Hace veinticinco años, se llevó a cabo la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, lo que implicó transferir aproximadamente 26,720 kilómetros de vías férreas al sector privado. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca restablecer la importancia del Estado mexicano en la industria ferroviaria.

El presidente ha propuesto la idea de nacionalizar tanto la industria minera como las vías del ferrocarril. Estas propuestas han generado un intenso debate político, especialmente con la oposición del país. Sin embargo, las razones por las cuales la oposición se opone a la nacionalización de las vías del tren han contribuido a clarificar la postura política del gobierno de López Obrador.

Para el presidente, la nacionalización de las vías ferroviarias y la minería simboliza la voluntad de un país de asegurar el control, los beneficios y el desarrollo equitativo de recursos estratégicos. Al garantizar una mayor intervención estatal en estos sectores, se busca promover el bienestar y la prosperidad de la nación en su conjunto.

El rechazo a la nacionalización por parte del PAN, PRI, PRD y MC se basa principalmente en su defensa de los principios del libre mercado y la iniciativa privada. Estos partidos políticos han basado su proyecto político en la participación del sector privado para fomentar la competencia, la eficiencia y el crecimiento económico. Sin embargo, esto ha llevado a dudas sobre la intervención del gobierno mexicano y a ganancias concentradas en manos de unas pocas familias. Además, argumentan que el gobierno no debería intervenir en la economía de manera excesiva y que la nacionalización podría llevar a un control estatal excesivo e ineficiencia en la gestión de los recursos. Estos argumentos se contradicen cuando se observa que los contratos con empresarios suelen ser la fuente de ingresos para los magnates mexicanos, donde la intervención del Estado parece ser menos relevante cuando se trata de beneficiar a los empresarios.

Desafortunadamente, estos argumentos son una mezcla de la línea ideológica del PAN y los actos de sus administraciones. En las últimas semanas, las justificaciones para oponerse a la nacionalización han sido menos elaboradas y carecen de fundamentos. Esto es paradójico, ya que históricamente se han autodenominado tecnócratas y han incitado a la gente a votar por expertos en economía, pero ahora deciden ignorar que las vías ferroviarias y la minería son dos sectores estratégicos que simbolizan el desarrollo económico y la soberanía de una nación. La nacionalización promueve el bienestar y la prosperidad de la nación en su conjunto.

El objetivo del gobierno de AMLO es garantizar que los recursos naturales estratégicos, como las vías del tren, se utilicen en beneficio del pueblo mexicano en lugar de ser explotados únicamente con fines de lucro por empresas privadas. La intención es proteger los intereses nacionales y asegurar una distribución equitativa de los beneficios.

La negativa de la oposición a la nacionalización de las vías del tren podría da, por primera vez en el sexenio, lugar a un debate más amplio sobre cuáles son las prioridades de los actores políticos en México. Si el resto de los partidos políticos, excepto Morena por obvias razones, continúa oponiéndose a estas medidas, podría poner en evidencia que su enfoque se inclina más hacia los intereses privados y económicos, en lugar de priorizar el bienestar y desarrollo de la población en general. Narrativa bastante peligrosa en año electoral, más en la elección donde la oposición tendrá que concentrase en  ganar más votos del pueblo y menos en agradar al poder económico. Esta postura podría impactar la percepción pública sobre qué sectores políticos realmente defienden los intereses del pueblo.

La identidad política del gobierno de López Obrador demuestran que su administración se inclina hacia la izquierda política. A pesar de las acusaciones contradictorias vertidas en medios de comunicación donde aveces es  comunista para asustar a la derecha o neoliberal para asustar a la izquierda. La reciente batalla por nacionalizar estas medidas refuerzan la naturaleza progresista y estatista de su gobierno.

Esto desmantela la narrativa de que López Obrador no es de izquierda y aclara su posición política en favor de una mayor intervención estatal en ciertos sectores estratégicos de la economía, que beneficien a la población.

El debate en torno a la nacionalización de las vías del tren en México ha revelado las diferencias políticas y los valores en juego entre el gobierno de López Obrador y la oposición.