Con respecto a las declaraciones que el presidente López Obrador hizo hace unos días, en el sentido de que lamentó que “la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se haya derechizado”, y que todas las instituciones de educación superior “fueron sometidas al pensamiento neoliberal”, conviene entrar a algunos puntos finos del debate y el análisis.

Quizá la primera pregunta que hay que hacer es ¿cuál es el sentido de esta disputa por la educación superior pública, encabezada desde la cima del poder público? ¿El presidente está en actitud de imponer sus condiciones a las instituciones autónomas de educación superior?

Más preguntas: ¿por qué en este momento y en las actuales circunstancias políticas, de salud pública y económicas que viven México y el mundo? ¿Cuál es el contexto que ha generado esta especie de acción para “sentar en el banquillo de los acusados” no sólo a la UNAM, sino a todas las instituciones de educación superior públicas?

A veces en la pregunta está implícito el comentario: ¿Esta actitud presidencial tiene relación directa, o indirecta, con la disputa hoy existente por los espacios de decisión de las políticas públicas de ciencia y tecnología?

¿Es posible que el reciente nombramiento de Enrique Cabrero, exdirector general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), como nuevo integrante de la junta de gobierno de la UNAM, tuviera algún efecto en las esferas cercanas al presidente López Obrador? Cabe recordar que Cabrero forma parte del grupo de funcionarios de la pasada administración federal que está involucrado en el presunto desvío de recursos públicos. Por cierto, relacionado con ese asunto, hay una investigación judicial que aún se encuentra en proceso.

¿Ello ha significado o ha representado un choque entre el jefe del Ejecutivo Federal y el rector Graue, de la UNAM? ¿O cuál es el sentido de la disputa por los espacios de poder y la dirección de las políticas públicas de la educación superior en México? ¿En qué dirección o con qué orientaciones van?

La semana pasada comenté un hecho que no hay que olvidar: La universidad y las instituciones de educación superior públicas de México, en general, llevan a cabo sus funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) en condiciones adversas desde hace más de 40 años. Sobre todo, las limitaciones presupuestales o de financiamiento público han sido la nota permanente durante el precario desarrollo de estas instituciones educativas a lo largo de las últimas 4 décadas. ¿Por qué lanzarse a criticarlas sin tomar en cuenta esos contextos?

También afirmé que la defensa seria y decidida de la escuela pública, en general, habrá de pasar por la defensa y el reconocimiento de sus comunidades educativas, es decir, de sus figuras académicas (docentes, investigadores, técnicos) y de sus estudiantes, así como de su personal administrativo y de apoyo a la educación.

Y reitero: La crítica radical hacia las élites que gobiernan a las IESP es un tema paralelo, que no tiene por qué generalizarse hacia todos los integrantes de las comunidades académicas y educativas.

En ese punto me detengo un momento: Es inocultable el hecho de que en muchas instituciones de educación superior públicas, se han generado “cacicazgos académicos” o se han producido grupos de élite que controlan los destinos de algunas universidades públicas (hay que recordar, por ejemplo, las disputas históricas por la Universidad de Guadalajara, o por la conducción de la Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otras).

Ese es un aspecto del análisis y las decisiones, en un sentido de cambios profundos, que se requieren poner en práctica en la base estructural y de operación de dichas instituciones educativas. Pero ese es también un asunto que habrán de abordar las comunidades universitarias o de la educación superior de manera interna.

En otros casos, se han configurado grandes brechas salariales entre una zona dominada por la “aristocracia académica” universitaria, que no siempre es generadora de conocimientos científicos ni tecnológicos originales, y una base de académic@s contratad@s por horas y que sobreviven en el mundo laboral en condiciones adversas o desventajosas (son las/los profesor@s de asignatura).

Contratos cortos, sin prestaciones; salarios bajos y presiones institucionales desproporcionadas; horas-semana-mes sobrecargadas, etcétera, son algunos de los problemas recurrentes que aquejan a la mayoría de las y los docentes que no ocupan plazas de medio tiempo ni de tiempo completo en las IESP, es decir, quienes trabajan en tiempos menores a 20 horas.

Esta situación entró en crisis hace unos meses (y de hecho sigue en proceso), al grado que entre 2020 y 2021 se desarrollaron importantes movimientos gremiales de las y los profesores de asignatura afectados, principalmente en la UNAM.

Por el momento, el logro de este movimiento de docentes y estudiantes, radica en el hecho de haber sentado a las autoridades universitarias a dialogar. Pero apenas es el comienzo.

La solución a este tipo de irregularidades laborales, con impacto en la marcha académica de la institución, donde las y los académicos de tiempo delimitado (Profesores de Asignatura), son los más afectados en términos laborales y profesionales, habrá de darse de manera genérica en todas las dependencias académicas de la máxima casa de estudios del país. Ese es, así mismo, un tema que habrá de considerarse en el debate promovido desde Palacio Nacional, pero que está en la cancha de las comunidades educativas.

Por otra parte, coincido con la necesidad de hacer más transparentes y abiertos los ejercicios de las finanzas públicas de las IESP. ¿Habrá que retomar el debate en torno al marco legal que recientemente aprobó el Poder Legislativo sobre las instituciones de educación superior? ¿El presidente de la República presiona a otros poderes del Estado para que se incluya, en su agenda, este tipo de cuestiones públicas? ¿O es simplemente una disputa de poder político que se encuentra atravesado por discrepancias de orden presupuestal?