El pasado mes de julio el INEGI dio a conocer que su encuesta sobre la percepción de inseguridad subió al 62.3% durante el segundo trimestre de 2023, lo que significa que más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad.
El análisis
Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de Hacienda de México y ex gobernador del Banco de México, Arminio Fraga, ex gobernador del Banco de Brasil, y Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda chileno y ex candidato presidencial, en un estudio denominado “¿Por qué América Latina tiene un mal desempeño económico?”, analizaron el crecimiento de la economía, la distribución del ingreso, en materia de desigualdad, la organización política y las industrias en desarrollo y aseguraron que en México: “El tema más importante del crimen organizado es que controla parte del territorio nacional, hace funciones de Estado, cobra derecho de piso y brinda protección. La inseguridad es un problema grave y estructural de la economía mexicana”.
Guillermo Ortiz Martínez, consideró que se subestima el problema cuando se ve al crimen organizado controlando y haciendo labores del Estado.
Lo que científicamente expone el documento sobre la inseguridad, se muestra en la realidad con los sucesos ocurridos en Chiapas el fin de semana, donde, después de tres semanas de bloqueos carreteros en municipios de las regiones Fronteriza y Sierra, habitantes de decenas de comunidades de La Trinitaria y Frontera Comalapa vitorearon la llegada de columnas de hombres armados del Cártel de Sinaloa que arribaron por la carretera Panamericana a bordo de camionetas todo terreno y vehículos tipo monstruo.
Restar importancia
Como respuesta, AMLO trató de desinflar la gravedad del asunto, como siempre, a pura retórica y culpando a los demás, sin reconocer el grave hecho de que el crimen organizado asuma responsabilidades que corresponden al Estado mexicano.
“Vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador, que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y, sobre todo, la reproducen quienes están en contra de la transformación”.
Para luego reconocer cómo el crimen organizado suplanta funciones del Estado:
“Pero ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video en donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos, y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del País porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan”.
Políticas fracasadas
Lo cierto es que mes a mes vivimos situaciones brutales, que van más allá de las cifras contundentes, como el hecho de que desde el 1 de diciembre de 2018 al 25 de septiembre de 2023, tiempo que lleva la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han contabilizado 166 mil 934 los homicidios dolosos en México, superando por mucho a sus antecesores y fallando estrepitosamente en una de sus principales promesas.
Por ejemplo, de abril a junio, hubo ataques de alto perfil, como un atentado que dejó 10 muertos en un rally de automóviles en Baja California, un tiroteo en un balneario de Guanajuato con saldo de siete fallecidos, y el secuestro de 16 agentes de seguridad pública en Chiapas.
Apenas el mes pasado, se registró una noticia que conmocionó a la nación entera, cuando en Lagos de Moreno, Jalisco, se encontraron los restos de cuatro jóvenes de entre 19 y 21 años, estudiantes, buenos muchachos, que fueron asesinados por el crimen organizado.
En Tamaulipas, sobre todo en Reynosa y Matamoros, se registran casi de diario bloqueos y enfrentamientos, llegando a grados extremos como cuando hombres armados atacaron al número dos del gobierno estatal, al secretario de Gobierno, Héctor Villegas.
Al respecto, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio Almanza, señaló que “la guerra afecta de gran manera al estado”. Señaló que la situación es de alerta permanente. “Nos está tocando el pleito entre los carteles, que agarran el estado como cancha de batalla”. Es un pleito real, que empezó después del cambio de Gobierno.
En la mayoría de los estados, Guerrero, Colima, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Jalisco se han registrado una serie de crímenes de alto impacto, así como una violencia generalizada.
Mientras tanto, AMLO solo atina en su retórica mañanera a echar la culpa a los “conservas” que quieren afectar su gobierno “magnificando” los sucesos. Lo que ya no se sabe, es si solo es incompetencia gubernamental o una actuación cómplice de las autoridades federales y locales.
¿Estamos ante un Estado fallido o ante un narco Estado?