El coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio Mier tuiteó: “Nos propusimos concluir el proceso de reforma eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate”.
Los medios concluyeron que se posponía la contrarreforma. Sin embargo, el hecho es que la decisión se entreverá con el proceso de ratificación de mandato a celebrarse el 21 de marzo. Además, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, anticipó que se votaría en la Cámara antes del 15 de diciembre, hasta el momento no se cuenta con los votos suficientes para su aprobación. Los diputados del PRI están divididos y mayor es el rechazo entre sus senadores.
El debate no se ha dado. Por eso ha prevalecido en la sociedad la adhesión a la contrarreforma. La oposición en el Congreso no se ha hecho escuchar, precisamente porque el tema ha sido la división del PRI y no las razones de su no aprobación. Tampoco el sector empresarial se ha hecho presente, más allá de comunicados intrascendentes e irrelevantes para efectos de la opinión pública.
Frente a la ausencia de la oposición, resulta paradójico que las razones del rechazo vengan de Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, quien ante diputados de Movimiento Ciudadano afirma que la contrarreforma es “el gran peligro que enfrenta México” y sería “el error más grande de todo el sexenio” por sus efectos a corto, mediano y largo plazo.
Carlos Urzúa agregó:
“No solo tendrá un fuerte impacto ambiental, (sino) también ocasionará un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir, y todo por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país”
Todavía más embarazoso para la oposición partidista y especialmente para las organizaciones empresariales es que el rechazo a la reforma venga del exterior. Efectivamente, el embajador Ken Salazar acudió a Palacio Nacional para externar las “serias preocupaciones” del gobierno norteamericano por la iniciativa gubernamental. Por su parte, congresistas republicanos de EU enviaron una carta a Antony Blinken, secretario de Estado; a Gina M. Raimondo, secretaria de Comercio; a Jennifer M. Granholm secretaria de Energía, y a la representante comercial Katherine Tai, donde expresan su profunda preocupación por la intención del Gobierno de México de excluir a las empresas privadas de su sector energético.
En realidad, la contrarreforma naufraga ante una opinión pública desinformada por la ausencia de la oposición en un debate tornado monólogo sobre una decisión sumamente grave para el futuro del país. Los empresarios no participan por miedo o por complacencia, bajo la frágil e irresponsable hipótesis de que otros les harán la tarea. Lo preocupante es que su oposición o su rechazo no vengan de lo contraproducente de la iniciativa, sino de la división de un partido cuyos dirigentes resolvieron traicionar al bloque opositor con el que sus diputados fueron electos.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto