La violencia no da tregua

Hace unos días platicábamos en el programa de Punto y Contrapunto sobre el avance de los cuerpos militares en las calles del país. La Guardia Nacional consolidándose como el brazo del obradorismo para contener los niveles de criminalidad ha resultado ser militarismo vestido de civil, sin grandes logros más que la integración acelerada al amorfo cuerpo, jóvenes de todo el país sin la acreditación para ser policía, han engrosado las cifras que hoy se presumen como esfuerzo en seguridad.

EL problema -de varios- está en que mientras se incrementan los elementos en las calles, se aumentan los supuestos que ameritan prisión preventiva sin modificaciones en el sistema penitenciario, sin modificaciones legales que delimiten con claridad las acciones permitidas para la policía militar y sin sanciones para los casos en que omitan actuar.

Más que nunca -y a propósito de la detención del extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino por tortura- es necesario un régimen excepcional construido de forma democrática y con reglas claras.

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Las actuaciones extra judiciales realizadas al margen de superiores encapotados por la corrupción y el silencio han dado el peor legado a México, manchado por guerras sucias que no terminan, desapariciones forzadas nunca resueltas, masacres sin verdad, víctimas sin justicia y oscuridad sobre el uso de la inteligencia de Estado, los criterios de actuación y el tremendo vacío para el seguimiento institucional de los grupos o personajes inmiscuidos en actividades delictivas que representan riesgos para las comunidades.

La Guardia Nacional nació con la expectativa de ser un cuerpo civil y muy rápido se desenmascaró: militarización y guerra, igual que sus antecesores, es el camino que eligió AMLO para contener la violencia. Si es que esa continuará siendo la estrategia de seguridad ¿no es necesario también desenmascarar las prácticas que tienen y tendrán, los criterios de fuerza, los regímenes excepcionales y los elementos para que una persona sea tratada bajo esas reglas? Hablo de un derecho penal del enemigo democrático, con respeto al debido proceso y a los DDHH, que brinde herramientas a las autoridades para contener los riesgos pero que a su vez, contenga un blindaje para evitar todo tipo de abusos.

Si la estrategia será la guerra y los criminales organizados, en sus actos, rayan en el terrorismo y serán tratados como amenazas a la comunidad.

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También es hora de tener una Comisión de Derechos Humanos con facultades para autorizar la aplicación del régimen excepcional y lo más importante: mecanismos de sanción para las autoridades que, debiendo aplicar tal régimen, decidan ser laxos en su trato a los criminales. Ya sea por corrupción o por amiguismo, la autoridad de cualquier nivel que no investiga o persiga a los criminales debe ser sancionada. Alimentar el clima de impunidad tendría que tener un castigo.

Tamaulipas es el mejor ejemplo de que las estrategias de militarización para contener la violencia han fracasado. Es la entidad que ha recibido un mayor número de elementos militares desde la administración de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico.

La violencia no cesó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el numero de militares también incrementó.

El periodo obradorista le ha dado a Tamaulipas una entrega total a las fuerzas extraoficiales del Estado que se arrebatan el orden de la entidad y mantienen como rehenes a los pobladores civiles que únicamente intentan tener una vida.

Es falso que un régimen excepcional coloque como enemigos a todos los pobladores. Pero la realidad si es que el abandono a las etapas de justicia, sistema penitenciario, reinserción social y revisión a la prisión preventiva se acerca mucho a una fábrica de culpables y criminales que no dará ni verdad ni justicia a las víctimas.

Fuera máscaras: ¿Para cuándo el quién es quién de las estrategias de seguridad? Porque si una reforma para adscribir el mando de la Guardia Nacional a la Sedena busca acabar con la simulación, también es hora de dejar de simular que se respetan los derechos fundamentales, que en México no hay espionaje, tortura, desaparición forzada o un régimen excepcional de facto que no es derecho penal, pero que si es el trato que le da el Gobierno a todo aquel que considera enemigo.