El sistema penal mexiquense huele a descomposición y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, no alcanza a percibir el olor a podrido, putrefacto. La situación tampoco parece afectar a José Luis Cervantes Martínez, fiscal de justicia en aquella entidad mexiquense, que apenas, fue nombrado por el Congreso local en marzo de este año.

Con su arribo se esperaba que implementará acciones para sanear la procuración de justicia, pero no se perciben cambios hoy, a casi un año del inicio de su gestión.

Miles de víctimas de delitos toleran vejaciones, van desde actos de corrupción, violación a sus derechos humanos y hasta tratos degradantes, lo alarmante es que no sólo por quienes administran la supuesta “justicia”, también por los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (Ceavem), organismo creado, supuestamente, para acompañar y representar a las víctimas desde el inicio hasta el final de algún proceso penal.

Sus mecanismos de “protección” y “ayuda” están descritos en papel, pero poco se ponen en práctica porque un gran número de víctimas desconocen los derechos y son mal asesoradas o, de plano, engañadas por quienes las representan o deberían proteger sus garantías individuales.

Existen víctimas que conocen el proceso penal y tienen que sortear un sinfín de obstáculos para integrar las carpetas de sus propias investigaciones y, así, judicializar los delitos denunciados, todo porque a decir de asesores y ministerios públicos, existe la consigna de desechar todos los casos considerados menores y atender los de alto impacto mediático.

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Se podrán imaginar qué sucede con las víctimas que no tienen idea de su rol en el proceso judicial, son revictimizadas y siquiera son conscientes de ello.

Lo mismo juzgadores, ministerios públicos y asesores victímales sólo desean quitarse de encima los casos para acabar con la carga de trabajo, lo que digan las leyes, códigos y tratados no significa mucho. Pero el foco rojo más preocupante se da en el municipio Ecatepec.

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Las diversas agencias del ministerio público de Xalostoc y San Agustín ponen todo su esfuerzo para cerrar sus investigaciones y evitan a toda costa judicializar los casos de delitos menores como robo, fraude o daños en bienes, todo para quedar bien con los superiores y evitar generar más trabajo en los tribunales.

La inseguridad en el municipio -de por si grave-, y el “funcionario público” Israel Hernández Dueñas, agente del ministerio público adscrito al Centro de Justicia de San Agustín, y encargado de la “mesa tres” de la extorsión mexiquense, simplemente no encuentra delito en las carpetas donde los investigados le convencen, sin indicios o pruebas, de que son inocentes, actúa como juez y no como ministerio público.

Esto es un simple ejemplo del aparato corrupto y putrefacto del que se despiertan sospechas fundadas de grave corrupción consentida desde la cúpula. Una llamada de atención para el gobernador Alfredo del Mazo, José Luis Cervantes Martínez y, claro, Ricardo Sodi Cuellar.

Punto Cero

La reputación de la empresa Valmex está en riesgo. Sucede que hay una serie de denuncias ante la autoridad laboral que ponen en entredicho a sus colaboradores por tratos inhumanos, acoso laboral, sexual y un gran catálogo de violaciones a los derechos humanos de sus propios empleados y exempleados. Ya hablaremos de estos casos próximamente.