El Instituto Nacional Electoral fue fundado en 2014 a raíz de la reforma electoral. Con la confirmación del acervo jurídico del extinto IFE, el INE continuó durante años su labor al servicio de la democracia electoral mexicana.
El INE ha sido –o lo era– una institución bien valorada por los mexicanos. Respondió acertadamente, en su momento, a la exigencia ciudadana de contar con un organismo autónomo que desterrase las prácticas fraudulentas del pasado, y que controversias electorales como los comicios de 1988 no tuviesen más lugar en el México de la transición.
Como he señalado, la derecha, el centro y la izquierda lo valoraban. Se debe recordar que el INE, bajo la dirección de Lorenzo Córdova a la cabeza del Consejo General, hizo posible el registro de Morena y el triunfo histórico de AMLO en 2018, así como los éxitos de su partido a lo largo del país, amén de la transición registrada en todos los niveles de gobierno.
A pesar de estos actos democráticos, AMLO, como suelen hacerlo los líderes de tendencias autocráticas, decidió destruir la legitimidad de las instituciones democráticas con el propósito de construir un régimen de ideología única, y donde la participación de la oposición y críticos fuese acallada: nada nuevo en el siglo XXI.
El INE, capturado hoy por el poder tras las últimas renovaciones de su Consejo General, optó por entregarle a Morena en 2024 una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados (más tarde ratificada por el servicial Tribunal Electoral)
En adición, en días recientes el instituto, mediante la votación mayoritaria de seis contra cinco de sus consejeros, confirmó la validez de la reforma judicial; a pesar de las ostensibles evidencias de fraude, manipulación e intervención ilegal de servidores del Estado, amén de la probable utilización de recursos públicos en la impresión de acordeones dirigidos a inclinar la balanza en favor de los incondicionales del obradorismo.
En este tenor, la presidente Sheinbaum, en una declaración desafortunada pero reveladora, expresó su “sorpresa” de que los partidos de oposición se hubiesen abstenido de promover a sus candidatos. La jefa de Estado ha confesado, sin querer, las violaciones cometidas por su partido en términos de las propias disposiciones impuestas por sus legisladores en el marco constitucional.
Así las cosas en un México cada día menos democrático. El INE ha caído en desgracia, y desafortunadamente, difícilmente recuperará pronto la legitimidad pérdida.