cumplido una primera etapa hacia la transformación sindical, ha quedado claro que su modelo de justicia por sí mismo no podrá lograr la libertad y democratización sindical, por lo que, de cara a una segunda etapa de la transformación debemos preguntarnos ¿Cómo pondremos a tono a los sindicatos, con las instituciones democráticas que el país requiere?, esa es la cuestión que todos gobierno, instituciones y trabajadores, debemos resolver y superar.