De acuerdo al artículo Décimo Primero Transitorio de Decreto del primero de mayo de dos mil diecinueve, por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos de trabajo vence básicamente el próximo treinta de abril de dos mil veintitrés.

Esta obligación para legitimar los contratos colectivos también viene establecida en el capítulo veintitrés del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en su anexo veintitrés-A.

Este ejercicio de democracia sindical tiene como objeto que los trabajadores ratifiquen por medio del voto el contenido de los contratos colectivos que tengan sus sindicatos depositados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto en las locales como en las federales.

Las disposiciones en esta materia determinan que, si la mayoría de los trabajadores emite su sufragio en el sentido de ratificar el contrato colectivo, la autoridad competente, en este caso el ahora Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, expedirá una constancia de mayoría que servirá como el sustento para que los sindicatos puedan acreditar la legitimidad de los contratos colectivos que tengan a su favor.

Aquí vienen las primeras dos interrogantes surgidas de la ambigüedad en el marco normativo que regula la legitimación de los contratos colectivos.

En primer lugar, se estipula que el voto deberá ser personal, libre, directo y secreto. Esto quiere decir que ya no se tomará en cuenta el principio de representatividad sindical cuya esencia no sólo tiene una connotación constitucional sino también un atributo y una función de eficacia.

¿Dónde quedará el oficio de una sección sindical en una revisión de contrato colectivo? No podría sufragar, pues el voto no sería directo; si lo hiciera, tendría que garantizar a los agremiados que se votaría en el sentido encomendado, lo que haría que el voto no fuese ni secreto ni directo.

De lo anterior se desprende a todas luces una sobrerregulación de la libertad sindical. El voto siempre debió haber sido libre. Y nada más. Sin embargo, es sabido por todos que la reforma laboral en materia sindical fue una de las tantas concesiones que hizo la administración pasada a los Estados Unidos para lograr la firma de T-MEC.

El capítulo veintitrés del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en su anexo veintitrés-A fue redactado por sindicalistas y laboralistas estadounidenses y revisado por nuestros representantes, que nunca entendieron que no entendían nada sobre Derecho Laboral.

Otra complejidad en este asunto radica en la constancia de mayoría. La norma establece que se expedirá al sindicato la constancia de mayoría si la mayoría de los trabajadores que acudan a votar si ratifican o no el contenido de su contrato colectivo de trabajo votan a favor del mismo. Sin embargo, no se decreta en qué sentido interpretar a qué mayoría se refiere la ley: ¿mayoría de sindicalizados, mayoría del tabulador, de la planilla total de empleados, de los que acudan a votar?

Todo esto sumado a que de los casi seiscientos mil contratos colectivos de trabajo que se tienen depositados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto en el ámbito local como en el federal, únicamente se han legitimado a la fecha cerca de mil quinientos, es decir, ni siquiera el uno por ciento de los contratos referidos ha sido legitimado.

Y el plazo vence en un año, un mes y veintiún días.

Aquí es donde sería bueno que tanto el canciller Marcelo Ebrard, como el nuevo presidente de Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se pusieran las pilas.

Cervantes ya aseguró que no es momento de reyertas entre la iniciativa privada y el poder. Quizás por el momento no lo sea. Aunque como liberal considero imprescindible y fundamental que el poder del Estado se mantenga acotado por contrapesos y limitantes; no obstante, también pienso que hay momentos en que se debe ponderar a la conciliación y la reconciliación para alcanzar objetivos comunes. Y el plazo para legitimar contratos colectivos puede ser un problema que afecte tanto a nuestro gobierno, como a las empresas, a los sindicatos y a los trabajadores de México.

Porque ojo: no se logrará cumplir con el compromiso. Es imposible. No hay los bastantes funcionarios ni los recursos necesarios ni mucho menos el tiempo suficiente para que se logren legitimar más de medio millón de contratos colectivos en un año, ni se ha logrado la conciencia para que exista la voluntad requerida para hacerlo.

Por otro lado, es importante destacar que actualmente las relaciones entre Estados Unidos y México no están pasando por su mejor momento. No sólo por la respuesta que se ha dado de nuestra parte a observaciones o críticas que han realizado los norteamericanos, sino también porque ellos mismos ya han manifestado que la relación diplomática se encuentra actualmente un tanto magullada.

Dicho esto, creo que el contexto le brinda a Ebrard Casaubon una ventana de oportunidad que no debe desperdiciar: acudir a negociar como nuestro canciller una prórroga al plazo establecido para la legitimación de contratos colectivos de trabajo en México. Que lo haga en nombre y representación de los sindicatos, empresas y trabajadores mexicanos, apelando a la salvaguardia de la estabilidad laboral en las fuentes de trabajo en nuestro país y al aseguramiento de la productividad en nuestra economía.

Esta prórroga no se estaría solicitando si no hubiésemos tenido dos años de una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor como consecuencia de una pandemia.

Reactivada nuestra economía, el foro para concientizar sobre la importancia de legitimar los contratos colectivos de trabajo será más receptivo.

Esperemos que nuestro secretario de Relaciones Exteriores defienda al trabajo en México, como no lo hicieron los priistas el sexenio anterior.

Obreros y patrones le estarán agradecidos. Y todo esto en vísperas de las próximas elecciones presidenciales.