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La política económica que se aplicó en México desde hace más de tres décadas que es conocida como neoliberalismo, la cual supone que los mercados tienden al equilibrio y distribuyen de manera eficiente las tareas y los beneficios sociales; como premisa no es cierta, ya que en la realidad se creó uno de los fenómenos en que de manera más perniciosa se expresan estos, que es el de la economía informal, la cual lleva consigo efectos negativos en la productividad, afectando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el bienestar de la mayoría de la población.

Para darnos una idea del problema que representa para el desarrollo económico del país la informalidad basta analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que nos indican que, para el año 2020 por cada 100 pesos generados del PIB de México, 78 pesos lo generaron 44% de las personas ocupadas en empleos formales, mientras que 22 pesos lo generan el 56% de ocupados en la informalidad.

El maestro Mario Maldonado nos habla que ”en los años 70s se empezó a generar el concepto de economía informal, en el caso mexicano en esa década era estimado en niveles de 10% del PEA (Población Económicamente Activa) sin embargo, a partir de los 80s la tasa de informalidad se disparó al 30%, para los 90s a niveles de 45% y en este nuevo milenio en sus 20s en niveles del 57%”.

El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) marca el inicio de la estrategia neoliberal implantada gradualmente desde entonces en México. Fue precisamente en ese sexenio que empiezan a privatizarse las empresas del estado y otras desaparecen lo que provocó que miles de trabajadores se quedaran sin un empleo en el sector formal de la economía teniendo que conseguir ingresos en la informalidad.

El modelo económico aplicado desde la década de los ochenta del siglo pasado no solo se caracterizó por la venta de empresas estatales a la iniciativa privada, sino también llevó a una política de bajos salarios, que hacía que los trabajadores prefirieran muchas veces emplearse en el sector informal o complementar sus ingresos en ese sector.

La política económica neoliberal hizo que los mercados de diferentes productos y servicios fueran dominados por muy pocas empresas privadas, es decir mercados monopólicos u oligopólicos, lo que provocó el encarecimiento del empleo formal al no permitir que compañías pequeñas participen.

En la principal actividad que desarrollan las personas que laboran en el total de la economía informal (Informalidad laboral más condiciones informales de ocupación) es el comercio al por menor, en la que se concentra el 24% del total en esas condiciones; le siguen las y los trabajadores de la construcción con 15.8%; en tercer lugar se ubican quienes trabajan en el sector de las manufacturas con 13.1%; le siguen quienes laboran en actividades agropecuarias con el 12.3% del total de trabajadores; en quinto lugar está el comercio al por mayor con 7.2%; en sexto sitio está el transporte, correo y almacenamiento de bienes, con 5.6%, mientras que el 5.5% se ubica en diversas actividades.

De cualquiera de las modalidades donde se desenvuelva este grupo poblacional, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. Los trabajadores que están en la economía informal no cuentan con las herramientas para tener una productividad adecuada, por lo tanto, tienen que someterse a largas jornadas para poder producir lo suficiente; esta dinámica laboral provoca una alta improductividad.

Las personas que laboran en la economía informal no cuentan con seguridad social, ni con un esquema de pensiones definido, por lo que el Estado tiene que destinar amplios recursos presupuestales a este sector que aporta muy poco al erario para atender sus necesidades de salud, educación, pensionarias entre otros.

Las perspectivas de recuperación y crecimiento económico de México para el próximo año podrían tener un freno debido a la baja productividad que existe en la actualidad. La economía mexicana no cuenta con el soporte productivo que permita afirmar con certidumbre que tiene la capacidad de generar más valor año con año, lo que permitiría vislumbrar tasas de crecimiento cercanas al 5%; tal como se requiere para ampliar nuestros niveles de bienestar laboral: más empleos y mejor remunerados.

El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), el cual, con base en horas trabajadas, retrocedió 0.2% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al trimestre previo, ésta es una octava caída trimestral consecutiva, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con su reporte de Indicadores de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra, el INEGI precisó que el indicador, que resulta entre el Producto Interno Bruto nacional a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país, registró también una caída de 3.0% anual en el segundo trimestre de 2022.

Los cambios en el mundo del trabajo y las crisis económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la población. La situación laboral en México de por sí era adversa en la etapa previa al surgimiento de la pandemia del Covid-19; no obstante, se vio aún más afectada durante el periodo de confinamiento y distanciamiento social por efectos de la emergencia sanitaria. Dicha crisis ha tenido un severo impacto principalmente en la educación, así como en las políticas sociales y económicas; por lo tanto, marcado desde sus estructuras por la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral.

La informalidad y la precariedad laboral que tanto afectan a la productividad no surgieron en México con el gobierno del presidente Andrés López Obrador; sin embargo, si es responsabilidad de la actual administración encontrar políticas públicas para que estos problemas se reviertan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implementó en la miscelánea fiscal de este año el Régimen Simplificado de Confianza (RSC). Esta herramienta persigue atraer a los informales para que se incorporen a la formalidad y desincentivar la creación de empresas que venden facturas, conocidas como “factureras”.

El Régimen Simplificado de Confianza ofrece a los contribuyentes la aplicación de tasas impositivas mínimas, mismas que irán aplicándose de manera progresiva, de acuerdo a los ingresos del contribuyente: 1% para ingresos menores a los 300 mil pesos anuales y 2.5% para quienes tengan ingresos de 2.5 hasta 3.5 millones de pesos.

En México, aunque aumentó el empleo durante el segundo trimestre de 2022, el 57.7% de la población trabaja en el sector informal, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE), el total de personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 32 millones, mientras que los trabajadores del sector formal lo conforman un poco más de 21 millones de personas.

El RSC no ha contribuido a bajar los altos índices de informalidad que hay en México, por lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación debe de actuar con más energía para acabar con este lastre que afecta la productividad y el bienestar de millones de mexicanos.

Una economía que depende de su sector informal para que un gran número de personas pueda contar con ingresos para subsistir y evitar un estallido social, es una economía fracturada estructuralmente que requiere no sólo de medidas contra cíclicas emergentes, sino profundas reformas fiscales y hacendarías, con criterios de progresividad que permitan una mejor redistribución del ingreso, pero que también eviten la tendencia a la excesiva concentración en unas cuantas manos.