La semana pasada presentaron una demanda en una corte federal en Boston (Massachusetts) con el fin de detener el flujo de armas de forma ilegal a nuestro país; el recurso utilizado acusa a 11 empresas de la producción, de igual manera, de ser las facilitadoras, eso sí, en un marco fuera de la ley. En pocas palabras, un hecho indebido, delicado.

Por esa razón, se elevó la noticia como un asunto con precedentes sustanciales. Hay razones para realizarlo: entre el 70 y 90% de las armas decomisadas por el gobierno mexicano, son producidas y exportadas de forma ilegal de los Estados Unidos. Es por ello que se esperó una reacción de esa naturaleza.

Marcelo Ebrard, a través de la Cancillería, coordinó la responsabilidad de esta acción en calidad de titular de la dependencia.

No hay una respuesta formal, aunque sí reacciones inmediatas de lo que lograría pasar más allá del tema legal. Lo que podemos esperar, eso sí, puede ser una reflejo amable o, por la relación que no ha sellado del todo— un puente de coordinación—, pudiera haber un comportamiento escéptico— de dar un paso al desencanto o, en definitiva, cimentar la conexión de la buena correspondencia bilateral y diplomática. No soy experto en política internacional, pero no hay que ser muy suspicaces para decir que al vecino país de los Estados Unidos le interesa más el dinero que la amistad.

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A ver qué pasa.

Por eso puede haber prejuicios. De entrada, fue muy buena decisión. Pero vayamos a ver de dónde viene el origen de esa premisa que, si, fue presentada por el canciller Marcelo Ebrard, aunque, teóricamente, posee un fundamento de fondo que fue razonado a través de un universo que convoca a establecer mecanismos legales de solución.

Pero no solo eso: existe la esperanza de que la razón se justifique y sea, en efecto, una reparación del daño sin factores políticos que desborden la fricción entre ambos países, en otras palabras, que la nación vecina éste dispuesta no únicamente a reconocerlo para que no termine en un expediente, sino, se trata de una actuación con buen juicio que sea útil a fin de resarcir el agravio.

Resulta que desde el pasado 7 de julio se presentó un punto de acuerdo que fue sometido a consideración de la asamblea constitutiva del Senado con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo, a través de la SRE, SEDENA y el Centro Nacional de Inteligencia, eso sí, con una consigna de prontitud dada la importancia del hecho.

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Fue así que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores edificó y fundamentó una demanda ante la corte federal del estado de Boston. Se dio oportunamente y de forma atinada.

Y tal parece que así fue: hay un acuerdo comercial entre ambos países y, esa razón, debería ser justamente la base de principios que den la entrada al trabajo coordinado dentro de una y otra nación y, que en la medida que el proceso avance, surja efecto.

Creo que no podemos darnos el lujo de perder una relación de esa naturaleza; las consecuencias pueden ser fatales; por ello, considero importantísimo el punto de acuerdo que votó por unanimidad la comisión permanente del Senado y, que recientemente, se confeccionó en una demanda legal por el flujo y entrada de armamento ilícito a nuestro país. Por tal motivo, es una victoria en equipo; el mérito lo tuvo tanto la autoridad ejecutiva por conducto de la Secretaría de Relaciones exteriores, como el poder legislativo a través del Senado de la República.

No hubiese servido de nada si la demanda no traería un fundamento teórico— basado en los tratados internacionales— y, por supuesto, en las consecuencias que detonan en el territorio. Eso dio cauce. Entonces, una forma correcta de mencionar el paso agigantado que sucedió, es no soslayar la coordinación entre las fuerzas constitucionales que toman decisiones en la nación.

En general, fue un trabajo colaborativo y cooperativo, aunque, lo que no es válido ni políticamente correcto, es que pretendan ovacionar el hecho como un triunfo del Canciller que, en términos políticos, actuó debidamente. De ahí viene el hilo conductor. El hito tiene sus raíces en el epicentro de la Cámara alta; no solo de Marcelo Ebrard.