“Toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana.”

RALPH WALDO EMERSON

“Desde la aparición del Estado constitucional y más completamente desde la instauración de la democracia, el demagogo es la figura típica del jefe político en Occidente.”

MAX WEBER

Es menester comenzar por decir algo que, si bien debiera ser obvio, en estos tiempos en México se ha dejado de considerar: ser popular NO es sinónimo de experiencia, de calidad, de pertinencia o de honestidad. Ciertamente tampoco de contar —ya sea hablando de una persona o de una estructura— con todas las respuestas y las adecuadas soluciones a las problemáticas.

El gobierno y equipo de trabajo que se desprende de una figura popular no garantiza eficiencia ni respeto al Estado de Derecho. Y hablando de la 4t, lo anterior es evidente. Por querer quedar bien con el jefe, se hace a un lado la división de poderes y la razón de ser de cada uno de estos, al grado de publicar un comunicado que más parece una mala broma a uno signado por la Consejería Jurídica del la Presidencia de la República.

El escrito en cuestión, haciendo gala de una ignorancia supina, argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación —al querer invalidar el proceso legislativo que aprobó “el Plan B” electoral de López Obrador— pretende sustituir al Congreso de la Unión. La notificación dice: “Al tratarse de un poder derivado, SIN LEGITIMACIÓN POPULAR, la SCJN [las mayúsculas son mías] no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, SIEMPRE Y CUANDO SEAN RESULTADO DE LA VOLUNTAD MAYORITARIA de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.

Las columnas más leídas de hoy

El anterior comunicado me obliga, entonces, a desenmascarar las pretensiones del Ejecutivo federal. La forma cómo la Presidencia pretende desvirtuar el proyecto de resolución de la SCJN es sumamente grave; a la vez existe una abierta presión a los ministros que conforman el tribunal supremo. Se les quiere forzar a acatar la voluntad de Palacio.

En su justificación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal olvida que una de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente corregir los excesos o pifias cometidas ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo. La democracia constitucional que —todavía— rige en nuestro país OBLIGA a la Suprema Corte —entre otras responsabilidades— a dirimir sobre la posible contradicción entre un proceso legislativo, una norma de carácter general o una acción gubernamental y la Constitución general de la República (tal y como lo establece el Art. 105, fracción II de nuestra Carta Magna). Y eso es precisamente a lo que se ciñe el proyecto de resolución que esta semana se discutirá en el seno de la SCJN al respecto de la reforma político electoral que ha producido el Congreso (mejor conocida como Plan B).

Se sugiere a quienes forman parte de la Consejería Jurídica retomen sus apuntes de Derecho Constitucional y de paso lean también la Constitución. Así podrán recordar (o aprender; cualquiera de las dos cosas estaría bien) que la Corte analiza y resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes promovidas por el Ejecutivo y/o votadas por el Legislativo (lo que abarca el proceso legislativo que da origen a dicha nueva norma). El no hacerlo sería permitir que los legisladores de la 4t pisoteen la Constitución, a lo cual estos siempre se prestan gustosos.

También puedes leer

Tristemente, tanto los legisladores de Morena y partidos asociados, como ahora la Consejería Jurídica, dan muestra patente de conducirse pisoteando la ley. Los primeros por el desaseo de su trabajo alejado del marco legislativo. La segunda por sostener que la Corte transgrede sus funciones y/o las del Congreso.

Pero ahí no termina lo que hay que denunciar con respecto a la 4t. Hay también un fuerte ingrediente de demagogia por parte de Ejecutivo federal que hay que comunicarle a los mexicanos: las reformas que la 4t llama neoliberales fueron progresistas y, además, fueron discutidas —¡¡¡esas sí!!!— tanto en comisiones como en el pleno del Congreso allá por el año 2013. Recordarles que en ese entonces sí se llevó a cabo el ejercicio de “parlamento abierto”; todas las fuerzas políticas, varios expertos y muchos más actores pudieron contribuir con sus opiniones en esos procesos legislativos (que eso no fuera suficiente para darles permanencia a partir del 2018 es asunto distinto).

Es un hecho —imprescindible de dejar claramente asentado—: la SCJN NO tiene porqué o para qué ser popular o contar con la legitimidad que confiere el voto popular. La designación de los ministros del tribunal máximo, como lo señala la Constitución (Art. 96), NO tiene porqué ser por voto popular ni los ministros de la SCJN ser representantes populares. Los ministros de la SCJN deben ser verdaderos conocedores de la ley (lo que evidentemente no ocurre con esta Consejería Jurídica de la Presidencia); unos cuyas resoluciones y desempeño vaya más allá de los deseos del titular del poder Ejecutivo. Que cuando se manden ternas al Senado para se nombrados ministros del tribunal federal, se busque sean personas honorables, apartidistas, apolíticos y con un amplio conocimiento del derecho (mismo así a veces se cuelan impresentables como es la ministra Yasmín Esquivel).

No entenderlo o sacarlo de contexto, como lo hace el comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia es, en primera instancia, ignorancia y demagogia. Como segundo aspecto es ROMPER el orden constitucional y —lo que siempre he sostenido con respecto a AMLO y su 4t— preparar un GOLPE DE ESTADO que se consumaría desde el Ejecutivo federal contra el Poder Judicial.

Distintos miembros de la 4t traen la consigna de reventar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eso ya no tengo duda. Saturarlos de trabajo como han venido haciendo y cuestionar su legitimidad legal (valga la redundancia) son formas de hacerlo.

Si se piensa un poco —cosa que los obradoristas no hacen usualmente— la SCJN es el poder más legítimo de los tres que conforman a la Unión. ¿Por qué? Porque es el que simple y sencillamente más se ha ajustado a lo que establece la Constitución y no a los caprichos de las personas o de los tiempos políticos.

En un sistema electoral de corte democrático, la mayoría simple es la que elige al poder Ejecutivo y la composición del Poder Legislativo, mientras que el Senado de la República (a propuesta del primer mandatario) designa a los ministros de la SCJN, máxima instancia del Poder Judicial.

La popularidad en el primer y segundo casos NO es sinónimo de que se haga una elección correcta. Hay ejemplos a lo largo de la historia; López Obrador es uno de ellos. Un gobernante que llegó por la vía democrática pero que NO ha querido ni ha podido gobernar (ejercido el arte de gobernar) de forma democrática y, sobre todo, legal. La legitimación popular, como la de López Obrador, está sobrevaluada.

P.d.

Por cierto, hablando de esa “voluntad” palaciega, López Obrador olvidó la investidura presidencial ya que para el desfile del 5 de mayo, la invitación federal por parte del Ejecutivo federal (la Sedena, para ser más precisos) al presidente de la Cámara de Diputados (Santiago Creel) y a la presidenta de la SCJN (Norma Piña) simplemente no se dio. Si eso no merece prender todas las alarmas en México, no sé que lo sea.