El día 11 de septiembre en la memoria histórica de las anteriores y nuevas generaciones, ha quedado grabado como fecha eminentemente trágica: el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende fue un inmenso agravio no olvidado en la conciencia latinoamericana y de los chilenos por la fabulosa maquinación conspirativa que le precedió, y por la certeza de que se trató de una intervención en gran escala desde el exterior para derrocar por la fuerza y rompiendo el orden constitucional a un gobierno legal y legítimamente constituido, más allá del programa político-social que levantó. Una conspiración intervencionista de carácter multinacional que logró su objetivo e inauguró una etapa aciaga para el pueblo chileno: “los años de la bala”. Un experimento injerencista ampliado al servicio de la hegemonía continental aliada con la derecha recalcitrante, criminal del continente y más allá, como veremos líneas más abajo.
“Ataque sincronizado”
Tres décadas y media después se produjo un evento extraordinario que transformó la política mundial en el contexto de la “pausa estratégica” (así se denominó durante el gobierno de William Clinton el dominio incontrastado en el sistema internacional de la política estadounidense debido a la ausencia de un “rival de talla estratégica” que pudiera desafiar dicho poder, aunque también se habló refiriéndose a tal país, de una “potencia indispensable”, ya no de una “potencia hegemónica”). Justamente el gobierno de G.W. Bush orientó todos sus esfuerzos y fuerzas en reposicionar el hegemonismo estadounidense, para lo que necesitaba “hechos descomunales” que permitieran reformular la doctrina de defensa y la de seguridad nacional, relanzar la maquinaria industrial-militar así como su política global desde la perspectiva hegemónica, yendo a la guerra “de ser necesario”. El 11 de septiembre de 2001 constituyó el evento perfecto para ello: un “ataque sincronizado” a las instalaciones de la Casa Blanca (sede del poder ejecutivo de EUA), el Pentágono (sede de los comandos militares) y las “Torres Gemelas” (símbolos arquitectónicos del poder financiero y comercial de la economía estadounidense) mediante aviones secuestrados por integrantes de la “yihad islámica” (guerra santa de los musulmanes contra los agresores del Islam) que se impactaron contra los muros de dichas instalaciones en “modernos ataques suicidas”.
Sin embargo a las cada vez mayores certezas y nuevas evidencias de prueba de la maquinación contra un gobierno legal y legítimo latinoamericano (no fue la única, pero sí en esa fecha), las certezas en torno a dichos ataques se han debilitado considerablemente, no solo en todo el mundo, sino dentro de los propios EUA, entre su sociedad opinante, dentro de los críticos, en los profesionales altamente lo que marca una diferencia radical, insalvable, entre ambos acontecimientos.
La operación encubierta injerencista durante una década para detener primero el ascenso del movimiento popular y luego la llegada al poder de Salvador Allende en Chile en 1970, dura realmente una década y fue documentada por la “Comisión del Senado Designada para Estudiar las Operaciones Gubernamentales Concernientes a Actividades de Inteligencia” del Senado estadounidense, encabezada por el senador Frank Church y John G. Tower, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Se lee en dicho informe:
“La involucración de la acción encubierta de los Estados Unidos en Chile en la década entre 1963 y 1973 fue extensa y continuada. La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares como esfuerzo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 1964. Ocho millones de dólares fueron gastados, secretamente, en los tres años entre 1970 y el golpe militar en Septiembre 1973, con más de tres millones de dólares gastados sólo en el año fiscal 1972 (…) en Chile entre 1970 y 1973, la CIA y militares americanos establecieron contactos con militares chilenos con el fin reunir materiales de inteligencia y permitir a los Estados Unidos entrar en comunicación con el grupo con más posibilidades para arrebatar el poder al presidente Salvador Allende.
¿Qué compró en Chile la CIA con el dinero de esta operación encubierta?
Financió actividades cubriendo un amplio espectro, desde simple propaganda manipuladora con la prensa hasta apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. El panorama de actividades “normales” de la Central-CIA en Santiago incluía la inserción de materiales propagandísticos creados por la Central en los medios de comunicación chilenos mediante el pago, apoyo directo a publicaciones, y esfuerzos para oponerse a los comunistas y al ala izquierdista de las organizaciones de estudiantes, campesinos y trabajadores.” Fue la esencia de la “Operación Caos”.
Brasil
De igual manera, es el caso de la dictadura militar brasileña (1964-85): la prueba oficial de la participación del gobierno de Brasil en la conspiración golpista contra Salvador Allende provino de documentos desclasificados en julio de 2009 por la CIA y que fueron publicados un mes después (19 de agosto) por el National Security Archive (NSA), ONG con sede en la Universidad George Washington, la reunión al efecto se realizó el 9 de diciembre de 1971, en la Oficina Oval entre el presidente Richard Nixon y el alto mandatario militar de Brasil, Emilio Garrastazu Médici, reunión de carácter claramente conspirativo, sobre la forma de derrocar a Allende. Los militares brasileños participaron en distintas operaciones encubiertas concertadas con la CIA, pero especialmente en un “Plan B” para el caso de que “el golpe fallara” y una parte del ejército se mantuviera leal al presidente Salvador Allende, dentro del cual el grupo de extrema derecha “Frente Nacionalista Patria y Libertad” tenía listo un plan de diversos atentados terroristas de muy alto impacto como el Viaducto Malleco que comunica Santiago capital con el resto del país con la participación directa de la CIA y los militares brasileños, cercando a las tropas leales a Salvador Allende.(Revista la Tercera,2013)
En caso de una división militar-territorial neutralizar un posible apoyo solidario del ejército peruano que gobernaba el general Juan Velazco Alvarado considerado “izquierdista” desde la provincia de Tarapacá, aprovechando la coyuntura para que Chile retomara dicha provincia con la ayuda del ejército de Brasil, tomada por Perú en la guerra del Pacífico entre ambos países un siglo antes, para lo cual el Almirante en funciones Toribio Merino envío un emisario (se habla de un empresario opositor) en agosto de 1973 a Sao Paulo para entrevistarse con los jefes de la inteligencia militar brasileña: “De su gestión dependía en gran parte la decisión de lanzar el levantamiento militar”. Esta información sobre el gobierno peruano la venía recabando la inteligencia brasileña, y la conclusión fue que “Perú no intervendría”, tal como fue.
El embajador brasileño Antonio Cándido da Cámara Canto era apodado “el quinto miembro de la junta militar” chilena por sus estrechas relaciones con el gobierno de facto. Además, gestionó un crédito de 100 millones de dólares para Chile, otorgado por el Banco de Sao Paulo, que resultó vital para sobrellevar las urgencias en la instalación del nuevo régimen. Estas informaciones son consistentes con lo señalado por Edward Korry –embajador estadunidense en Chile entre 1967 y 1971–, quien en 1977 declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país que “el apoyo técnico y psicológico del golpe chileno provino del gobierno de Brasil”. Después colaboraron los agentes de la inteligencia brasileña en el diseño de los campos de concentración (estadio Nacional de futbol) y en los centros de tortura y desaparición de personas. (Ídem)
Un país tan lejano a Latinoamérica como Australia tuvo una destacada participación:
“El Servicio de Inteligencia Secreto de Australia (ASIS, por sus iniciales en inglés) estableció una “estación” en Santiago en 1971. Desde este lugar, y con la venia de la CIA el grupo dirigió una serie de operaciones de espionaje para apoyar la intervención de Estados Unidos en Chile. La oficina australiana tuvo la autorización en diciembre de 1970 por parte del ministro de Relaciones Exteriores del Partido Liberal, William Mc Mahon. Luego de 18 meses de operaciones en suelo chileno, en 1973, el nuevo primer ministro del Partido Laboral, Gough Whitlam, ordenó cerrar la oficina. Los documentos revelan que Withlam tomó la decisión de que habría afirmado que sería “extremadamente difícil justificar la presencia de los agentes australianos en Chile”. (T13, 2021).
Pero se ha informado también que al menos un agente de ASIS se quedó en Chile hasta después del golpe, mientras que algunos oficiales de la ASIO (la agencia de inteligencia australiana) trabajaron como agentes de inmigración encubiertos y también ayudaron a la CIA estadounidense antes del golpe, según recuerda la revista política “Crickey” (DW, 2021). Posteriormente al conocimiento de la participación de Australia en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, el gobierno australiano, rechazó el 2 de junio de 2021 abrir los expedientes secretos de dicha participación para desvelar los alcances y términos concretos de la misma, a pesar de que la demanda se ha hecho mediante una instancia administrativa (no judicialmente) como el Tribunal de Apelaciones Administrativas (ATT, siglas en inglés) que aborda asuntos gubernamentales, teniendo como actor demandante al ex oficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernandes y al director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker de parte del gobierno.
El abogado del Gobierno australiano Andrew Berger remarcó durante la vista que la divulgación de “asuntos altamente especializados” pueden poner en peligro a Australia, aún medio siglo después de ocurridos esos hechos. Asimismo consideró que la desclasificación de los documentos podría contener, frases, nombres, registros u otros elementos que pueden caer en manos de “adversarios extranjeros” o atentar contra la seguridad del país.
Sin embargo existe una radicada en el propio Tribunal mencionado, quien decidirá sobre la apelación formulada contra una decisión de extraditar a Chile a Adriana Rivas, ex miembro de la DINA del régimen de Augusto Pinochet, acusada por desaparición de siete personas en los 1970, apodada “la Chani” sobre quien pesa una Orden de Extradición desde 2014 (a petición del gobierno chileno), sobre la que deben resolver las autoridades judiciales australianas muy próximamente. Se ha tratado de una fatal experiencia histórica en donde se produjo una operación multinacional encubierta conspirativa de la derecha recalcitrante para derrocar a un presidente legal y legítimo, pero cuidado, que hoy tampoco nadie está a salvo. Por ejemplo en Bolivia se investiga la participación externa en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Continuamos en nuestra siguiente entrega.