En medio de la escalada de violencia que vive nuestro país, en varias regiones del territorio nacional, violencia propiciada por las acciones del crimen organizado, en un plausible análisis autocrítico el presidente López Obrador fue categórico en la aseveración que hizo en el foro de las mañaneras diciendo que “si no se lograba contener a la violencia, se estaba comprometiendo que la 4T pasara a la historia como un ejercicio de gobierno exitoso”.

(Cito de memoria)

En su conferencia mañanera del viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió ampliamente al caso particular que sucede con la violencia en el estado de Guanajuato.

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El primer mandatario condenó que, después de más de 10 años de permanencia al mando de las más importantes instituciones de seguridad en la entidad (la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Carlos Zamarripa y Alvar García Cabeza de Vaca, respectivamente) la inseguridad en el Bajío sigue creciendo.

Guanajuato en primer lugar...en homicidios

Y hasta la fecha Guanajuato ocupa, en las estadísticas que presenta el estudioso Carlos Penna, el PRIMER LUGAR como el estado en el que se han cometido más homicidios dolosos cometidos por las bandas criminales en lo que va del sexenio de la 4T.

El señalamiento del presidente López Obrador es una llamada de atención al gobernador de la entidad Diego Sinhué Rodríguez Vallejo que ya no debe insistir en tapar el sol con un dedo diciendo que Guanajuato es la entidad más segura para la inversión pública.

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Los periodistas de la entidad, desde hace más de 7 años, han denunciado la ineficacia del llamado Programa Escudo, instrumentado por Cabeza de Vaca y su grupo de asesores, que costó al erario guanajuatense más de mil 200 millones de pesos, mal invertidos pues ha incrementado la violencia.

El Fiscal Carlos Zamarripa ha sido omiso en muchas de las acciones criminales cometidas en el sur de la entidad, principalmente en Celaya y sus municipios aledaños como Cortazar, Villagrán, Salvatierra y Apaseo el Alto.

La percepción de los habitantes de Guanajuato que han sido más asoladas por las cruentas acciones del crimen organizado, que han pasado del huachicoleo y la distribución de drogas hasta el secuestro y la extorsión, es de que las plazas calentadas por las bandas criminales, en realidad son plazas entregadas por las autoridades a los principales carteles que operan en la entidad.

Con la ingenuidad, pudiera calificarse como un cinismo y una burla para los guanajuatenses, el gobernador Diego Sinhué declaró hace unos meses, en defensa de Carlos Zamarripa, señalado por el presidente de México lo siguiente:

<i>“Sobre la liberación de la madre, la hermana y la prima de José Antonio Yepez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, señaló que la Fiscalía General de la República “debió atraer el caso, pero no sucedió” y aclaró que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) “actuó de manera coadyuvante al operativo”.</i>

En una serie de mensajes publicados vía Twitter, el mandatario estatal señaló que desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador “se politiza la seguridad en #GTO, aclaremos las cosas, el fiscal de #GTO fue ratificado por el poder legislativo en el @CongresoGto. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”.

“Si yo fuera gerente de una empresa, ya lo hubiera corrido, refiriéndose al Fiscal Zamarripa”, dijo López Obrador

La inseguridad definitivamente no se politiza en Guanajuato.

Es una pavorosa realidad que está costando cientos de vidas, y desgraciadamente, de la gente más pobre.