Un secretario proyectista de un juzgado de Distrito con sede en Zapopan, Jalisco, me dijo hoy, con preocupación, que la desaparición de trece fideicomisos que sirven para dotar a todo el personal del Poder Judicial Federal de sus prestaciones laborales legítimas, así como la reducción en más de una tercera parte de su presupuesto, pondrá en aprietos sus finanzas personales y familiares a futuro, además de su posible estabilidad laboral. Como abogado forista, trabajo con y a través de los poderes judiciales del país. Como abogado forista, por lo tanto, conozco a muchas de las honradas personas que sirven a este país trabajando en ellos. Los poderes judiciales se componen de una multitud: desde el personal de intendencia que mantiene las instalaciones en condiciones dignas hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por su parte, el Poder Judicial Federal tiene más de cincuenta y tres mil empleados de los cuales jueces, magistrados y ministros son sólo mil cuatrocientas cincuenta personas, es decir menos del dos por ciento de sus filas.

La desaparición de estos fideicomisos pone en peligro el acceso a los satisfactores más básicos de todas las personas que sostienen, además, un servicio indispensable del Estado: la impartición de justicia. La reducción en el presupuesto obligaría a que se redujera el número de órganos federales de impartición de justicia, incrementando de una forma inhumana la carga de trabajo en aquellos que sobrevivieran y, finalmente, retrasando la justicia para todos los mexicanos. Si queremos llamarnos un país democrático, un país de respeto a los derechos humanos y un país que logre finalmente desarrollar su potencial, no basta con hablar de combatir la corrupción y de apegarse a la ley, es también indispensable respetar la dignidad de los seres humanos que hacen eso posible. Ciertamente, hay personajes del Poder Judicial Federal (y de cualquier otro poder judicial) que pueden proceder de formas cuestionables y los órganos de impartición de justicia también pueden tener defectos notables, pues, al final, son obras humanas y perfectibles. El tema que está a debate no es aquello que puede mejorarse en el Poder Judicial Federal ni esa otra absurda idea de que los juzgadores pudieran llegar a ser elegidos mediante voto directo. El asunto que está en la mesa es la seguridad laboral de cincuenta y tres mil mexicanos que, con responsabilidad, hacen por México una labor indispensable.

Esta es una crisis política que debe resolverse de forma, precisamente, política, no jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial Federal, debe salir al paso con responsabilidad. De los ministros que componen la actual configuración de la Corte, tengo el honor de conocer personalmente a cuatro de ellos: Loretta Ortiz Ahlf, como mi maestra de Derecho Internacional Público en la Escuela Libre de Derecho, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, mi maestro de Amparo en la misma institución, Juan Luis González Alcántara Carrancá, mi maestro en el Doctorado de Administración y Gobierno de Poderes Judiciales del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es también egresó de mi escuela y a quien tuve el honor de tratar brevísimamente por amigos en común. A todos considero personas de capacidades sobresalientes, aunque disienta en las ideas que pueden expresar, como lo es con los casos del ministro Zaldívar y la ministra Ortiz, y al a menos a tres de ellos el presidente de la República, se sabe, los tiene en buena o muy alta estima: la doctora Ortiz, el doctor Zaldívar y el doctor González Alcántara. El doctor Pardo Rebolledo, por su parte, es parte de un bando ideológico que no es afín a la autodenominada Cuarta Transformación, pero es un hombre de atenta escucha y de refinados razonamientos. A los otros siete ministros no los conozco, pero si están ahí, sin duda, es porque son personas capaces y también hay personajes afines a Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Hay que evitar, a toda costa, el choque de trenes en el que la más perjudicada será la sociedad mexicana: si el Senado aprueba la desaparición de estos fideicomisos y la reducción presupuestal, será un acto inconstitucional, no quepa duda de ello, y la propia Suprema Corte tendría que declararlo así. Esta, que es la solución jurídica, conduciría a una auténtica crisis no solamente institucional sino social: la Corte, por un lado, y el Ejecutivo y Legislativo federales, por el otro, se acusarán de golpistas y, desgraciadamente, el Poder Judicial Federal llevaría las de perder en un entorno de confrontación, arriesgándose a desaparecer.

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Si la Suprema Corte de Justicia, antes de la sesión del Senado del próximo 24 de octubre, nombra a una comisión negociadora integrada, en mi opinión, por esos destacados cuatro jurisconsultos para hablar tanto con el presidente como con los senadores, podrá, políticamente, preservar no sólo la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, sino su viabilidad y existencia.

Es cierto, el Poder Judicial Federal mexicano probablemente no sea el mejor que exista, pero sirve bien, a pesar de todo. Y siempre será mejor tener un poder judicial que no tenerlo.