Este fin de semana se dio a conocer la noticia de la detención de Tito Delfín, exalcalde de Tierra Blanca, Veracruz, quien se encuentra contendiendo para la presidencia estatal del PAN en dicha entidad.
Tras su captura por parte de agentes ministeriales que cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado, el panismo veracruzano y algunos liderazgos nacionales comenzaron a expresar su indignación, señalando al gobierno estatal de represor y autoritario, por presuntamente querer interferir en los procesos internos de dicho partido.
Casualmente, el grupo Yunes sería favorecido con esta acción, no solo por su victimización, sino porque la segunda en la fórmula de Tito es una persona incondicional a ellos, la senadora con licencia Indira Rosales, quien con su salida, terminó dándole su curul a Morena y que, de ganar, seguramente manejará el partido a conveniencia de sus jefes políticos.
Poco se dice además, que la detención proviene de una denuncia hecha en mayo del 2017, periodo en el que el PAN estaba al frente del gobierno estatal y tenía a su propio Fiscal, mismo que no desestimó ni cerró el caso, ya que en su momento el mismo Delfín, era una voz disidente dentro de su partido y contraria al grupo del entonces gobernador Yunes Linares.
Aunque hay que recordar también, que no es el primer líder opositor que es detenido en Veracruz. Antes de la elección también se ejecutaron ordenes de aprehensión en contra del ex secretario de gobierno estatal y líder del PRD, Rogelio Franco, así como de otros candidatos de la Alianza Va por México, quienes al día de hoy, siguen su proceso desde el penal.
A pesar de ello, la indignación panista pierde toda credibilidad y legitimidad cuando ellos mismos, en el pasado y presente, han hecho uso de las mismas tácticas para reprimir a sus adversarios y conservar el poder. Lo vimos en Tamaulipas en el pasado proceso, en donde infructuosamente, el actual gobernador hizo de todo para poder influir en los resultados, deteniendo a operadores electorales de otras fuerzas políticas. Lo vemos hoy en Guanajuato cuando un diputado panista es dejado en libertad, solo porque la autoridad local tuvo a mal reclasificarle su delito de violación.
Pero además, el reclamo de Acción Nacional, y sus liderazgos, es incongruente porque desde su mismo partido se reprimen los derechos de la mayoría de los militantes, solo para poner por delante los privilegios de los mismos grupos de siempre.
En el mismo estado de Veracruz, el proceso interno para elegir al candidato panista para la alcaldía del puerto jarocho terminó en un zafarrancho; en donde no dejaron votar a muchos militantes, con tal de que el actual alcalde pudiera dejarle la silla encarga a su cuñada.
Este tipo de prácticas autoritarias y en contra de sus mismos seguidores, que terminan convirtiéndose más bien en súbditos, lo han hecho en Puebla con los Moreno Valle, en Tamaulipas con los Cabeza de Vaca, en Veracruz con los Yunes, y hasta en Michoacán, cuando siendo Presidente, Calderón envió de candidata a gobernadora a su hermana.
Ya ni siquiera hablemos de las veces en que los gobiernos del PAN, a falta de resultados, utilizaron la bandera del combate a la corrupción para distraer a la población; muchas veces violando el debido proceso, y utilizando el aparato de justicia a su favor para acallar y mantener fuera de operación a sus rivales políticos.
Hoy el PAN, antes de reclamar debería de hacer una autocrítica. Si su causa es real, y han decidido emprender una auténtica lucha en contra de la represión y el autoritarismo, deberían pregonar primero con el ejemplo; cerrándole la puerta a aquellos liderazgos que se han enquistado en el poder y que pretenden seguir viviendo a costa de toda su militancia, en lugar de seguir dándoles candidaturas elección tras elección. Mientras eso no suceda, poca validez y credibilidad tendrán sus reclamos, porque estarán solapando que la verdadera represión contra el PAN, la hagan algunos pocos, pero privilegiados panistas.