Seguramente por los esqueletos en el clóset de buena parte de los políticos y empresarios prominentes no se ha levantado la voz de alarma por la ilegítima práctica de utilizar a la justicia penal como instrumento desde el poder para lograr objetivos políticos. Es claro que la manera de reventar a Alejandro Moreno y Rubén Moreira por parte del régimen fue amedrentando con los procesos penales en su contra, el primero desde la Fiscalía General de Campeche y el segundo por la Fiscalía General de la República. Los legisladores cuentan con fuero y se requiere que la mayoría en la Cámara vote el retiro de la protección procesal. Lo que preocupa también es el escándalo asociado a los casos judiciales.

El 3 de septiembre se integró con cuatro diputados la Sección Instructora de la Cámara, instancia que debe realizar las valoraciones que presenten las fiscalías para que en su momento el pleno decida retirar el fuero. El tema es que Morena ni sus aliados tienen mayoría: dos son de Morena, Jaime Humberto Pérez (presidente) y Leonel Godoy; dos de la oposición: José Elías Lixa del PAN y Rubén Moreira del PRI. Antes, Alejandro Moreno fue removido de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y reinstalado una vez que dio su aval a la iniciativa de extender el tiempo por el que el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas regulares en tareas de seguridad pública.

La práctica de la extorsión se dio desde el inicio del gobierno. Tiene dos dimensiones: la mediática y la legal. Para la primera, la mañanera presidencial ha sido el instrumento. A nadie benefician los dardos venenosos del presidente López Obrador a directivos de órganos autónomos, jueces, ministros, periodistas, empresarios, exfuncionarios y ciudadanos. El daño moral o reputacional que ocasiona es significativo, mayor al que se pueda imaginar. La parodia Martes del Jaguar, a cargo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores fue un mal remedo de lo que indebida e ilegalmente ya hacía el presidente.

El hecho es que la difusión de las grabaciones de diálogos del presidente del PRI minó su autoridad y, finalmente, le llevaron a someterse en un acuerdo para emprender un trabajo legislativo a la medida del oficialismo. Por su parte, la gobernadora suspendió la divulgación de las expresiones vulgares e incriminatorias del dirigente del PRI. Queda claro que la denuncia contra los supuestos abusos, complicidades y excesos de Moreno, era una extorsión.

La extorsión es la negación de la política. Recurrir a ésta no es nuevo. Llama la atención la manera como ha ganado terreno, se hace abiertamente y no a trasmano, además de volverse recurso regular del poder, sin que merezca mayor señalamiento. Doblar diputados a través de este recurso resultó más fácil y simple que ganar votos suficientes en la elección intermedia. En el Senado ahora mismo es el medio para vencer, no para convencer.

Se viven momentos muy preocupantes de degradación de la política. Se sabe que es un oficio rudo en el que se emplea todo recurso para lograr objetivos, empero la pérdida de sentido de los límites debe alarmar. Estamos ante el caso de que el fin justifica los medios, incluso los de naturaleza clara y evidentemente ilegal. Disminuir el estándar ético de la política es hacer de ésta lodazal en el que se regocijan los más habilitados para nadar en la inmundicia.

La discusión sobre la reforma al transitorio 5º constitucional merecía una mayor reflexión porque refiere al asunto que más preocupa a los mexicanos: la seguridad. Las medidas desesperadas o acciones ejemplares no son solución. Así ha estado el país por mucho tiempo ante una batalla perdida a pesar de los esfuerzos y los recursos utilizados.

La política, y más en el Congreso, es el espacio natural para la discusión de los problemas nacionales y la construcción de respuestas que atiendan la representación diversa que ahí coexiste. La extorsión como vía para la construcción de mayorías legislativas, signo ominoso de nuestros tiempos.