En México, cuidar el agua, proteger la tierra y resistir el extractivismo es un acto de valentía… y también una sentencia. La resistencia es condena de muerte pues somos el país más peligroso para hacer activismo ambiental, ese dato tiene cara y nombre. El asesinato de Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop y férreo defensor del territorio en Guerrero, es un nuevo golpe —doloroso, brutal— para los movimientos sociales que luchan por la vida. Y, una vez más, son las mujeres quienes están al frente del dolor y de la resistencia.
No hay una cifra exacta pero según estudios de la UNAM, desde la presidencia de Ernesto Zedillo hasta la de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados más de 140 defensores ambientales. Según el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los Derechos ambientales de 2019 realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México ocupó el tercer lugar de asesinatos contra activistas ambientales al sumar más de 460 casos entre 2012 y 2018. A esto, se suman las cifras de GlobalWitness, una organización que asegura reconocer durante 2023 a 196 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas. Otras organizaciones aseguran que actualmente ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial de letalidad para el activismo ambiental.
Antonio Suástegui murió el 25 de abril después de pasar ocho días hospitalizado, teniendo cumplidos 49 años. Era un activista colocado en la mira del Gobierno de Guerrero por encabezar la oposición contra el proyecto de presa La Parota, que busca explotar el agua de los ríos Papagayo y Omitlán para abastecer de agua el puerto de Acapulco y generar energía eléctrica con una planta de la CFE pero excluyendo a las personas de esa comunidad, planteando para la operación a quienes peor los han tratado. Los lugareños acusan el intento de saqueo extractivista y la operación con la que sus recursos hídricos dejarían de servir a esa comunidad para ser canalizados a otros fines.
Esto va de la mano con el Plan de “Acapulco se Transforma Contigo” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Una iniciativa que contempla invertir 1,800 millones de pesos la modernización de la infraestructura básica este año y que espera reconstruir completamente el sistema de agua potable y saneamiento, con la anunciada inversión de 8,600 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2025 al 2030. Durante enero, cuando se anunció este plan, Sebastián Ramírez Mendoza subsecretario de la Sectur dijo que esperaban hacer de Acapulco una ciudad inteligente pero la denuncia de las comunidades es que ese proyecto pretende realizarse a costa de sus espacios... después de todo, el conglomerado de lugares representado en la organización que lucha por preservar su tierra no es el atractivo puerto ni tiene los ojos de grades empresarios como Carlos Slim.
Este fin de semana, mientras muchos volteaban hacia las campañas electorales judiciales y los discursos de poder, en Guerrero se lloraba y se organizaba. En la asamblea comunitaria vigilada por policías comunitarios —porque defender la tierra implica también defenderse de la violencia institucional y criminal—, campesinas tomaron la palabra con una dignidad que atraviesa el alma.
“Él llevaba un barco y lo dejó a la deriva, pero no por eso nosotros no lo vamos a sacar a flote”, dijo una mujer, refiriéndose a Marco. Otra clamó justicia, pidió no abandonar las marchas, no callar el crimen. Ahí estaban ellas, valientes, enteras, a pesar del miedo. Porque lo que le pasó a Marco, puede pasarles a ellas. Y lo saben. Pero siguen. Porque saben que la lucha por la vida vale más que la vida misma.
En este país, los activistas ambientales no mueren, los matan. Los desaparecen. Los hostigan. Y, sin embargo, la resistencia florece con rostro de mujer, con manos que siembran, con cuerpos que se interponen entre las retroexcavadoras y la montaña.
Tras Antonio hay un ejerció mujeres que integran Cecop y siguen alzando la voz contra la presa La Parota, contra la Comisión Federal de Electricidad, contra las mineras que pretenden convertir sus ríos en desechos y sus cerros en cráteres. Lo hacen organizadas, con memoria, con fuerza. Son ellas las que sostienen la comunidad mientras el Estado les da la espalda o, peor aún, se convierte en cómplice del despojo.
Suástegui fue baleado y mientras lloran en la montaña de Tlacinollan, en el Congreso guardan minutos de silencio en su memoria. Alejandro Encinas, en una conferencia reciente en la Universidad Pedagógica Nacional, dijo con claridad: “mi más sincero repudio e indignación por el asesinato del vocero del Cecop”. Pero el repudio no basta. Lo que urge es protección real, justicia verdadera, y un alto definitivo al modelo extractivista que sigue viendo a las comunidades como obstáculos y no como guardianas de la vida.
Si la Transformación en Acapulco no va acompañada de la comunidad campesina, no es transformación. Vale la pena que la gobernadora y los promotores del esta iniciativa recuerden las palabras del líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, decía.
Hoy, desde estas letras, honramos a Marco Suástegui, pero sobre todo a esas mujeres que, con el corazón roto pero con el puño en alto, siguen defendiendo lo que es de todos: el agua, la tierra, la dignidad. Exigimos justicia pero también que las voces delConsejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) sean escuchadas.
Porque no hay feminismo posible sin justicia ambiental, y no habrá justicia ambiental mientras sigan matando a quienes la defienden.
Con información de Ramón Gracida Gómez.