Imposible entender la manera como los diputados cuadraron las cuentas del presupuesto. Los dos grandes perdedores en la última hora fueron el INE y el Poder Judicial Federal. Ambos están por emprender proyectos fundamentales de gran interés para el presidente y el Gobierno: la consulta para la revocación de mandato y la transición del sistema de justicia laboral, respectivamente.

La Cámara resolvió entregar sólo 830 millones de pesos de los 3 mil 830 millones solicitados para el proceso de consulta para la revocación de mandato. Además, de antemano se excluyen del presupuesto frente a la eventualidad de una consulta popular, y en tal caso, deben reintegrarse al erario nacional de no efectuarse.

La respuesta del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ante la diminución de presupuesto fue de enérgico reclamo, y hace ver las consecuencias de no emprender la transición judicial laboral, entre otras, el incumplimiento con los compromisos suscritos en el T-MEC. Señaló que el recorte de 3 mil millones de pesos fueron solicitados para concluir la tercera etapa de la reforma en materia laboral a la que se comprometió México con sus socios comerciales del norte.

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“Se está comprometiendo un proyecto prioritario del Estado mexicano, y lo reitero mucho porque no es sólo la Federación, los estados de la Federación o los tres poderes de la Federación, es el Estado mexicano en la comunidad internacional”

Arturo Zaldívar

“De verdad, no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional”

Arturo Zaldívar

Al INE los diputados redujeron presupuesto bajo la tesis de que cuenta con fideicomisos para hacer frente a los gastos de las consultas y las seis elecciones locales de 2022. Efectivamente, el INE cuenta con tres fideicomisos con un saldo de 1,593 millones de pesos, de los cuales sólo 626 millones se encuentran disponibles pues el resto está comprometido. El fideicomiso de pasivo laboral, asciende a 528 millones de pesos, pero 320 millones son del programa para el retiro voluntario; el de infraestructura inmobiliaria, que se utiliza para mejorar las instalaciones en todo el país, es de 623 millones de pesos, y 381 millones están comprometidos en obras que se realizan actualmente, y el fideicomiso de mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana, de 202 millones de pesos, pero 26 millones de pesos están comprometidos.

El INE deberá proceder ante la Corte para resolver la diferencia. Un procedimiento que debe iniciarse a la brevedad por la proximidad de la fecha prevista para la consulta, para el 10 de abril, muy próxima a la elección de junio. Seguramente el INE tendrá un juez predispuesto y empático. El problema es cómo resolverá la Corte las dificultades derivadas de la reducción de presupuesto, y aunque el ministro Zaldívar ha señalado que cumplirá con lo determinado por la Cámara, no se vislumbra la manera para cubrir la magnitud de las necesidades del Poder Judicial.

En realidad, el origen del problema no está en el sometimiento de la mayoría morenista, sino en la Secretaría de Hacienda y en la convicción presidencial del grave dispendio del INE y el Poder Judicial, que se muestra con las altas remuneraciones que, en su interesada opinión, reciben los altos funcionarios de ambos poderes. Una manera absurda de castigar a los titulares, golpeando a la institución y a los proyectos de interés del propio presidente.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto