La organización Insight Crime realizó una medición, con una metodología novedosa (siempre debatible, pero razonable) para medir y analizar las características de los grupos criminales con presencia territorial consolidada. Toda la información es obtenida en el trabajo de campo, entrevistas y bases de datos para medir las siguientes variables: dominio territorial (40 puntos), economías criminales (40 puntos), penetración del Estado (40 puntos), capacidad militar (40 puntos), estructura (40 puntos), jerarquía (20 puntos) y alianzas criminales (10 puntos). Los grupos criminales que –tras la medición– se infieren como mayores en escala y complejidad son: La Mara Salvatrucha, o MS13, la pandilla callejera más notoria de Centroamérica; Los Choneros y los Lobos en Ecuador; El Tren de Aragua (TdA), pandilla carcelaria de Venezuela; el Cartel de Sinaloa en México y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia.

La inclusión de Ecuador es importante porque está volviéndose un triste caso de estudio donde los procesos de penetración y dominio criminal de los elementos esenciales del Estado (territorio, pero también medios de comunicación y cárceles) tuvieron un desarrollo aceleradísimo respecto de otros semejantes. En dos años, parece que lograron lo que normalmente toma 10. El caso de Venezuela también es interesante porque, de facto, hay ahí un régimen autoritario de tintes dictatoriales, con un fuerte respaldo militar doméstico. Y resulta que el crimen se desarrolla, no en las calles (en las dictaduras, normalmente el único que comete crímenes a la vista es el propio gobierno), sino en las prisiones, donde se supone que se pone a los delincuentes para que dejen de delinquir. Irónico y preocupante.

La información que Insight Crime publica sobre los casos de Colombia y México demuestran dos visiones del problema de la criminalidad para el 2024. En el caso de Colombia,  la recomposición del mercado de drogas –sobre todo el de la cocaína– explica la escalada de la violencia. En el caso de México, el proceso electoral de este año y el cambio en las coaliciones de gobierno –sobre todo a nivel local– explican la inestabilidad de la política de seguridad y el activismo de grupos criminales que buscan perpetuar acuerdos informales con autoridades, etc. La organización refiere que: “Los grupos criminales mexicanos han recurrido a menudo a la violencia selectiva para garantizar su capital político y proteger sus operaciones”.

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Sin minimizar el valor de los hallazgos del estudio (en serio), en el caso de México el resultado fue el contrario, porque estamos pegados a EU. Concretamente, cuando en el sexenio de Felipe Calderón se ataca de manera frontal a los narcotraficantes, el negocio se atomiza, porque cuando hay soldados fuertemente armados y PF con recursos científicos involucrados, no cualquiera puede pasar droga de un lugar a otro, y menos de una frontera a otra, así que los que se mantienen, se arman, se reorganizan, se entrenan y se especializan. Otro ejemplo de la tesis de la perversidad, en todo su esplendor. Otro matiz: quienes vivimos en México, sabemos que al menos otro cártel, el CJNG, es comparable en recursos y penetración al de Sinaloa, por lo que tenemos más de un grupo de ese calibre, y en ese sentido sus interacciones tanto con el rival como con el territorio, deben ser estudiadas.

Las investigaciones sobre violencia e inseguridad son siempre parciales. Lo son en el sentido de que no logran recuperar –con más certezas que dudas– la complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas que están inmersas en las dinámicas de violencia. También son parciales porque implícitamente las estadísticas desdibujan el sentido humano que tiene identificar a las organizaciones criminales para, entonces, formular políticas y estrategias de seguridad. En suma, hay un elemento antropológico en las organizaciones humanas, incluyendo las criminales, que las estadísticas no pueden captar, por su propia naturaleza.

Una última consideración: cuando el ejército sustituye a la policía civil, o la policía nacional sustituye a la policía local, la negociación con autoridades políticas se vuelve ineficaz, porque no sólo no pueden garantizar impunidad (los soldados no responden a presidentes municipales), sino que hay una enorme rotación entre comandancias, por lo que arreglarse con uno no implica arreglarse con el que llegue en 2 meses. Así de simple. No es que esto sea malo, porque negociar con los criminales no es la vía idónea y sostenible para frenar la violencia; simplemente hay que tenerlo en cuenta para la elaboración de estrategias de seguridad integrales, viables, y que ataquen el problema de raíz en lugar de poner paliativos. No es sencillo.