Cito una nota de Milenio relacionada con el sainete del interino que gobernará Nuevo León, mientras Samuel García se va de vacaciones largas disfrazadas de campaña electoral presidencial.

  • “El juez tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a Javier Navarro, secretario general de gobierno (en Nuevo Léon), para que funja como encargado del despacho del ejecutivo estatal hasta en tanto el Congreso local designe a un interino por unanimidad de votos, al tiempo que revocó la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino”.
  • “El juez ha señalado que, con base en la sentencia del tribunal electoral, el Congreso debe respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto”.

¿En serio un juez de distrito, en materia laboral y que trabaja en la capital del país, a kilómetros de distancia de Nuevo León, que es una entidad federativa autónoma, puede ordenarle al Congreso del estado cómo votar en la elección de un gobernador interino?

Peor todavía: ese juez, Gabriel Domínguez, ¡¡¡ha ordenado igualmente la intervención de la Guardia Nacional para que semejante locura se concrete!!!

Con jueces tan insensatos se entiende que el presidente AMLO la tenga fácil para encontrar argumentos que cuestionen la credibilidad del Poder Judicial Federal y, en particular, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por juristas del mayor nivel, pero que se ven rebasados por todas las cosas raras que juzgadores menores realizan.

Otro abuso del poder judicial. El caso del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

En Jalisco, en el Tribunal Administrativo del Estado hay dos vacantes en su sala superior. Se expidieron las bases y la convocatoria. Hasta ahí, todo correcto.

Como debe ser, hubo un proceso de entrevistas previo y el día en que se iba a dar el nombramiento en el congreso, antier, llegó la suspensión de un juez ordenando que se detuviera la sesión.

Ocurrió mediante un amparo promovido por un abogado mañoso que quiere, a la de a huevo, que le den a un amigo suyo una de las vacantes mencionadas.

Si no se cumple el capricho de ese abogado no retira el juicio. Esto sería irrelevante si el sistema judicial fuera eficaz: tal amparo debería rápidamente perderse por no tener fondo. Y se perderá, no hay duda, pero es una cosa que puede llevar años. Mientras se resuelve, estará incompleto el tribunal administrativo local.

La suspensión la otorgó un juez de distrito, quien, evidentemente, es un subordinado del abogado que quiere colocar a su cuate en el tribunal.

Un caso más para que AMLO siga pegándole al Poder Judicial y, particularmente, a la Suprema Corte.