Buena parte del país se ha instalado en un sentimiento de guerra. Como tal, su efecto es excluir al otro, minar el fundamento de la democracia, la coexistencia de la diversidad. Su otra consecuencia es el imperio de la propaganda sobre la verdad. La causa todo lo justifica, incluso pasar por encima de la ley y de la Constitución. Es preciso subrayar que la parte activa de tal proceso viene del poder presidencial, se opera abiertamente, con todos los recursos a su alcance, que no son pocos ni menores.

La oposición no ha tenido la fuerza política para contener la embestida. Los factores de influencia y poder, tampoco; para las élites es complicado enfrentar al presidente, especialmente cuando hay abuso y exceso contra críticos y opositores. Como pocas veces se emplean discrecionalmente los instrumentos del Estado para someter, intimidar y reducir a los opositores. La sociedad está indefensa.

Para el régimen y sus voceros en medios el tema de la legalidad se hace pasar por la disputa entre el proyecto al servicio de los pobres contra el de los conservadores en búsqueda de proteger sus privilegios. Que el presidente lo diga es preocupante en extremo, todavía más que voces aparentemente sensatas lo reproduzcan con cinismo.

La salvaguarda de derechos no tiene ideología; igual puede servir para proteger la propiedad privada, incluso la gran propiedad, que el derecho de los más desvalidos. Es una perversión mayor del régimen hacer de toda disputa judicial un tema de la lucha de los pobres contra los privilegios. La iniciativa de recurrir al juicio de amparo frente a los actos inconstitucionales de la autoridad, así como las determinaciones del juez para suspenderlos, para el presidente son embestida de los intereses aviesos contra la nación.

Preocupa el silencio de muchos en el caso de la agresión presidencial contra el juez de distrito, la falta de respuesta equivalente por parte del Poder Judicial Federal que haga entender que el juzgador actúa en cumplimiento de la ley. Si fuera el caso de alguna inconformidad, el Consejo de la Judicatura es la instancia para atenderla, proceder a la investigación y a la sanción respectiva, de ser el caso. No puede aceptarse que la calumnia presidencial sobre el juzgador cobre fuerza ante el silencio de los demás, incluso de aquellas voces representativas de la sociedad civil.

Este gobierno reitera su determinación de violentar la legalidad. Ocurre en el plano electoral con su desentendimiento de los términos de campaña y de las restricciones a que están obligadas las autoridades; en el económico, con la inconstitucional Ley Eléctrica; en el administrativo, con las asignaciones directas y la declaratoria infundada de la obra pública como seguridad nacional; y en el de seguridad pública, al pretender adscribir vía decreto la Guardia Nacional a la Sedena, o al eludir su responsabilidad con la política de abrazos no balazos.

El presidente no tiene atribuciones por encima de la Constitución para poder asignar a la guardia nacional a la Sedena. El artículo 21 es preciso al respecto, “la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”. Por si fuera poco, el texto constitucional señala: “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. La ley reglametaria determina en el artículo 4 que “la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)”.

El desdén por la legalidad mina los fundamentos de la convivencia civilizada. La ley es garantía para todos; especialmente para el ciudadano frente al abuso del poder. La apuesta es que lo arbitrario se mantendrá debido a la lentitud de la justicia para revertir los actos inconstitucionales del presidente y al temor del juzgador de enfrentar al poderoso. Una se resuelve con el tiempo; el miedo, no tiene remedio.