La reforma judicial es una de las más importantes que se ha hecho a nuestra Constitución. En estas breves líneas, queremos explicar en qué consiste y cuáles son sus riesgos y posibles ventajas.

Aunque mucho se ha hablado de ella, desde el 15 de septiembre, que fue cuando se aprobó, en realidad persisten muchas incertidumbres respecto a lo que va a suceder y cómo puede afectar en la vida de las personas.

En primer lugar, hay que señalar que la reforma se dio en los dos niveles, federal y local. De aquí que se pueda afirmar que es una reforma integral que involucra a todos los poderes judiciales del país. Sin embargo, hasta ahora, son 12 Estados los que no han hecho su reforma constitucional, por lo que no tendrán elecciones de jueces y magistrados locales en este año y deberán elegir a todos en el 2027.

En cuanto a su contenido, el principal cambio consiste en que todas y todos los jueces del país, van a ser electos directamente por la población. Esto va a darse en dos fases, una parte en el 2025 y el resto en el 2027. Anteriormente las y los jueces eran designados conforme a una carrera judicial, es decir a través de exámenes y cumpliendo determinados requisitos de permanencia y desempeño.

La razón que se ha aludido para justificar este cambio, ha sido la conveniencia de que la sociedad conozca mejor a sus jueces y que se combata la corrupción. Para tener una idea, el número total de personas a elegir entre los dos procesos será de alrededor de 4000 personas.

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Si se van a lograr estos objetivos es algo que difícilmente puede saberse, ya que, por un lado, no existe ningún país donde todas y todos los jueces sean electos y por otra, la elección no es un mecanismo directo de combate a la corrupción. En cuanto a si la sociedad se interesará más por sus jueces parece que eso sí sucederá, pero mucho va a depender de cuánto logren darse a conocer los candidatos y del interés que se genere en la sociedad, por ahora esto parece incierto.

Existen otros cambios en la reforma, que se refieren a aspectos internos de los poderes judiciales. Uno de ellos es el que el órgano responsable de la administración, que normalmente se le llama Consejo de la Judicatura, va a quedar separado del órgano jurisdiccional. Otro es que este órgano de administración, ya no va a ser el responsable de vigilar el desempeño de jueces y magistrados, ahora se va a crear un tribunal de disciplina judicial, con facultades de revisión y de sanción. Esta reforma busca fortalecer al órgano responsable de vigilar a las y los jueces y magistrados.

Estos son los cambios generales más relevantes.

En cuanto a la Suprema Corte hay algunos otros cambios, también de estructura, como el que se reducirán el número de ministras y ministros de 11 a 9 y que ya no trabajará en dos salas, sino solamente en un pleno.

Ahora bien, en cuanto al impacto que esto puede tener en la vida de las personas, más allá de lo complejo que va a ser votar el próximo 1 de junio, cuando cada votante tendrá que llenar entre 10 y 12 boletas, en realidad lo que está en juego es la calidad de las y los jueces que van a resultar electos y si van a tener suficiente independencia.

Hay que tener presente que la labor judicial implica preparación e imparcialidad. Esto es lo que está en riesgo y mucho dependerá de la activa participación de la sociedad al elegir a las personas indicadas. Por eso, coincidimos, con quienes señalan la importancia de invitar a la sociedad a tomar un papel activo en estas elecciones.

Estamos viviendo un episodio de la vida nacional inédito y desconocido que ha levantado muchos cuestionamientos, sin embargo, no podemos dejar de mencionar como una de sus ventajas el que ha puesto en el foco de atención al Poder Judicial, que había estado muy lejos de la sociedad por largo tiempo y que esto puede suponer un avance, siempre y cuando logremos que las mejores personas ocupen los cargos judiciales a elección.

  • Director del Semanario Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia y Coordinador de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, actualmente dirige el Centro Jurídico para los Derechos Humanos.