Los sucesos al rededor de la orden de aprehensión en contra del ex secretario de seguridad del gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez, han visibilizado posturas y actitudes que califican al partido en el gobierno de forma contundente. La parte declarativa del oficialismo, a ese respecto, dibuja una ruta distante de la adoptada por el grupo parlamentario de Morena y, especialmente, de su coordinador en el Senado de la República, Adán Augusto López.
Mientras unos hablan de la necesidad de declarar y de aclarar el porqué del nombramiento de tal secretario de seguridad en la entidad, la otra posición pretende eludir el tema y así alejarlo de la polémica. El problema no sólo consiste en el de ya de por sí criticable hecho de negar la información necesaria sobre el tema, sino también de recorrer un velo que vulnera la vida pública, al tiempo que acredita un territorio dominado por razones inconfesables en el marco de una impunidad delictiva que se proyecta como estructura de poder.
El doble rasero que oscila contrapone y confronta lo formal y lo real, que establece un conflicto entre las posturas declarativas y las prácticas asumidas, da a conocer un engranaje que extravía la autoridad moral en las redes del pragmatismo, tal y como lo declarara el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado cuando iba tras los votos que requerían para alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma constitucional de la llamada reforma del poder judicial.
Tras ese fin, los recursos del gobierno fueron puestos a la disposición del negociador “pro- mayoría calificada en el Senado”, en la línea de someter y atraer a las voluntades más expuestas o vulnerables y así lograr los votos requeridos. Se trató de un ardid que dividió y ordenó los papeles a desempeñar en el marco de un pragmatismo autoritario de corte fascista, que pareció recordar la noche de los cuchillos largos en la Alemania hitleriana cuando con el uso del poder político se doblegó e inhabilitó a una buena parte de los opositores.
El viejo aforismo “corruptio boni pessima” (la corrupción del bueno es la peor), ilustra la deformación que se introduce en la vida pública cuando personajes que se supone representan los valores más altos de la vida republicana, son quienes la pervierten a través de su desempeño y decisiones. Se proyecta un claro desfondamiento de la ética en la política para proyectarla como lucha descarnada por un predominio, y hacia poner en pie una dominación que olvida los fines superiores que dicen animarla. Los intereses desnudos del poder sin más propósito que el ansia desmedida de poder.
Dentro del marco de la lucha a favor de la seguridad, para combatir el narcotráfico y afirmar el Estado de derecho, la decisión de proteger a quien aparece inmerso en las redes de la delincuencia organizada, significa, como lo dice el aforismo, el peor tipo de corrupción porque impone la ilegalidad sobre la legalidad, lo que, en efecto, proyecta un Estado que es controlado, cae en la servidumbre y sirve al crimen.
Claro talante autoritario tiene el pragmatismo de Morena en tanto se emplea para promover el encubrimiento de un personaje coludido con la delincuencia desde su designación y que, paradójicamente, fue nombrado para combatirla, pretendiendo o tolerando el cierre de los circuitos que lleven a conocer los pormenores de su asignación y permanencia en el cargo responsable de la seguridad; la sinrazón de proceder así sólo puede explicarse en el territorio de la complicidad. Hasta ahora no se ha brindado una explicación satisfactoria sobre el nombramiento de una persona con perfil delincuencial para encabezar las tareas de seguridad pública en Tabasco, volviendo inerme a la sociedad ante las actividades delictivas.
Curiosa posición de un legislador que por definición está llamado a hacer uso de la tribuna del Congreso para expresarse y debatir sobre la vida pública del país, y que en vez de eso opta por hacer “mutis”, en tanto anuncia su disposición de declarar a petición y ante la autoridad judicial, pero escudado en ello niega pronunciarse de manera pública sobre el tema. Nos encontramos así frente a una posición de cofradía que recurre a la secrecía, que ignora -o pretende hacerlo- la necesidad de la deliberación abierta y que, procediendo de esa manera, obstaculiza la tarea del análisis y aprendizaje colectivo de un problema tan relevante como lo es el de la seguridad.
El encubrimiento se erige como el campeón de esta difícil y contradictoria trama.