En 1984 en la Ciudad de México y a plena luz del día, fue asesinado quien en ese momento era uno de los periodistas más reconocidos del país, Manuel Buendía. El crimen se le atribuyó al entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, Antonio Zorrilla Pérez, al que se le dictó una sentencia de 25 años de prisión por el atroz crimen.

En las carpetas de investigación de la DEA, un testigo señaló como responsable de dar la orden al entonces Secretario de Gobernación del sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett; quien pasó después a ser Gobernador de Puebla, Senador, Diputado Federal y hoy es el Director de la CFE en el gobierno de la transformación; donde mucho se critica a las mafias del pasado, pero se solapa, protege y premia, a este tipo de personajes. Si bien Bartlett nunca fue inculpado, si sigue siendo señalado de corrupción por sus múltiples propiedades, y la opacidad en el otorgamiento de contratos del área que actualmente dirige.

Hoy, a casi 30 años de aquel atroz crimen que intentó silenciar al periodismo en México, las cosas siguen sin cambiar; es más, pudiéramos decir que para términos de dicha profesión, están aún peor.

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Tan sólo en los últimos 10 días, 3 periodistas han sido asesinados en territorio nacional. José Luis Gamboa en Veracruz, el fotoperiodista Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California. Los 3 crímenes en estados gobernados por Morena.

El último de ellos, el de Lourdes Maldonado, es el que nos hace recordar mucho del caso Buendía, porque la periodista hizo público su temor a ser asesinada por un hombre cercano al poder, como lo es el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; con quien tenía una disputa por un laudo desde hace algunos años, que apenas hace unos días había ganado.

Y aunque no se puede concluir sin investigación de por medio, que Jaime Bonilla, el mismo hombre que quiso manipular la Constitución para extender su mandato por un periodo mayor al que fue electo, sea el responsable del crimen, sí es una persona que se beneficia directamente por lo sucedido.

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El Presidente López Obrador, en algo que ya se está haciendo una desafortunada costumbre, aprovechó su mañanera para desmarcar a Bonilla del suceso, diciendo que no se le puede relacionar con lo ocurrido. Cuando por el contrario, si se le puede relacionar porque había una acusación directa de la hoy víctima contra este político, y porque con el asesinato, Bonilla podría terminar beneficiado, por lo menos en términos económicos; por lo que una de las líneas de investigación que las autoridades deberían seguir, es precisamente la de su probable participación. Termine o no siendo culpable, son las autoridades y una investigación seria la que deben deslindarlo, y no solo los dichos de una conferencia mañanera.

De antemano, el gobierno de la 4T debería desmarcarse del ex mandatario estatal, que ha causado más polémicas y enfrentamientos, que logros y cosas positivas a favor del proyecto del presidente, quien sigue gozando de una gran popularidad y confianza de la ciudadanía. Lo que provoca que varios de sus allegados se cuelguen de él y abusen de sus posiciones de poder; algo que a la larga, le puede terminar mermando de más a AMLO.

De supuestos abusadores como Salmerón y Salgado Macedonio, corruptos como la pareja Bejarano o el mismo Bartlett, a personajes impresentables que en la embriaguez del poder, terminan siendo señalados como personas capaces de amenazar la vida de otras personas. La mañanera del Presidente no puede convertirse en el tribunal en donde se exonere a los suyos y se sentencie a los otros. Para seguir teniendo credibilidad se debería pregonar con el ejemplo.

Preocupante seguirá siendo que como desde hace casi 30 años, pareciera que México libra una guerra, pero no contra el crimen, sino contra el periodismo crítico que amenaza los intereses de los grupos del poder. Sin que por el momento haya una estrategia que garantice mejores condiciones, y prevenga este tipo de delitos que atentan contra la libertad de expresión, y el derecho a la vida de comunicadores y ciudadanía en general. Es México y su impune guerra contra el periodismo.