El viernes 21 de agosto la Fiscalía de la Ciudad de México pidió perdón. Lo hizo utilizando dos palabras que rara vez pronuncia una autoridad mexicana cuando habla de sí misma: nos equivocamos.
El destinatario era Humberto Padgett. Su esposa, la periodista Mariel Ibarra, tuvo que leer el mensaje que él había preparado, porque el tratamiento contra el cáncer le impide hablar. Los hechos ocurrieron en 2017. Han pasado nueve años.
Y hay una pregunta que la ceremonia dejó intacta: ¿la Fiscalía pidió perdón cuando todavía podía exigir responsabilidades, o después de dejar correr los plazos?
Primero. Lo que ocurrió no fue un error administrativo.
Padgett investigaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Fue descubierto, golpeado, despojado de su equipo y amenazado junto con su familia. Hizo entonces lo que el Estado pide a cualquier víctima: denunció.
Ahí comenzó el segundo daño.
Al rendir su primera entrevista pidió expresamente que sus datos fueran protegidos y aunque no lo hubiese solicitado por ministerio de ley son datos confidenciales. La autoridad preparó su evaluación de riesgo y entregó copias a los defensores de los imputados. La propia Fiscalía reconoció que información que debía permanecer protegida llegó a manos de quienes habían agredido al periodista.
Domicilios. Teléfonos. Rutinas familiares. Información producida precisamente para protegerlo.
Un análisis de riesgo existe para identificar amenazas y reducirlas. Cuando llega a quienes constituyen el riesgo, cambia de naturaleza: deja de ser un escudo y puede convertirse, como pasó, en un mapa. Quien debía disminuir el peligro contribuyó a incrementarlo.
La Comisión de Derechos Humanos capitalina lo documentó en la Recomendación 19/2019: violaciones a la libertad de expresión, al debido proceso, al acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Y algo más difícil de explicar. El 16 de noviembre de 2017 se dio al defensor de un imputado copia de la carpeta con información sensible. El 28 de febrero de 2018 volvió a darse acceso sin constancia de resguardo suficiente. Y todavía el 4 de julio de 2019 la Comisión encontró datos personales sin proteger.
Tres fechas, tres años distintos. No fue un descuido. Fue una manera de trabajar.
La disculpa pública importa y forma parte de la reparación. Pero reparar no consiste en pronunciar las palabras correctas frente a una cámara. Significa investigar, esclarecer, sancionar cuando corresponda y garantizar que no se repita. Aceptar una recomendación no equivale a cumplirla. Y cumplirla seis años después tampoco borra esos seis años.
Segundo. Hay un reloj que también debe explicar la Fiscalía.
El caso nunca estuvo oculto. El 18 de junio de 2018 se inició expediente en Visitaduría Ministerial. El 20 se dio vista al Órgano Interno de Control. El 22, a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En diciembre de 2019 llegó la Recomendación, y en enero de 2020 la Fiscalía la aceptó, comprometiéndose a investigar responsabilidades administrativas y penales.
Se me dirá que eso prueba que la autoridad sí actuó. La objeción conduce a un dilema sin salida cómoda. Si el procedimiento se inició en 2018 y ocho años después no hay resolución ni responsables, la demora no exonera: agrava. Y si nunca avanzó, el expediente fue un archivo con otro nombre.
La Constitución de la Ciudad de México dispone que los plazos de prescripción para actos u omisiones graves no bajen de siete años, y la ley local fija ese término para las faltas graves. Pero hay una precisión decisiva: la Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido que la prescripción sólo se interrumpe cuando la actuación que produce ese efecto se notifica al probable responsable.
Eso cambia la pregunta. No basta demostrar que hubo oficios, ni que se dio vista, ni abrir un expediente, ni aceptar una recomendación. Hay que mostrar qué conducta se investigó, cuándo se calificó, contra quién, qué actuación interrumpió el plazo y cuándo se notificó.
Por eso hay preguntas que la Fiscalía debe contestar con documentos y no con discursos. ¿Qué ocurrió con la vista al Órgano Interno de Control? ¿Se identificó a los servidores públicos y se calificaron sus conductas? ¿Hubo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a quién se notificó y cuándo? ¿Y con la investigación penal derivada de la vista del 22 de junio?
Y sobre todo: ¿prescribió alguna responsabilidad mientras la Fiscalía tenía conocimiento del caso?
No afirmo que haya prescrito: sería irresponsable hacerlo sin conocer los expedientes. Pero por esa misma razón tampoco cabe darlo por vivo. La carga de despejar la duda es de quien tuvo los expedientes todos estos años.
Hay algo más. La ley considera falta grave la obstrucción de la justicia cuando quienes deben investigar no inician oportunamente el procedimiento. De ahí una pregunta adicional: si alguna responsabilidad prescribió, ¿se investigó a quienes lo permitieron? La respuesta requiere nombres, fechas y documentos.
No ceremonias.
Tercero. Ahora hablo de Humberto, porque ningún expediente explica quién queda detrás de sus fojas.
Hay periodistas que comentan la realidad y hay periodistas que salen a buscarla. Padgett pertenece a los segundos. Ha trabajado en diversos medios importantes del país y ha publicado libros sobre delincuencia organizada, corrupción y violencia. Su trabajo ha recibido el Rey de España, el Ortega y Gasset, el Fernando Benítez, tres Walter Reuter y en varias ocasiones el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano. No es la trayectoria de alguien que confundió el riesgo con el espectáculo. Es la de alguien que hizo del riesgo una consecuencia del oficio.
Y eso vuelve más perturbador lo ocurrido. El periodista investigó delincuentes. Los delincuentes lo agredieron. El periodista acudió al Estado. Y el Estado entregó la información destinada a protegerlo a quienes lo habían agredido.
En junio de 2024 volvió a la Fiscalía para pedir acceso a su expediente. Terminó detenido. Tres meses después, tras veintiséis años de profesión y después de nuevas amenazas y de un asalto armado en Michoacán, anunció que dejaba indefinidamente el periodismo. En su cuenta de X se describió como experiodista mexicano.
No me corresponde decir por él qué pesó en esa decisión. Pero hay algo que imagino cualquier reportero entiende. Se puede seguir trabajando con la idea de que alguien falló una vez. Es mucho más difícil cuando la filtración se repite en 2017, en 2018, en 2019 e incluso se le agrede en 2024 por su preocupación legítima de conocer los avances de su caso, ninguna de las cuatro veces tiene consecuencia. Lo que parecía un caso aislado deja de serlo.
El periodismo de investigación descansa en un supuesto elemental: que el Estado y aquellos a quienes se investiga no son la misma cosa. Cuando ese supuesto se debilita no se interrumpe una carrera. Se cancela el oficio o se buscan enfoques más políticamente correctos.
Y ahí aparece lo que más debería preocupar a la sociedad. El derecho a la información tiene límites jurídicos que están escritos, son discutibles y se pueden combatir ante un juez. Hay otros que no están en ninguna ley, no se ven y nadie asume. Son mucho más eficaces, porque no se impugnan: se acatan en silencio, o se dedica a otra cosa.
Leo la palabra experiodista y no encuentro una derrota de Humberto Padgett. Encuentro una derrota del Estado mexicano.
Porque el reconocimiento que merece no proviene de haber sido víctima. Ser víctima no es una profesión. Proviene de haber dedicado veintiséis años a lo que define al periodismo antes de cualquier teoría: ir, preguntar, verificar, contrastar, documentar y publicar. Y de haberlo hecho donde nadie podía garantizarle que regresaría.
El viernes la Fiscalía dijo finalmente: nos equivocamos. Pero llegó nueve años después, y cuando Padgett ya había abandonado el periodismo. Todavía no sabemos si llegó antes o después de que el Estado perdiera la posibilidad jurídica de sancionar a quienes provocaron aquello por lo que ahora pide perdón.
Una institución democrática no demuestra su fortaleza cuando aprende a pedir perdón, sino cuando es capaz de investigar a quienes actuaron desde sus propias entrañas.
La disculpa a Padgett era necesaria. No basta. El perdón institucional sin rendición de cuentas es la forma más elegante de la impunidad.
@evillanuevamx