Cuando se critican los resultados que se tienen en materia de combate a la inseguridad, el gobierno descalifica los juicios que se emiten a partir de señalar que entonces se pretende un retorno a las políticas erradas del pasado, lo que es un reduccionismo sin sustento, pues difícilmente alguien podría pretender se repitiera lo que, evidentemente, no funcionó y que es parte de la problemática que nos ha llevado a la situación actual.

La guerra contra el narcotráfico calderonista fue errada, desde el nombre mismo, pues supuso un combate sin cuartel y de carácter militar, que puso en difícil controversia la propia naturaleza y misión de las fuerzas armadas del país, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió un manejo menos visible de las fuerzas armadas, sin lograrlo y sin lograr tampoco mejores resultados. La escalada de violencia en las distintas regiones fue escandalosa y en ascenso.

Lo que ahora es el gobierno de la “4T” estaba en contra de la ‘militarización’

El peor de los mundos para las fuerzas armadas ha sido prospectado al serle encomendada una labor que no está en sus atribuciones regulares, pero que implica una alta complejidad y riesgo. Eso que se llama militarización fue repudiado por la corriente política que ahora está en el gobierno, pero ella misma la ha auspiciado de una forma desproporcionada, al grado que se ha expandido a ámbitos inéditos como el aduanal, la construcción de obras públicas y la administración de puertos.

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La participación de las fuerzas armadas es vertebral para prodigar la seguridad interior, pero carece de las atribuciones legales para ello, y cuando se discutió la legislación respectiva en la primera fase del gobierno se consideró que sería excepcional, pero se terminó por prohijar una política de combate a la inseguridad sin el debido anclaje legal y con resultados más que polémicos.

Es evidente que lo de antes no funcionó, pero lo de ahora tampoco; criticable entonces que no se aprenda del pasado y que el presente no postule una visión convincente que alivie el apremio que viven bastas comunidades del país. Por infortunio, los acontecimientos de la semana pasada que implicaron el asesinato de dos padres jesuitas y un civil, trajeron nuevamente a colación el tema, junto con una gran indignación; a una semana de los fatales acontecimientos no se tienen detenidos a los culpables, de modo que se enseñorea la impunidad en este y en otros casos.

Por su parte, el gobierno señala que deben atenderse las causas sociales de la inseguridad, lo que es una tesis que difícilmente puede ser rebatida, pero la pregunta es ¿cómo se combaten las causas? Y si la respuesta evade las necesidades del crecimiento y la inversión es muy posible caer en la mera retórica, pues las entregas discrecionales de dinero a grupos marginados, difícilmente se sostiene ya que las mediciones de pobreza muestran que ésta lejos de verse disminuida ha aumentado.

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Sí, es necesario atender las causas sociales de la inseguridad, pero difícilmente se podrá lograr con un crecimiento económico que, en términos del PIB, aún no llega a los niveles prepandemia; lo que sí se ha alcanzado es una derrama de dinero que genera un alto clientelismo a favor del gobierno y de su partido, que se convierte en red de protección de carácter electoral para dicha fuerza política.

Asola al país la inseguridad, pero el gobierno dice que no cambiará la estrategia, que no la variará, ni la modificará ¿para qué hacerlo?, si en cambio su rendimiento político va sobre ruedas porque so pretexto de ir hacia las causas sociales distribuye ingentes recursos sin necesidad de medir sus resultados.

Lo de antes definitivamente no funcionó, pero lo peor es que lo de ahora menos; sin embargo, no habrá modificaciones en la estrategia que se emplea. ¡Congruencia hasta ignominia! ¡Patria o muerte!, pero la patria se muestra vulnerada y la muerte amenaza a todos por los efectos de una pandemia mal enfrentada; de una dotación de medicamentos en crisis, especialmente los oncológicos; por una inseguridad que no deja de sorprender a las comunidades y que las proyecta en situación de indefensión.

Una mejor coordinación entre los cuerpos policíacos y de seguridad es indispensable, también lo es abatir los brutales niveles de impunidad; se trata de poner en práctica una auténtica política federalista que genere un desarrollo social, regional y sustentable con el concurso de estados y municipios; es urgente impulsar la política de la legalidad y fortalecer el Estado de derecho y alejarnos de la política del Estado sin derecho. Qué duda cabe, se requiere modificar a fondo la estrategia, no repetir la del pasado; tampoco quedar anclados en la del presente.

Se necesita ser empecinado para mantener esa fallida estrategia o como lo dice la canción favorita del Presidente “Necio”.